Su nombre está por ver, porque en el Gobierno se niegan a considerarlas ayudas públicas, pero, sea cual sea su denominación, podrán disponer de ellas las entidades financieras españolas que las requieran tras la puesta en marcha de la normativa que se aprobará mañana. Eso sí, siempre que se fusionen previamente. Se desconoce la cuantía de la aportación que tendrá que hacer el Estado, porque dependerá de cuántas fusiones se hagan, pero lo que ya está definido (deberá aprobarlo mañana el Consejo de Ministros) es que no serán a fondo perdido, sino préstamos que costarán a las entidades aproximadamente el 8% anual, como las primeras ayudas que recibieron a través del fondo de rescate (FROB). Este fondo adquirirá unos títulos de deuda emitidos por las entidades que se denominan bonos convertibles contingentes (conocidos en la jerga financiera como cocos) y que permitirán al Estado convertirse en accionista de la entidad si llega el caso de que su nivel de solvencia baja de una cifra todavía por determinar que oscilará entre el 7% y el 8%.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha negado por activa y por pasiva que vaya a haber ayudas públicas a las entidades y, en este empeño, ha buscado una fórmula que permite darles apoyo, pero sin elevar el déficit. El FROB realizará emisiones de deuda para prestar a la banca, con lo que no saldrá nada de los presupuestos. Los intereses que tendrá que pagar el Estado por esas colocaciones sí contarán como déficit, pero se compensarán con intereses superiores que se cobrarán a las entidades.

En la Unión Europea no se creen que no sean ayudas públicas. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, dijo ayer que el hecho de que no se impacte sobre los presupuestos “limita, pero no elimina” la supervisión que ejerce Bruselas sobre toda reestructuración bancaria. “Los recursos que el FROB o el Fondo de Garantía de Depósitos puedan poner al servicio de la reestructuración de entidades financieras en España son considerados ayudas de Estado”, dijo, informa D. Basteiro.

El sector debe sanear 50.000 millones, de los que 30.000 son de las cajas

Hasta ahora, el Estado ha concedido 17.616 millones en ayudas a las entidades españolas. De esa cuantía, 10.065 millones corresponden al denominado FROB 1, que es el más parecido al que ahora se pone en marcha y que ya ha supuesto unos ingresos a las arcas públicas de más de 700 millones.

Desde el sector aseguraron desde el primer momento que obligar a las entidades a realizar en un máximo de dos años nuevos saneamientos por importe de 50.000 millones (es el objetivo del ministro de Economía, Luis de Guindos) era inviable si no había ayudas de algún tipo. La razón es que, en ese periodo, los ingresos del sector son de unos 48.000 millones, con lo que de partida no llegan. Y profundizando un poco más, el desfase es más profundo, ya que 32.000 millones los facturan los bancos y 16.000 millones, las cajas, aunque, a la hora de sanear, 20.000 millones corresponden a los primeros y 30.000 millones, a las segundas. Eso demuestra que hay entidades, como Santander, BBVA y probablemente La Caixa, que podrán cumplir sin problemas las nuevas exigencias de elevar al entorno del 50% las provisiones por el ladrillo, mientras que el resto lo tendrá más complicado. También es de esperar que lo logren Sabadell y Popular, porque tendrán las ventajas de acometer una fusión al estar inmersos en su unión con la CAM y Pastor.

Ron recuerda que los saneamientos dañan la riqueza de los hogares

Y es que la nueva normativa permitirá realizar los saneamientos contra patrimonio en dos años a las entidades que realicen una fusión, mientras que sólo dará un año a las que no lo hagan, que además sólo podrán cargar contra capital una parte pequeña de las necesidades. La norma contempla que las entidades deberán asumir pérdidas del 80% en el valor del suelo y del 70% en las promociones inacabadas. Además, reclamará provisiones del 7% (con un máximo del 11%) para los créditos concedidos a promotoras y constructoras que estén al corriente de pago.

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, reclamó ayer que no se preste apoyo a las entidades no viables, es decir, a aquellas que no vayan a poder generar resultados suficientes para hacer sus saneamientos futuros. Además, se quejó de que, con una normativa muy exigente, se penaliza en exceso al sector inmobiliario, que sigue siendo una parte importante de la economía del país. Y al reducir mucho la valoración de los inmuebles, añadió, se castiga la riqueza de las familias. El Banco Popular ganó 480 millones en 2011, un 18,7% menos.