La defensa del presunto etarra Eneko Gogeaskoetxea rechazó hoy en un tribunal de Londres su extradición a España por considerar que no tendría un juicio justo debido a la forma en que se obtuvieron las pruebas en su contra.

El equipo legal de la defensa, encabezado por Edward Fitzgerald, protagonizó la primera jornada del juicio de extradición del acusado, reclamado por España por quince delitos de terrorismo, entre ellos intento de asesinar al rey de España el 18 de octubre de 1997.

Tras una breve intervención del fiscal, Julian Knowles, que pidió la extradición de Gogeaskoetxea en representación de las autoridades españolas, la defensa procedió a delinear su caso ante la jueza Daphne Wickham en la Corte de magistrados de Westminster, donde mañana proseguirá el juicio.

Estuvo presente en la sala el acusado, quien habló al principio, en inglés, para confirmar su identidad y estuvo acompañado por su familia llegada del País Vasco, con la que intercambió gestos afectuosos.

El presunto etarra, detenido en Cambridge (Inglaterra) el 7 de julio, está acusado de quince delitos de terrorismo, especificados en ocho órdenes europeas de arresto.

La Justicia española acusa a Gogeaskoetxea de, entre otros, matar a un agente de la policía vasca el 13 de octubre de 1997 cuando, junto a su primo Kepa Arronategui, tramaba un atentado contra el rey Juan Carlos durante la inauguración del museo Guggenheim.

La defensa defendió que las pruebas contra su cliente fueron obtenidas mediante una confesión forzada de Arronategui, quien fue condenado a quince años, mientras la Fiscalía aseguró que ha recibido garantías de que todo se hizo de acuerdo a la ley española.

En la vista de hoy, la defensa alegó que, de ser extraditado, Gogeaskoetxea sufrirá "una flagrante denegación de justicia" con la violación del artículo 6 de la Convención europea de derechos humanos, que alude al derecho a un proceso judicial equitativo.

Fitzgerald se basa en el hecho de que las únicas pruebas contra su cliente -en 7 de las 8 euroórdenes- surgen de una confesión hecha por Arronategui "cuando estaba detenido incomunicado y sin acceso a un abogado de su elección".

Kepa Arronategui inculpó a su primo en la trama para matar al rey pero, según se dijo hoy, lo hizo sin haber podido hablar con un letrado, lo que no admite la legislación británica. Posteriormente retiró su testimonio inicial y dijo que había sido amenazado.

Fitzgerald recordó que la práctica española de la detención incomunicada de sospechosos de terrorismo hasta doce días sin poder consultar con un abogado ha sido condenada por Naciones Unidas, el Consejo de Europa y organizaciones pro derechos como Amnistía Internacional.

En este punto, el fiscal indicó que ha recibido garantías de la Justicia española de que el interrogatorio a Arronategui se hizo "con respeto a sus garantías constitucionales y tras la lectura de sus derechos", entre ellos el de permanecer en silencio y el de no incriminarse.

Knowles subrayó además que no correspondía a la jueza británica determinar si eran suficientes las pruebas contra Gogeaskoetxea porque no se trata de su jurisdicción.

Otro argumento de la defensa, que mañana proseguirá con sus argumentos antes de pasar el turno a la Fiscalía, es que España comete un "abuso de proceso" al presentar ante el Reino Unido un caso "inviable" bajo la legislación española, debido a la incorrecta imputación del delito de intento de regicidio y a la falta de pruebas.

Fitzgerald explicó que, en el caso de Arronategui, el cargo de intento de asesinato al rey se cambió por el de conspiración para asesinarlo al no haber pruebas suficientes.

Un tercer argumento de la defensa es que hay riesgo de incumplimiento por parte de España de la cláusula de especialidad, que obliga al país que solicita la extradición a juzgar al acusado solo por los delitos descritos en las órdenes de arresto, algo que la Justicia española ha incumplido en otros casos de presuntos terroristas vascos.

Knowles señaló que las autoridades españolas han confirmado que respetarán ese punto.

Judith Mora