Huelgas, encierros y quejas al Defensor del Pueblo. La comunidad educativa de Madrid ha cerrado el curso 2008/2009 en pie de guerra. La política liberal aplicada por Esperanza Aguirre en las aulas no convence a nadie. Profesores, asociaciones de padres y sindicatos claman contra el espíritu privatizador que, según ellos, persigue el PP. El último en unirse a la denuncia fue el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que lamentó en una entrevista a este periódico que 'algunos gobiernos [en alusión a Madrid] no priman la educación como un bien público'.

La consejería de Educación esgrime que el presupuesto aumentó en 2009 en 60 millo-nes de euros hasta llegar a los 4.849. Es decir, una cuarta parte del presupuesto total de la Comunidad de Madrid. Otro asunto es el modelo escogido para gestionar esa cantidad. Un documento de UGT denuncia que desde el año 2000 se han concedido 65 parcelas para centros privados o concertados. Cada vez hay más manos privadas gestionando la educación madrileña. La entrega de un concierto a un colegio que segrega a sus alumnos en Alcalá de Henares es, por ahora, el último capítulo de la polémica.

'No se trata de beneficiar a empresas concretas. De hecho dan el concierto a todo tipo de compañías. El problema va más allá. Es una cuestión de cambiar poco a poco el pensamiento de los madrileños para que lleguen a considerar normal que la educación no sea un bien público', reflexiona la diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero. La Comunidad de Madrid rechaza de plano esa opinión pese a que su hoja de ruta, diseñada en el último congreso del PP regional, dejó claro que el gran logro de la gestión de Aguirre había sido 'garantizar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos'.

El guiño del PP a la apertura empresarial de la educación se traduce, según los datos de CCOO, en un aumento de fondos para colegios privados y concertados de un 91,5% en los últimos cinco años.

Las consecuencias se han notado en la calidad de los centros públicos, que han visto reducida la inversión. El primer paso es la petición del traslado por parte de los profesores. La huida de los profesionales en busca de un centro con más recursos conlleva la pérdida de alumnado. 'Las familias han ido saliendo de la escuela pública hasta el punto que algunos centros sólo disponen para el año que viene de cuatro peticiones de matrícula', denuncia el presidente de la asociación FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos.

Esta organización concreta su denuncia sobre el sistema de financiación establecido por la consejería para el reparto del presupuesto. En su opinión, el Gobierno regional ha reducido el número de clases convirtiendo a un buen número de colegios en 'centros de línea uno'. Estos son aquellos que apenas cuentan con una clase por curso. 'Como reducen su clase, empiezan a compartir personal. Por ejemplo, no cuentan con un orientador por centro sino que lo comparten con otro colegio', explica.

El deterioro y la falta de impulso ha empezado a notarse en los centros más desfavorecidos. Algunos padres han optado por encerrarse para impedir que su colegio cambie de categoría. Es el caso del Javier de Miguel, ubicado en Vallecas. Los padres han pasado encerrados sin éxito en el colegio durante varios días pidiendo a la consejería que no les convierta en un centro de línea uno.

Los padres del Javier de Miguel han optado por la lucha, pero lo común es la búsqueda de otro centro mejor. Así ocurrió en el Santa Catalina de Majadahonda. El colegio más antiguo de esta localidad de Madrid vio reducida su financiación, prestigio y calidad hasta tal punto que tuvo que cerrar cuando más del 90% de su alumnado era de familia inmigrante. El Ayuntamiento optó por crear un colegio concertado para suplirlo. La consejera de Educación, Lucía Figar, conocedora del caso, defiende de este modo el cierre: 'Era un colegio de línea uno'.

Para la comunidad educativa no hay duda: menos dinero, menos profesores, menos familias de clase media en el centro... Resultado: colegio público marginal. Esa sensación se agrava con los ranking hechos públicos por Figar.

La consejería combatió esta acusación con un proyecto para apoyar a los colegios con más inmigrantes y con más profesores interinos (sin plaza fija). Invirtió 11 millones de euros anuales. Sin embargo, el resultado no ha sido satisfactorio. Las asociaciones de padres avisaron de que ese plan 'estigmatizaría' aún más a los centros más perjudicados por la huida de padres implicados en la educación de sus hijos.