El Gobierno italiano sigue dando vueltas al plan de ajuste de 45.000 millones de euros presentado el pasado agosto por el primer ministro, Silvio Berlusconi, y el titular de Economía, Giulio Tremonti, centrándose esta vez en la lucha contra la evasión fiscal para tratar de reducir el impacto de los recortes previstos a los entes locales. La principal novedad anunciada ayer por el propio Tremonti está en la pena de cárcel para todas las personas que no declaren o no paguen impuestos con un valor superior a los tres millones de euros y la posibilidad de que los ayuntamientos publiquen online las declaraciones de la renta de sus ciudadanos.
La medida será opcional para todos los consistorios, aunque la promesa es que los que más transparencia y colaboración presenten reciban el 100% de lo que se recaude en la lucha contra el fraude. Además, Tremonti confirmó que los entes locales recibirán íntegro el importe recaudado con el impuesto especial para las compañías energéticas.
En la práctica, esto supondrá una reducción de 1.800 millones a los recortes de 9.000 que previó el Gobierno para las regiones, provincias y ayuntamientos, cantidad que repercutirá en el aumento de los recortes al Parlamento. Pero ni siquiera esto contentó a los dirigentes locales que calificaron el plan como 'desequilibrado'.
Además, el ministro anunció que en las declaraciones de la renta 'los contribuyentes deberán indicar los bancos con los que tienen algún tipo de relación', a la vez que el Tesoro elaborará con la banca una lista de los ciudadanos sospechosos de evasión.
El Ejecutivo de Berlusconi entierra de manera definitiva, no obstante, el recargo de entre el 5% y 10% para las rentas superiores a 90.000 y 150.000 euros respectivamente. 'Con lo que se ingrese de la evasión fiscal se cubrirá lo que estaba previsto con el impuesto de solidaridad', dijo ayer Tremonti. También se queda en un simple proyecto la tan cacareada reducción de los ayuntamientos de menos de mil habitantes.
Al igual que ha pasado en otros países, cuatro millonarios alemanes hicieron un llamamiento a través del semanario Die Zeit para exigir que se aumente la tributación de las grandes fortunas del país, para contribuir a incrementar los ingresos del Estado en tiempos de crisis. Son Jürgen Hunke, empresario retirado que hizo su fortuna con seguros; Michael Otto, propietario del gigante de venta por catálogo que lleva su apellido; Martin Kind, propietario de una empresa de audífonos y presidente del club de fútbol Hannover 96; y el cantante y actor Marius Müller-Westernhagen.
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