Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos afirmaron hoy que la Corte Suprema de Justicia de Honduras dejó de ser un granate de la ley por haber pactado con los golpistas que derrocaron a Manuel Zelaya el 28 de junio pasado.

"No podemos reconocer una Corte Suprema de Justicia que en colusión con los militares, políticos y empresarios derrocaron al presidente Zelaya", dijo a Efe la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.

El COFADEH y otros organismos locales aglutinados en la Plataforma de Derechos Humanos también reiteraron hoy que desconocen la autoridad del régimen de facto que preside Roberto Micheletti, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los diputados del Parlamento hondureño.

Tampoco reconocen a las autoridades electas surgidas de los comicios generales que se celebraron en noviembre pasado y que asumirán sus cargos el próximo 27 de enero, indicó la Plataforma de Derechos Humanos en un comunicado leído ante la sede del poder judicial en Tegucigalpa.

El Gobierno de Micheletti "fue impuesto y se mantiene por el poder de las armas, por eso no lo reconocemos", subrayó Oliva.

Los representantes de estos organismos de derechos humanos indicaron, además, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han evidenciado una "conducta censurable" y una "muestra inequívoca de su falta de imparcialidad e independencia".

"El pleno de magistrados, contraviniendo normas jurídicas y éticas", ha actuado "de manera descarada y abusiva a favor de aquellos que quebrantaron el orden constitucional y que, además, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos", añade el comunicado.

La Plataforma de Derechos Humanos señaló que la justicia hondureña también ha expresado públicamente, desde el mismo día del golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas actuaron como defensoras "del imperio de la Constitución y en defensa del estado de derecho".

Al respecto, la coordinadora del COFADEH dijo que el "último circo de la Corte Suprema de Justicia es haber designado como juez natural a su presidente (Jorge Rivera) para que conozca el caso de una acusación contra la cúpula militar que sacó del poder y del país, por la fuerza, al presidente Manuel Zelaya".

Esta manifestación se produce antes de que Rivera inicie las actuaciones legales por un proceso incoado por el Ministerio Público el pasado 6 de enero para investigar a la cúpula militar, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, por los hechos del 28 de junio.

La comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia de la cúpula castrense, integrada por seis altos oficiales, está prevista para hoy mismo.