La Comisión Europea ha vuelto a arrojar un jarro de agua fría al Gobierno a cuentas del nuevo sistema de financiación de Radio Televisión Española (RTVE), que incluye aportaciones obligatorias de cadenas privadas y empresas de telecomunicaciones.

Si en diciembre anunció la apertura de una investigación sobre la compatibilidad del nuevo modelo con las normas comunitarias sobre competencia, esta semana ha advertido a España de que mientras se solventa el procedimiento no debe asignar financiación alguna a RTVE procedente de telecos y las televisiones privadas.

“La Comisión solicita a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 [sobre financiación de RTVE] hasta que se haya adoptado una decisión final”, indica resolución publicada el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Unión Europea dando cuenta del inicio de la investigación. Bruselas recuerda también que “toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario”, es decir, de la radiotelevisión pública.

Compatible con la ley europea

No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, restó este viernes toda trascendencia a la decisión de Bruselas y señaló que se trata de “un procedimiento ordinario”. “Forma parte del funcionamiento normal, de análisis e información sobre la coherencia y congruencia del modelo aprobado por el Parlamento español”, señaló durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.

De la Vega, que llevó la dirección política del cambio de modelo, dijo estar “absolutamente convencida” de que el modelo propuesto por el Gobierno y aprobado por el Congreso “es plenamente compatible con las normas europeas”. A favor de esta impresión alegó el dictamen emitido por el Consejo de Estado. Además, expresó su deseo de que la resolución de Bruselas “no tarde en producirse”.

De hecho, según fuentes del Gobierno consultadas por este diario, aunque el modelo entró en vigor el pasado 1 de septiembre, el Estado no comenzará a cobrar las aportaciones de las televisiones privadas y empresas de telecomunicaciones hasta abril. Esto supone que, si como está previsto, el procedimiento acaba antes de ese mes, la investigación no supondría un problema para aplicar el nuevo modelo. Asimismo, el Ejecutivo ha remitido ya a Bruselas la información requerida en el marco de la investigación.

Por su parte, las compañías de telecomunicaciones, que desde el principio rechazaron tener que hacer aportación alguna para el sostenimiento de RTVE, confían sin embargo en que Bruselas acabe invalidando el modelo. Así, fuentes de Redtel –asociación que agrupa a ONO, Orange, Telefónica y Vodafone– indicaron a Público que no estaban “sorprendidas” con la decisión de Bruselas y anunciaron que enviarán sus alegaciones en contra del modelo.