'Sinceramente, creo que es una querella fraudulenta'. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, fue ayer muy duro con la querella presentada en la Audiencia Nacional, adelantada por Público , contra los asesores de la Administración Bush que crearon el andamiaje legal necesario para abrir Guantánamo.

Anunció que el Ministerio Público no informará a favor de su admisión a trámite, porque se dirige contra los asesores y no contra las personas que tomaron las decisiones; es decir, George Bush y su gobierno.

Explicó que la querella se interpuso en la Audiencia después de que Alemania rechazara actuar contra el secretario de Defensa de Estados Unidos y criticó que se limite a acusar a los asesores, porque ir más allá 'sería demasiado escandaloso' y el motivo por el que los firmantes de la iniciativa 'no se atrevan' a ir más arriba.

Uno de los querellantes, Gonzalo Boyé, aseguró que presentaron la querella contra los asesores de Bush 'y contra quienes resulten responsables en la investigación', aunque de momento está limitada 'contra los que se tienen pruebas, porque de lo contrario dirían que es temeraria'.

Boyé, que anunció que pedirá amparo al Colegio de Abogados y estudia querellarse, junto a sus compañeros, contra Conde-Pumpido, comparó que su querella se dirija contra los asesores de Bush con que 'en España se persigue desde hace años' a los abogados que asesoran a clientes para blanquear dinero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no tendrá listo su informe hasta hoy, aunque fuentes jurídicas señalaron que se mostraba partidaria de investigar los hechos denunciados en Guantánamo, pero en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por los vuelos de la CIA.

En cualquier caso, Conde-Pumpido adelantó ayer en detalle los argumentos fiscales para oponerse a la admisión a trámite. Consisten en que, en su opinión, 'si se actúa por un delito de maltrato a prisioneros de guerra que se pudiera haber cometido en Guantánamo, esa denuncia debiera ir contra los autores materiales del hecho'.

'Esa querella va presentada contra una política, que personalmente no comparto, de la Administración americana', precisó el fiscal general. 'Intenta el artificio de formular un proceso penal contra los asesores, porque no se atreve a ir contra los responsables directos de esos hechos', se quejó.

A continuación, se centró en que se debería haber actuado ante los tribunales estadou-nidenses antes de interponer una querella en la Audiencia Nacional, por el principio de territorialidad y para garantizar el derecho de defensa de los querellados.

'Es indudable que el criterio es defender a muerte el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de la Audiencia Nacional y evitar que la Audiencia Nacional española se convierta en un juguete en manos de personas que buscan un determinado protagonismo o que intentan una acción política para poner en marcha el funcionamiento de la justicia española', señaló en un desayuno de Europa Press. 'Eso es instrumentalizar la justicia española y el fiscal no lo puede apoyar', conluyó Pumpido.

La acusación de utilizar la jurisdicción universal como un juguete fue una de las acusaciones que más dolió a los querellantes. '¿Un juguete? Lo que se espera es que la Fiscalía no sea un juguete de los intereses jurídicos [del Gobierno]. Creo que no se ha leído la querella', señaló Boyé.

El informe fiscal no supone necesariamente el fin de la causa. Fuentes jurídicas indicaron que previsiblemente Garzón enviará la querella a reparto, que se la devolverá o la enviará al Juzgado de Ismael Moreno por los vuelos de la CIA. En cualquier caso, el juez tiene la última palabra sobre su admisión o rechazo.