La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 10,6 millones de euros. Según informa la Dirección General de la Policía, entre los detenidos figuran administradores de las sociedades mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, gracias también al fraude, su situación administrativa en España.

La operación se ha llevado a cabo en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia contra empresas que no tenían actividad real, pero que declaraban realizar labores en sectores como la hostelería, la construcción, la mensajería, la limpieza y la jardinería. Durante varios meses los agentes han llevado a cabo una exhaustiva investigación después de haberse detectado un importante número de empresas sospechosas en estas cuatro provincias.

Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los investigadores concluyeron el carácter fraudulento de 95 sociedades mercantiles. Estas empresas ficticias, entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social. Asimismo, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban las autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Por el momento, los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos de falsificación y estafa, han destapado un fraude de 10.666.627 euros y han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las jefaturas superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.