La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la querella presentada por el grupo alimentario SOS contra sus ex gestores y todavía primeros accionistas, Jesús y Jaime Salazar, por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta durante su gestión como presidente y vicepresidente.

El grupo denuncia un fraude de 230 millones de euros, cantidad supuestamente transferida por SOS a los Salazar y que, según el auto, afecta a 'la estabilidad financiera, empresarial y de mercado' de SOS. Ésta acusa a los Salazar de 'conducta abusiva y fraudulenta' para 'la obtención de un ilícito beneficio en detrimento de la sociedad'.

Y les atribuye 'la creación de documentos ad hoc dirigidos a encubrir la responsabilidad de los querellados' y 'lograr imponer un acuerdo en perjuicio' de la empresa.

Asimismo, se acusa a Jesús Salazar de otros delitos, como el de presentar avales falsos a través de unas letras de cambio puestas en circulación en Ginebra (Suiza) y la existencia de pagos a la sociedad mercantil Arve Investment, con domicilio en Luxemburgo.

La denuncia no sólo se dirige contra los dos ex ejecutivos del líder mundial del aceite de oliva, sino contra varios familiares suyos y sociedades vinculadas: Pedro Barragán, administrador de una sociedad de la familia; Esteban Herrero, ex director de Operaciones de SOS; los hermanos María del Pilar, Roberto y Luis Fernando Salazar y los administradores de hecho o derecho de Arve Investment.

El auto del juez Fernando Andreu, que cuenta con el informe favorable del fiscal, destaca la 'trascendencia económica y financiera' de los hechos investigados y la 'complejidad de la trama empresarial' supuestamente urdida por los Salazar para ocultar el desvío de los fondos, procedentes de créditos otorgados por SOS a sus entonces principales administradores y cuyo destino se ignora.

La empresa expresó su satisfacción por el auto, en el que se destaca la 'abundante y prolija documentación' aportada por SOS.