Una gran parte de los jueces y sus órganos colegiados decidieron el miércoles apoyar la convocatoria de una huelga el 18 de febrero, poniendo más presión sobre el Gobierno a cinco días de la reunión que tendrá el ministro de Justicia, Mariano Fernández- Bermejo, con las asociaciones de jueces y fiscales.

Todos las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, excepto el TSJ de Castilla-La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete, así como las juntas de jueces de Madrid, Gerona, Soria, Lugo, Ibiza, Ciudad Real y Castellón, apoyaron la convocatoria realizada por las de Extremadura, Murcia y Zamora, según los datos provisionales facilitados por el Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión Interasociativa Permanente ha propuesto celebrar una rueda de prensa de los cuatro portavoces de las asociaciones judiciales el 18 de febrero en Madrid "para explicar a la sociedad cual es la situación de la administración de justicia y la respuesta que haya podido obtenerse del Ministerio de Justicia a nuestras reivindicaciones".

También propone pedir que ese día se celebre una jornada de puertas abiertas en los edificios judiciales "que permita a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación conocer de primera mano la situación de la justicia en España".

El Gobierno reiteró su postura a favor del diálogo, y en un comunicado del Ministerio de Justicia recordó la reunión que mantendrá el ministro el lunes y el miércoles de la próxima semana con las asociaciones de jueces y fiscales

"Lo que percibimos nosotros es que la mayoría en términos numéricos no desea una huelga inmediata, deberíamos hacer números", dijo en Radio Nacional el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez.

"En muchos casos, en las asambleas, quienes se han pronunciado a favor esperan que los próximos contactos la hagan innecesaria, por lo que mantenemos la esperanza".

"Tenemos la impresión de que las asociaciones judiciales tampoco consideran que sea la fórmula más útil de resolver los problemas de la Justicia", agregó.

Julio Pérez indicó que lo único que han rechazado es la posibilidad de aumentar los sueldos de los jueces y afirmó que también será necesaria la participación de las comunidades autónomas, a las que corresponde la provisión de medios materiales, señaló.

TENSIÓN

Hace una semana, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente anunciaron una "acto reivindicativo y de protesta" en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Ejecutivo no respondía satisfactoriamente a sus reivindicaciones.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mariluz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Varios miembros del Gobierno han dudado de la legalidad de una huelga por parte del poder judicial según la Constitución. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que la convocatoria de huelga no es "razonable" y ha asegurado que el Ejecutivo está haciendo "el mayor esfuerzo" de la democracia para modernizar la Justicia.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

Las asociaciones judiciales reclaman también que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecúen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.