La cárcel madrileña de Carabanchel, cerrada y abandonada desde hace 10 años, vive sus últimos días. Este martes por la mañana dos enormes boquetes en los muros de la parte posterior del recinto dejaban ver cómo dos excavadoras apilaban escombros en un camión. Los guardias de seguridad, que desde el jueves vigilan el centro, impedían el paso a toda persona ajena a la obra. Solo hacían una excepción: el medio centenar de inmigrantes rumanos que vive allí desde hace dos años recogía sus cosas para cumplir el plazo de 24 horas que le dio la Policía para abandonar el lugar.

Las primeras máquinas llegaron a la una de la madrugada de este martes, según explicaron vecinos de la zona, los propios inmigrantes y los guardias de seguridad. Abrieron dos grandes agujeros en sendos muros. A las 11 de la mañana las máquinas aún recogían piedras y chatarra en lo que fue el patio del módulo de mujeres.

Miembros de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y del Foro de la Memoria recorrían el lugar indignados. Consideraban que el derribo había comenzado con 'nocturnidad y alevosía', como señaló uno de sus portavoces, Julián Rebollo. Estaban preocupados.

Desde hace tiempo reclaman que no se derribe la cúpula del recinto y que en su lugar se construya un centro de memoria histórica. Incluso el juez Baltasar Garzón, en el reciente auto en el que se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, pedía información a Interior para estudiar si paralizaba el derribo o no.

Ángel Martínez Sanjuán, presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), señalaba ayer que aún no hay fecha para el derribo de los pabellones, aunque garantizaba que 'se darán todas las explicaciones necesarias a las partes implicadas'.

Martínez Sanjuán destacó que 'todas las demandas de los vecinos se han tenido en cuenta'. El presidente de la SIEP hacía así referencia al protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico de los terrenos de la cárcel, firmado el pasado junio por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

En el proyecto se plantea la construcción de un hospital, viviendas y oficinas de Instituciones Penitenciarias. Pero ni mención a un centro de memoria histórica; tan solo un monumento recordará, junto a las futuras casas, a los encarcelados del franquismo.

1944 La primera piedra. En los primeros años de la dictadura franquista se termina la primera fase de construcción del recinto. En 1955 estará lista para los primeros presos, muchos de ellos por cuestiones políticas, como fueron Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius.

1998 Cierre definitivo. Interior decreta el cierre del centro. Desde entonces sus 172.000 metros cuadrados permanecen abandonados. Los vecinos de Carabanchel reclaman la construcción de un hospital y dotaciones públicas.

2008 Acuerdo de desarrollo. Interior y el Ayuntamiento de Madrid firman un acuerdo para el desarrollo de los terrenos.