La presidencia portuguesa de turno de la UE y la Comisión Europea (CE) han propuesto hoy un pago directo por superficie para compensar a los viticultores por la reforma del vino, así como más flexibilidad en la utilización de los "sobres nacionales" asignados a cada país en beneficio del sector.

La CE y la presidencia han presentado a los ministros de Agricultura de la UE un texto de compromiso para acercar posturas sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino, que amplia el tipo de ayudas que podrán otorgar los Gobiernos dentro de sus asignaciones nacionales.

La propuesta ofrece un período transitorio de tres años, durante el cual podrán mantenerse las actuales ayudas a la destilación de crisis, pero con un tope máximo y para que el alcohol obtenido no se use con fines vínicos, así como a la destilación para prestaciones vínicas (para favorecer la calidad del vino).

El texto no recoge alusión alguna específica a las ayudas para la destilación de alcohol de uso de boca (utilizado para brandy o licores).

Entre las novedades de la propuesta, destaca la implantación del "pago único" o ayuda por superficie que los Gobiernos podrán dar a sus viticultores "según su criterio".

La ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, ha explicado que mediante esa ayuda directa se podría "compensar" la desaparición de otros apoyos actuales, prevista en la reforma, como por ejemplo los de la destilación para alcohol de uso de boca.

La propuesta de compromiso plantea también que dentro de los "sobres nacionales" se pueda dar apoyo a la mejora de la cadena de producción, como a infraestructuras, a la innovación y a la comercialización.

El pago que sugieren la presidencia y la CE se añadiría al que está previsto para los viticultores que opten por el arranque.

El proyecto nuevo reduce los planes de arranque voluntario de viñas a tres años y fija un objetivo de 175.000 hectáreas de viñedo, frente a los cinco años y a las 200.000 hectáreas inicialmente previstos.

Asimimismo, la presidencia y la CE proponen que los derechos de plantación que restringen el cultivo de viñas acaben al final de 2013, pero ofrecen que puedan continuar "a nivel regional" hasta el final de 2015.

Sin embargo, la propuesta nueva apunta que para mantener las ayudas al mosto (otro apoyo de interés para España), habría que discutir una reducción de las asignaciones nacionales para cada país.

El texto sugiere que Italia ha solicitado la continuidad de las primas al mosto y que para ello sería necesario sustraer 132,2 millones de euros a la partida que ha sido asignada a los "sobres nacionales" de los países, lo que en consecuencia recortaría el presupuesto para cada uno.

La CE y la presidencia han ofrecido, en cambio, permitir el añadido de azúcar al vino en las regiones donde es habitual esta práctica, lo que supone una cesión a los países del norte; Bruselas planteó inicialmente prohibir ese método.

El texto de compromiso reduce la transferencia de fondos de la OCM al desarrollo rural (medidas para cofinanciar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura)