La presidencia española de turno de la Unión Europea ha propuesto un "debate político en profundidad" entre ministros de Economía y Finanzas, sin nuevos documentos, para tratar de desbloquear la semana que viene el paquete legislativo sobre gobernanza fiscal.

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se estrenará el martes que viene, en Bruselas, como presidenta del Consejo Ecofin con un dossier calificado de "extremadamente sensible", según fuentes diplomáticas.

Desde hace varias semanas, Salgado realiza una gira por capitales europeas en las que ha explicado a sus colegas las prioridades de la presidencia semestral española y ha sondeado en particular en algunas de ellas la posibilidad de un acuerdo.

El Consejo de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) debatirá la revisión de la directiva sobre la fiscalidad del ahorro, una nueva directiva sobre cooperación administrativa, así como la negociación de acuerdos con Liechtenstein, Suiza, Andorra, San Marino y Mónaco para la lucha contra el fraude.

Todo el paquete permanece encallado por la oposición de Luxemburgo y Austria, los únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario.

Pese al "magnífico trabajo" realizado por la anterior presidencia de turno sueca, según las fuentes, la situación permanece bloqueada y "aunque nunca deben excluirse los milagros, lo realista no es pretender un acuerdo el martes", añadieron.

Luxemburgo y Austria permanecen enrocados sobre dos cuestiones.

Por un lado, piden que se apliquen las mismas exigencias de intercambio de información fiscal automático a los países terceros competidores y, por el otro, desean que se alargue el periodo de transición para ellos hasta la firma de un acuerdo con Suiza.

La directiva sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro actualmente en vigor establece que esos dos estados miembros abandonarán su actual sistema temporal de retención en la fuente y pasarán al régimen de intercambio automático de información fiscal, lo que implica suprimir el secreto bancario, una vez que la UE concluya acuerdos contra el fraude con la principales plazas financieras vecinas: Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino.

Como consecuencia de la crisis financiera, estos cinco países terceros ya se han comprometido, bajo la presión del Grupo de los Veinte (G-20), a aplicar los estándares de la OCDE que prevén el intercambio de datos bancarios entre estados, "a petición" de una administración fiscal y no de forma automática.

En diciembre, la presidencia de turno sueca de la UE tuvo que arrojar la toalla después de constatar que Luxemburgo y Austria no están dispuestos a entrar en el régimen de intercambio "automático" de información mientras sólo se exija a otras plazas financieras, especialmente a Suiza, aplicar las normas menos severas de la OCDE.

Salgado "quiere una discusión política entre los ministros", han indicado hoy fuentes de la Presidencia española.

Salgado viajó el 7 de enero pasado a Luxemburgo para reunirse con el primer ministro del país, Jean-Claude Juncker, quien a su vez ostenta el cargo de presidente del Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de los países de la moneda única.

Oficialmente, la vicepresidenta segunda del Gobierno realizó esta visita para discutir la agenda económica de la presidencia española, pero fuentes del Gobierno luxemburgués reconocieron que el tema de la fiscalidad salió a relucir durante la reunión.

Una circunstancia que podría influir en el curso de las negociaciones, aunque, en principio, no esté directamente relacionada con el tema, es la aspiración de Juncker a ser reelegido al frente del Eurogrupo.

En su reunión de diciembre, los ministros de Finanzas de los Dieciséis pospusieron un mes la confirmación formal de Juncker al frente del grupo.

El Eurogrupo debería confirmar el lunes, la víspera del Ecofin, la designación del luxemburgués como presidente por otros dos años y medio.