El Ejecutivo se vio obligado ayer a insistir en que la Comisión de Coordinación gubernamental para el seguimiento del secuestro del Alakrana tomó la decisión de detener y trasladar a España a los dos piratas somalíes 'por unanimidad', en la madrugada del 4 de octubre. Lo hizo el Ministerio de Defensa ante la profusión de informaciones sobre las diferencias de criterio con la Vicepresidencia Primera, coordinadora de la Comisión, sobre si traer a los secuestradores detenidos a España postura que defendía la vicepresidenta De la Vega o llevarlos a Kenia posición de la ministra Chacón.

La UE y Nairobi llegaron a un acuerdo dentro de la operación Atalanta contra la piratería para transferir al país africano a detenidos por secuestro de barcos para que sean juzgados allí. La posición de la UE es que cada Estado miembro decidirá qué hace con los detenidos, si los juzga en su territorio o los transfiere a Kenia.

La cuestión, argumentan desde el Gobierno a Público, tiene su origen en el cruce de informes de los servicios de inteligencia adelantándose a lo que puede ser mejor para el 'inevitable proceso de negociación con los piratas'. Por un lado, estarían las recomendaciones del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), dependiente del Estado Mayor de la Defensa (Emad) y que, aunque ha de coordinarse con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, 'no siempre es así', reconocen las mismas fuentes.

'El Gobierno somalí no tiene ningún alcance'

'La vicepresidenta pudo recibir sólo informes del CNI [el director del Centro, Félix Sanz, está en la comisión que sigue el secuestro] y la ministra, los del CNI y Cifas', añaden las mismas fuentes. Vicepresidencia nunca conoció este último, y así lo confirmó ayer la Moncloa, 'pero porque no era necesario si tanto la ministra Chacón como el jefe del Emad, el general Rodríguez, no le dieron prioridad'. Lo que parece claro es que, en el cruce de informes de inteligencia, se pudo dar prioridad, erróneamente, al que consideraba que el traslado a España de los dos piratas podía ser 'una medida de presión sobre sus compinches para que abandonasen el Alakrana', razonan desde el Gobierno.

Por otra parte, Médicos Sin Fronteras-España (MSF) quiso advertir al Gobierno de que para que la negociación resulte, hay que tener 'contacto directo' con los piratas, pues 'el Gobierno somalí no tiene ningún alcance'. El director de MSF España, Aitor Zabalgogeazkoa, indicó a Europa Press que la base territorial de los piratas es el noroeste de Somalia. 'De esos piratas dependen familias y redes sociales en una región maltratada por vertidos y excesos de la pesca'.