'Sería una vergüenza que nos fuésemos de vacaciones con la regulación sobre supervisión financiera sin resolver', comentaba esta semana, en un seminario sobre legislación de la banca, el parlamentario europeo socialista Antolín Sánchez Presedo. Las posturas del Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros (integrado por representantes de los Gobiernos) parecen encalladas y amenazan con dar al traste con la normativa que se propuso en el informe de Jacques Larosière, que fue dulcificada por la Comisión Europea y que acabó de descafeinar el Consejo de Estocolmo de diciembre pasado.

El Parlamento se ha plantado y, además de ningunear a los británicos, que se oponen a todo lo que suene a que sus bancos sean supervisados por instituciones comunitarias, ha rechazado también el informe del Consejo. En él desaparecen las alusiones al fondo de estabilidad financiera que Larosière y la Comisión defendían crear con aportaciones de los bancos para que el contribuyente no vuelva a pagar rescates. Tampoco se incluye la vigilancia especial a entidades demasiado grandes ni la posibilidad de que el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (con autoridades comunitarias en banca, seguros y mercados) pueda tomar medidas directas contra entidades.

Puntos en los que el Parlamento no está dispuesto a ceder y por los que sigue negociando contrarreloj con el Consejo con la esperanza de lograr un acuerdo en junio para aprobarlo en Pleno en julio.

Más cerca del acuerdo parece la normativa sobre fondos de alto riesgo (hedge funds), que introducirá el pasaporte único para que los fondos con base en cualquier parte del mundo que quieran comercializarse en Europa (buena parte con sede en las islas Cayman) estén obligados a cumplir una serie de normas básicas. Reino Unido, con el 70% del mercado de hedge funds europeo, se opone pero su voto no es imprescindible.