Bangladesh no levanta cabeza un año después del inicio de las protestas contra las condenas a muerte de varios líderes islamistas. Desde febrero de 2013, se estima que más de 250 personas han perdido la vida por la violencia callejera o por la represión del gobierno. Según opositores y activistas, la situación hoy es aún peor que entonces. Entienden que las elecciones de enero no han dado carpetazo a una crisis política marcada por la inestabilidad, los enfrentamientos y las huelgas.

Desde hace doce meses los principales partidos de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y los islamistas de Jamaat-e-Islami, se sienten atacados por la gobernante Liga Awami, ya que varios de sus líderes están entre los condenados por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto que llevó al país a su independencia en 1971. A eso hay que sumar la ilegalización de la formación islamista por un tribunal del país.

La organización Human Rights Watch lamenta que el último año ha sido 'trágico' para el país asiático. 'Este gobierno llegó al poder prometiendo democracia y el retorno de la ley, pero se ha vuelto cada vez más autoritario', dijo en un comunicado Brad Adams, su director para Asia. 'El Ejecutivo ha fallado a la hora de detener el ciclo de violencia. En su lugar se ha vuelto cada vez más intolerante con la disidencia, yendo hacia decisiones extremas para reprimir a la oposición', añadió.

De forma periódica surgen nuevas denuncias contra las medidas que el gobierno toma para superar la crisis. Medidas como el cierre de periódicos críticos o medios islamistas, el arresto de activistas pro-derechos humanos y de líderes políticos o la práctica de asesinatos extrajudiciales.

Y todas las miradas de las organizaciones que trabajan sobre el terreno se centran en las fuerzas especiales de la policía: el Rapid Action Battalion. 'Después de las elecciones, el RAB ha cometido casi una veintena de asesinatos. Tienen completa impunidad y, si alguien muere en alguna circunstancia, no hay ninguna investigación', asegura a Público Chowdhury Abrar, presidente de ODHIKAR, una organización pro-derechos humanos cuyo secretario general fue detenido por redactar un informe que denunciaba una matanza presuntamente cometida en mayo del año pasado. 'Nos estamos moviendo hacia un Estado policial', afirma Abrar.

Los casos que salen a la luz empeoran más si cabe la imagen de las fuerzas de seguridad. 'Pregunta a cualquiera en la calle qué confianza tiene en la policía y la respuesta será cero. Es absolutamente corrupta. Si vas a la policía, puedes acabar muerto', asegura el también profesor de la Universidad de Dhaka. 'La mayoría de los agentes están involucrados en ganar dinero extra con actividades ilegales, incluyendo la detención de personas inocentes para pedir la fianza a sus familias para evitar la tortura', afirma a este medio Abul Basher, director ejecutivo de la Sociedad de Bangladesh por la Aplicación de los Derechos Humanos (BSEHR por sus siglas en inglés).

Según informes de BSEHR, en lo que va de año 12 personas han muerto en asesinatos extrajudiciales, 59 por 'violencia política', dos bajo custodia policial, 855 han resultado heridas, se han cometido 28 violaciones y 44 cadáveres aún no han sido identificados -datos recogidos hasta mediados de febrero-.

El pasado 5 de enero la Liga Awami de la primera ministra Sheikh Hasina revalidó el título ante el boicot de una coalición opositora de 14 formaciones que no se presentó a las urnas. Con una veintena de muertos y cientos de centros de votación atacados, se considera la jornada electoral más sangrienta de la historia de Bangladesh.

'No fue un proceso democrático, fue una fecha sin más, aunque unos se declararon vencedores', dice un dirigente de la organización Ain O Salish Kendra que prefiere mantener el anonimato por seguridad. 'Esto no es una democracia pero en nombre de la democracia están cometiendo todos los delitos posibles. Caminan hacia el fascismo', añade este activista pro-derechos humanos.

Moushumi, una indigente, sentada en las escaleras de un paso peatonal elevado en Daca (Bangladesh). EFE

'Son unas elecciones injustas, inmorales e ilegales. El gobierno no puede sentirse legitimado y debería inmediatamente iniciar un diálogo y convocar nuevas elecciones', demanda Abrar, el líder de ODHIKAR. 'La clase media es cómplice porque no hace nada por denunciarlo, piensa que no va con ella', añade.

La semana pasada Bangladesh volvió a vivir unas elecciones regionales tensas, con enfrentamientos entre los partidarios de la Liga Awami y los de la alianza BNP-Jamaat. El saldo fue un muerto y 34 centros cerrados por la violencia. Sobre todo este ambiente sobrevuela la sombra de 2007, cuando los permanentes episodios de violencia llevaron a la imposición de un régimen tutelado por el Ejército durante dos años.

De cara al futuro, quienes trabajan para mejorar la situación de los derechos humanos carecen de optimismo. 'Si no se dan las oportunidades para transformar el poder por los cauces regulares y no se celebran elecciones libres, la gente perderá la confianza en el sistema y puede pasar cualquier cosa', afirma Abrar.

Eso es algo que puede verse potenciado aún más por el reciente video supuestamente difundido por Ayman al-Zawahiri, líder de Al Qaeda, en el que pide a los musulmanes bangladeshís que actúen contra los ataques que sufre el islam en ese país. Abul Basher, de BSEHR, no tiene ninguna duda: 'Vendrá más anarquía y sangre derramada en nombre del movimiento por la democracia. El resultado será la inestabilidad política, la falta de armonía, la ruptura de la ley y el orden, y una economía por los suelos'.