'Lo sabíamos desde hace un mes. Este hombre vivía en el primer piso y era frecuente ver a niños que des de la calle le tiraban objetos a la ventana y le llamaban violador. Fuimos muy enojados al Ayuntamiento para preguntar cómo era posible que le hubieran dejado instalarse en Lloret'.

Quien habla es una persona que durante unas semanas compartió edificio con Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample. Esta semana se ha sabido que los vecinos de Lloret de Mar (Girona) empapelaron la ciudad advirtiendo de que estaba viviendo en la localidad. La iniciativa forzó a Singul a abandonar el pueblo y reabre la cuestión de si los ciudadanos tienen derecho a conocer el pasado penal de sus vecinos.

La ley es clara: un ex recluso tiene los derechos de cualquier ciudadan

El Código Penal español es claro y no admite dudas: una persona que ha cumplido sus deudas con la justicia tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Sin restricciones ni peros.

'Como ciudadano, estas peticiones pueden entenderse, pero como juez no las comparto', indica Santiago Vidal, magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia. Este juez se muestra convencido de que 'cuando un recluso vuelve a ser una persona libre, no se puede obstaculizar su vida y menos aún humillarla'. 'Es un riesgo que hay que asumir como sociedad', dice, 'de lo contrario acabaríamos como en EEUU, donde hay carteles en las puertas de los agresores'. Vidal recuerda que en Reino Unido se permitió publicar los datos de los violadores a finales de los 80 y cinco años después revocaron la medida después de que varios agresores rehabilitados hubieran sufrido ataques.

Santiago Redondo, profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona, responde en la misma línea. 'Este tipo de debates hablan sobre si la sociedad es capaz de perdonar. La pena de prisión es un castigo, pero cuando se ha cumplido, debe haber olvido y perdón', sostiene.

«Este debate habla sobre si la sociedad es capaz de perdonar»

Rafael Torrubia, profesor del departamento de Psiquiatría de la UAB, admite que 'la sociedad debe poder protegerse de personas que sabe que son peligrosas siempre y cuando se respeten todos los derechos de esta persona'.

Y las iniciativas de los vecinos, sea mediante carteles o listados en Internet, atentan contra un derecho, recuerda Jaume Asens, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona: 'Viola el derecho a la intimidad, y por eso no es una posibilidad contemplada en el Código Penal'.

Tina Alarcón, presidenta de presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, se muestra partidaria de la publicación de los datos sobre aquellos agresores sexuales que supongan un peligro 'evidente' para la sociedad: 'Con los que sabemos que no están rehabilitados y no tienen tratamiento, algo tenemos que hacer... Es lamentable para el Estado de Derecho pero hay que proteger a las mujeres'.

Alarcón, sin embargo, se muestra partidaria de distinguir perfiles de agresores. 'No debería generalizarse que se haga público el nombre y la dirección de todos los agresores sexuales, porque muchos ya han cumplido, la cárcel ha sido suficientemente disuasoria y no van a reincidir', indica.

La última vez que esta petición tuvo eco en los medios fue tras el caso Mari Luz, presuntamente violada y asesinada por Santiago del Valle García. El padre de la víctima no tardó en pedir que se hiciera público el nombre y dirección de los pederastas que hay en España.

Y Arturo Canalda, elegido defensor del Menor en Madrid sólo con apoyo del PP, ha solicitado esta semana la creación de un registro de pederastas, en que 'sólo las fuerzas de seguridad y los juzgados tendrían acceso al registro'.

Para el juez Santiago Vidal, este tipo de planteamientos desde instancias políticas 'más bien responden a que son propuestas que dan votos' y tilda de 'inexistente' el debate sobre la cuestión a nivel jurídico. Cabe recordar, además, que la posibilidad de aplicar la libertad vigilada para terroristas y agresores sexuales que ya han cumplido su pena ya fue duramente criticada por el CGPJ este año.

Lo que sí se está planteando en la reforma del Código Penal es la posibilidad de informar a las policías locales de las ciudades donde se instala un violador con la pena cumplida para que lleven a cabo controles aleatorios sobre estas personas. Este protocolo, planteado por lo que se conoce como Comisión Mena, permitiría que se hicieran controles presenciales en el domicilio del agresor o incluso entrevistas informales con sus vecinos. Además, sugería la posibilidad de hacer seguimientos a distancia o la utilización de muñequeras de control a distancia como las que ya se aplican para algunos maltratadores.

Una vecina de Martínez Singul explicaba ayer la impresión que le produjo encontrarse con el agresor: 'Me lo encontré dos veces de cara. La primera iba disfrazado con una gorra y lo vi de espaldas, pero supe que era él. La segunda vez, fue escalofriante. Me lo encontré de frente en el rellano, vestido normal, de calle. Me acordaré toda la vida'. Y añadía lo siguiente: 'He pasado mucho miedo, porque tengo hijos pequeños, pero no estaré tranquila hasta que sepa dónde ha ido a vivir', añadía.

Para Singul no es la primera vez que sus vecinos le obligan a abandonar su lugar de residencia. En Cardedeu (Barcelona), donde trabajó en un restaurante y llegó a tener una vida ordenada, ya le ocurrió lo mismo: la presión le forzó a marcharse. Los expertos aseguran que esta presión puede afectar a la rehabilitación y que puede incluso propiciar nuevos ataques. ¿Quiere usted saber la nueva dirección de Martínez Singul?.