El Ministerio de Economía cree que la reforma de la ley concursal será clave para la recuperación y ayudará a que haya 'múltiples' acuerdos de refinanciación, tantos como para conseguir que miles de compañías se salven de la quiebra y la deuda empresarial se reduzca al menos un 10%, 130.000 millones. Según las primeras estimaciones del departamento que dirige Luis de Guindos, si la deuda de las empresas españolas a cierre de 2013 rondaba el 130 % del PIB, 1,3 billones de euros, se puede esperar una reducción de ese volumen superior al 10% gracias a las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros.

Así será más fácil que el crédito fluya hacia nuevos proyectos y la economía pueda avanzar con más vigor, lo que se traducirá en mejores datos de empleo, según han explicado fuentes del departamento que dirige De Guindos. La experiencia ha demostrado que con las crisis financieras se pierde entre un 5% y un 7% de la riqueza de un país y hacen falta entre cinco y siete años para que se inicie la recuperación económica, pues tras un proceso de alto endeudamiento de familias y empresas pocos consumen y menos invierten.

Para romper este círculo vicioso y para que la recuperación ya iniciada tome impulso, el Gobierno ha puesto el foco ahora en medidas encaminadas a facilitar la supervivencia de empresas rentables, con proyectos de inversión viables, pero que podían verse abocadas a un concurso de acreedores. Con la reforma de ley concursal aprobada mediante un real decreto ley con carácter de urgencia, el Gobierno trata de garantizar que estas empresas continúen y evitar efectos de la crisis como la destrucción de tejido empresarial y de empleo.

El Ejecutivo ha optado por incentivar que las empresas alcancen acuerdos de refinanciación con sus acreedores, principalmente la banca, antes de llegar a una situación más complicada y ha allanado el camino para aplicar quitas de deuda, lo que al mismo tiempo hace más fácil a la sociedad acceder a nueva financiación. De este modo se incentiva la aparición de nuevas empresas en el mercado y como las rescatadas son susceptibles de generar valor, trabajo y capital, al final acabarán creando riqueza y contribuyendo a acelerar el resurgir de la economía.

En Economía reconocen que la reforma da un vuelco a la actual ley concursal que intentaba asegurar la viabilidad de las compañías, pero que ha supuesto que más del 90% de les empresas que entran en concurso acaben en la liquidación.

En este sentido, en  la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la reforma persigue que las normas que regulan los concursos de acreedores 'no supongan trabas en aquellos procesos de refinanciación de empresas'. La vicepresidenta ha insistido en que con esta nueva norma, se facilitan la celebración de acuerdos de financiación para las empresas, se potencian los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos, y se ofrece la posibilidad de convertir la deuda en capital, es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas de las empresas.

De la misma manera, la citada norma establece la firma de acuerdos individuales de financiación con uno o más acreedores, siempre que mejore la situación patrimonial del deudor sin necesidad de contar con mayorías de pasivos. En los acuerdos colectivos de refinanciación de deuda de las empresas no homologados judicialmente, se elimina la exigencia de la figura del experto independiente, con lo que será suficiente que el auditor de cuentas certifique que se cuenta con las mayorías de pasivo exigidas. Una vez se firme el acuerdo, este no podrá ser rescindido posteriormente si la empresa entra en concurso acreedores.