El proceso de fusión entre cajas de ahorros españolas ha entrado en el carril de aceleración. Los mensajes de que el tiempo apremia empiezan a solaparse a medida que crece la sensación de que quien no tome una decisión ahora puede llegar tarde a las ayudas públicas cuando Europa decida volver a declararlas ilegales.

Este martes mismo, se produjeron tres movimientos de una a otra punta de la Península un día después de que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, espoleara las conciencias del sector al advertir de que los retrasos cuestan dinero al bolsillo del contribuyente.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, dio un ultimátum a los máximos responsables de Caixa Galicia y Caixanova para que decidan sobre su fusión. Tienen una semana para pronunciarse y parte del trabajo hecho, porque la propia Xunta les ha facilitado un documento que analiza la integración.

Caixa Galicia estaría dispuesta pero el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y todo el consejo de administración de la entidad viguesa se oponen y prefieren explorar opciones no gallegas que tengan menos coste en personal y oficinas. Feijóo amenaza con vetar operaciones con entidades de fuera de Galicia.

También este martes, Caja Duero y Caja España mantuvieron su primera reunión con el Banco de España para plantear un calendario a la fusión. Hoy se constituirá la mesa de negociación con los sindicatos a la espera del nuevo informe de KPMG sobre las duplicidades de la integración tras el abandono de Caja Burgos.

En las antípodas de las guerras autonomistas, los consejos de la andaluza Cajasol y la castellanomanchega Caja Guadalajara aprobaron ayer iniciar conversaciones para formalizar un SIP (sistema institucional de protección), una alianza que permite compartir recursos sin llegar a la fusión ni unificar marcas. Ambas cajas siguen abiertas a que se unan otras entidades.