El fiscal ha elevado de 10 a 13 años de prisión su petición de pena para los responsables nacionales de Gestoras pro Amnistía Juan Maria Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo por considerar que, además de pertenecer a la banda terrorista ETA, ejercían funciones de dirigentes.

Así lo ha manifestado hoy el fiscal Carlos Bautista en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional a los 27 miembros de Gestoras, durante la lectura de su informe final, en el que ha retirado los cargos para los responsables de las áreas de "Comunicación", de la "Red empresarial" y de la de "Ex presos" Maitane Méndez, Jorge Luis Redondo, y Mitxel Sarasqueta.

Bautista, que ha estado acompañado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha afirmado que "no se han encontrado indicios" para inculpar a estos tres acusados, al tiempo que ha considerado que el proceso ha sido "absolutamente jurídico" y que el "único matiz político" lo han introducido los procesados.

El fiscal, que ha solicitado al tribunal que ordene la disolución de Gestoras, pide diez años de cárcel para los otros veintiún acusados por el delito de integración en ETA.

Durante su intervención, que ha durado cerca de cinco horas, ha expuesto las razones por las que considera acreditada la vinculación entre la organización y ETA militar porque, según ha dicho, el objeto del juicio es "levantar el velo de Gestoras porque todas las organizaciones son la misma cosa".

Para el fiscal, los procesados han seguido "de cabo a rabo" las instrucciones que da ETA sobre el comportamiento que tienen que tener en un juicio oral, lo que ha definido como "el manualillo" de la organización terrorista.

"ETA era la estructura y Gestoras, la superestructura", ha dicho Bautista al inicio de su exposición, para posteriormente explicar las funciones que, a su juicio, cumplía la organización dentro de la banda terrorista.

En este sentido, ha asegurado que una de las funciones de Gestoras era el control del Colectivo de Presos vascos (EPPK) a quienes les decía cuándo y cómo tenían que poner en marcha una huelga de hambre, entre otras directrices que, si no cumplían, podían suponerles la expulsión del grupo.

Ha recordado el testimonio de uno de los peritos que declaró en el juicio y que relató cómo el etarra José Ignacio de Juana Chaos se resistió a recibir órdenes de Gestoras o cómo el también miembro de la banda Jose Luis Álvarez Santacristina, "Txelis", fue expulsado de dicho colectivo por no someterse a la organización.

Según el representante del Ministerio Público, otra de las funciones encomendadas a Gestoras por parte de ETA era la de utilizar los recursos jurídicos para garantizar la seguridad de la banda, a través de los abogados que tenían acceso a los documentos policiales y judiciales.

La banda terrorista también exigía a Gestoras la coordinación entre la lucha armada, la institucional y la de masas, según Bautista, que ha asegurado que la organización también se encargaba de "señalar" a políticos como posibles objetivos de ETA.

Así, ha recordado que Jugo encabezó una concentración ante el domicilio del edil de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, que posteriormente fue asesinado por ETA.

Igualmente, ha explicado que cuando Gestoras señaló en un documento que la judicatura era un "elemento de la cadena represiva" se produjo el asesinato del juez José María Lidón, en un atentado que reivindicó ETA con estos mismos argumentos.

La captación de militantes y la organización de homenajes a etarras con motivo de su excarcelación o fallecimiento eran otras de las funciones de Gestoras.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los acusados pertenecen a una organización criminal "con una estructura jerarquizada continuada en el tiempo y con división de funciones" y que, por tanto, los acusados que desempeñaban funciones de responsabilidad, compartían "las finalidades de la organización".