La disolución de las Cortes en enero hará que seis proyectos de ley presentados por el Gobierno se queden "en el tintero" sin poder culminar su tramitación, entre ellos la reforma del Código Penal, la ley que regula los jueces de proximidad o la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El proyecto de ley del Régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, el proyecto de ley sobre concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares y la Ley de Navegación Marítima son otras iniciativas del Gobierno que quedarán pendientes para la próxima legislatura.

El proyecto de la Ley Orgánica de modificación del Código Penal fue aprobado por el Gobierno hace ahora un año, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia económica y dar más protección a las víctimas.

También en el ámbito de la Justicia, el Consejo de Ministros había enviado a las Cortes otro proyecto de Ley Orgánica en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia que pretendía implantar los llamados "jueces de proximidad" para encargarse de asuntos de menor entidad en las grandes ciudades, así como la creación de Consejos de Justicia Autonómico.

Otra ley que decaerá por la convocatoria electoral es la nueva regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que establecía las condiciones de utilización del dinero de este fondo.

La tramitación de estos seis proyectos no podrá culminar pese a que están pendientes de ampliaciones de plazos por la Mesa del Congreso, pero hay otras dos iniciativas gubernamentales a cuya aprobación había renunciado el Ejecutivo en el último tramo de esta legislatura.

Se trata de la reforma del recurso de casación y la generalización de la doble instancia y también de la reforma de la Ley del Registro Civil para reforzar la protección del patrimonio de las personas con discapacidad.

Cuando las Cortes se disuelvan el próximo 14 de enero también decaerán 124 proposiciones de ley, cuya iniciativa corresponde a los grupos parlamentarios, si bien de todas ellas sólo 21 tenían alguna posibilidad de tramitación, a tenor de las ampliaciones de plazos de la Mesa.