Los ecos de la manifestación de los autollamados provida siguen oyéndose en el PP. Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer que los conservadores 'modificarán la ley' si llegan al poder, Jaime Mayor Oreja se apuntó a la autocrítica al admitir que los Gobiernos del PP 'miraron hacia otro lado' en el tema del aborto y Eduardo Zaplana salió de su ostracismo para apostar por una 'regulación de plazos lo más limitada y pequeña posible'.

Más allá de las declaraciones, la noticia del día fue la promesa de la portavoz conservadora en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el PP, cuando llegue al poder, reformará la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si 'sale tal y como está'.

Aunque fue preguntada en varias ocasiones sobre si promoverían su derogación, la diputada del PP no quiso ir más allá. Sí puso como ejemplo de las reformas que promoverá el PP uno de los puntos más conflictivos. 'Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que los padres sigan teniendo derecho a tomar junto a sus hijas una decisión familiar tan grave y tan importante como es un aborto', se comprometió.

Recordó además que queda aún un largo trámite parlamentario para que la norma entre en vigor. 'Pedimos al Gobierno que la retire', insistió una y otra vez.

La portavoz criticó que no haya 'consenso'. 'No se da ni en las filas socialistas', apostilló. Para Sáenz de Santamaría el anteproyecto va 'contra la opinión mayoritaria, no soluciona ningún problema y sólo busca generar conflictos', explicó.

Incluso si, como parece probable, la norma logra la mayoría suficiente para ser aprobada, el PP continuará con su oposición lejos de las Cortes: 'Trabajaremos para que no forme parte del ordenamiento jurídico'. La portavoz situó la primera barricada de esa batalla en la Justicia. 'La intención es recurrirla al Tribunal Constitucional', reconoció.

Rajoy intentó que no monopolizara la marcha la vieja guardia

Es lo mismo que anunció Mariano Rajoy el pasado 14 de septiembre. 'Este partido está a favor de la vida y de la legislación actual; votará no a una ley de plazos y la llevaremos al Constitucional', afirmó ante la plana mayor de su formación. Fue entonces cuando animó a todos sus cargos y militantes a asistir a la manifestación del sábado. El dirigente conservador respondía así a la presión de los grupos provida y organizaciones católicas que le acusaban de 'no mojarse'.

Lo cierto es que la postura del PP siempre ha sido un tanto ambigua. Los conservadores se mueven con pies de plomo para tratar de satisfacer a los obispos y al núcleo duro del PP sin molestar a los militantes más moderados y, menos aún, a ese grupo de potenciales votantes a los que les podría chirriar una postura radical.

Para no acudir, el líder del PP esgrimió que los organizadores no deseaban que la concentración se politizara. Pero con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; la del portavoz en Europa, Jaime Mayor Oreja; y la del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ocurrió todo lo contrario. La dirección nacional tuvo que recular y mandar a la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y a su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Ninguna de ellas, eso sí, encabezó la marcha. La número dos del PP se convirtió en la gran sorpresa de la jornada porque siempre había dicho que 'en un principio' no iría. Los que la rodean afirman que 'cambió de opinión'. Pero hay quien apunta a 'cuestiones estratégicas' del PP.

Según algunos diputados conservadores, la actual cúpula no se podía permitir no estar representada por alguien 'de peso': 'No podían dejar que Aznar y la vieja guardia fueran la imagen de la vida y, mientras tanto, Rajoy en su casa'.

Cospedal acudió a la marcha por 'cuestiones estratégicas'

Precisamente uno de los miembros destacados de ese núcleo duro, Mayor Oreja, dirigió ayer sus críticas hacia el interior del partido. Conocido por su postura ultraconservadora, el ex ministro de Aznar reconoció que durante los ocho años de Gobierno del PP 'se producían casos, había situaciones sangrantes en las que, probablemente, no había que haber mirado para otro lado'. Se estima que durante las dos legislaturas del PP se produjeron en España unos 500.000 abortos.

La autocrítica de Mayor Oreja, sin embargo, no tardó en girar contra el Gobierno. En su opinión, es necesario 'hacer la lectura de lo que no hemos hecho para hacerlo en el futuro'. Ahora, dijo, 'estamos ante un salto más grave': convertir el aborto en un derecho.

Hasta Zaplana reapareció ayer. El ex ministro afirmó que él apostaría por una 'regulación de plazos lo más limitada y pequeña posible' que permitiera el 'derecho de una mujer a poder abortar'. Una postura que choca radicalmente con la postura oficial del partido.

Ante las críticas del PSOE acusando al PP de no haber hecho nada durante los ocho años que gobernaron, Zaplana indicó que cuando su formación llegó al poder 'no cambió' la ley porque 'es normal' que un nuevo Ejecutivo 'no se ponga a revisar' todo lo que hizo el anterior.

Así las cosas, los conservadores preparan ya la enmienda a la totalidad que presentarán los próximos días. La petición de varios grupos ha ampliado hasta el próximo 3 de noviembre el plazo límite.

La del PP no será la única. El diputado de UPN, Carlos Salvador, registró la suya la semana pasada y los cuatro de Unió Democrática de Catalu-nya prevén hacerlo los próximos días. Aunque dará libertad de voto a sus seis representantes, la otra mitad de la federación, Convergencia, prevé que 'la mayoría' respalde a sus compañeros. Sigue en el aire la posibilidad de que Rosa Díez, de UPyD, se una al grupo. En todo caso, su intención no es subir al estrado para discutir la totalidad del texto, sino aprovechar el turno para debatir sobre el fondo de algunas cuestiones.

El secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, anunció ayer que su formación –federada con Convergència– enmendará a la totalidad el proyecto de ley sobre el aborto al margen de lo que hagan sus socios. Los democratacristianos, liderados por el portavoz nacionalista en las Cortes, Josep Antoni Duran i Lleida, siempre han tenido una posición radical en este asunto y, por tanto, equidistante de la de los convergentes. Tanto en este tema “moral” como con los matrimonios homosexuales, Convergència, el partido grande de la federación CiU, siempre ha dado libertad de voto a sus diputados. Pero esta vez parece que, quejosos por el aborto sin permiso paterno a los 16 años, la mayoría de sus seis diputados optará por oponerse, al igual que los cuatro de Unió, sin libertad de voto. Ayer Pelegrí justificaba la medida explicando: “Si hiciéramos una encuesta, a la mayoría de la gente no le preocupa la ley del aborto [sino la crisis]”.