Las grandes constructoras aseguran que ya dan por perdido un importe de 1.799 millones de euros en las nueve autopistas de peaje que están en concurso de acreedores y en riesgo de quiebra, de las que estas empresas son actualmente titulares. Esta pérdida corresponde a los desembolsos de capital realizados en las vías y en la atención al servicio de la deuda que acumulan. Las empresas ya no esperan recuperar este importe sea cual sea la solución que el Gobierno decida dar a estas vías.

Por ello, la asociación defiende que en ningún caso la solución que se dé a este problema supondrá un rescate para el sector, según aseguró su presidente, Julián Núñez. Las constructoras concesionarias de las autopistas en problemas aseguran que, adicionalmente, la Administración les debe 473 millones de euros por las modificaciones incluidas en los proyectos de construcción de las vías. Además, afirman que pueden tener que abonar 2.217 millones por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las vías, uno de los motivos de su quiebra junto con la caída de los tráficos por la crisis.

El Gobierno español lleva casi un año trabajando en la situación crítica de estas autopistas tóxicas. A finales del año pasado, según fuentes conocedoras de la situación, el Ministerio de Fomento buscaba crear una sociedad paragüas controlada por el Estado y con una participación minoritaria para las empresas, pero estos planes fueron frenados en el Ministerio de Hacienda por su posible consideración de ayuda pública en Bruselas y por su eventual impacto en las finanzas públicas. El responsable de Seopan, que recientemente se ha fusionado con la patronal de autopistas Aseta, confió en que el Gobierno resolviese en menos de un mes un problema que no podría alargarse más allá de junio al acercarse algunas de estas vías a su fase de liquidación.

En España, las autopistas de peaje son propiedad del Estado y las empresas las explotan en régimen de concesión. Si estas autopistas van a la quiebra, existe la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que trasladar el impacto de los pasivos al déficit público. De producirse una quiebra desordenada de estas vías, la deuda computaría como déficit público en el año en que las entidades financieras o un juez reclamasen a la Administración el pago de la RPA. 

Las constructoras abogan por que la solución pase por la constitución de la sociedad pública, al considerar que se trata de la 'mejor opción para el interés general', pues no supondría coste alguno para las arcas públicas. Por contra, avisan de que la eventual liquidación de la decena de autopistas supondría para el Estado unos 5.000 millones de euros.

Asimismo, Seopan avisa de que también provocaría un enfrentamiento judicial de las principales empresas del sector con el Gobierno, 'al que reclamarían todos los importes puestos en las vías' y que 'duraría varios años'. Además, advierte de que liquidar sociedades concesionarias de autopistas 'cerraría el país' a inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, para promoción de infraestructuras, y ocasionaría un 'daño a la imagen de España ante la inseguridad jurídica que generaría'.

Esta eventual empresa nacional de autopistas integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, más de una quinta parte (el 22%) de la red, y una deuda financiera de 3.600 millones de euros. Se trata de la radiales de Madrid, la vía que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante. 'Esperamos que en breve plazo se cierre una solución acordada, que no cueste dinero a los españoles y que sea la mejor para el interés público', indicó Julián Núñez en rueda de prensa, para después manifestar que espera esta resolución en el plazo de un mes.

El tráfico en las autopistas de peaje españolas arrancó el año con una media diaria de 12.219 vehículos en enero, el menor dato mensual contabilizado desde comienzos de 1997 y que arroja además una caída del 1,6% con respecto al mismo mes de 2013, cuando se registraron 12.416 vehículos. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, la intensidad media diaria (IMD) de estas autopistas en enero pasado representó además un descenso del 40% desde los máximos que se registraban en dicho mes durante 2007, antes del estallido de la crisis económica.

Este nuevo retroceso se produce después de que el tráfico en las autopistas de peaje españolas cerrase 2013 con una media diaria de 15.864 vehículos, el 33,6% menos que en los máximos que se registraban en 2006, antes de la crisis económica, y una caída del 4,9% frente a un año antes. Con los datos de 2013, el tráfico en las vías de peaje sumó seis años consecutivos de descensos, una tendencia que comenzó en 2007.

Por la red de autopistas estatales de peaje, que desde que comenzó la serie histórica en 1990 se ha incrementado un 50% hasta los 2.568,7 kilómetros, circularon en enero una media diaria de 2.060 vehículos pesados (camiones y autobuses), el 1,6 % más que en el mismo periodo de un año antes.

Atendiendo al tráfico de las autopistas de peaje con problemas económicos, la Intensidad Media Diaria de la R-3 cayó un 17%, la de la R-5 un 13,8%, la de la R-2 un 9,8%, y la de la R-4 descendió un 8,2%. Además, el tráfico medio de la AP-36 cayó un 2,8% y el del Eje Aeropuerto el 3,5% en enero. Sin embargo, el de la AP-7 subió un 9,8% en el primer mes de 2014.