El Senado italiano aprobó hoy una de las leyes previstas por el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi incluidas en su política de mano dura contra la inmigración y que recoge, entre otras medidas, la de facilitar la expulsión del país.

La ley fue aprobada por 161 votos a favor, 120 en contra y la abstención de los 8 senadores de la Unión de Demócratas de Centro y Democristianos (UDC).

Entre las medidas, que el Gobierno califica como "paquete de seguridad", destaca la de considerar la inmigración ilegal como un agravante, lo que supondrá aumentar en un tercio la pena de las personas sin papeles que cometan un delito en Italia.

Además, será más fácil expulsar a los inmigrantes condenados, ya que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a dos años y no diez años como en la actualidad, o a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos.

La nueva ley establece además la confiscación del apartamento para quien lo alquile a inmigrantes sin papeles, así como una pena de cárcel entre seis meses y tres años.

El Gobierno ha incluido también en este conjunto de medidas el empleo del Ejército en la seguridad ciudadana, con la movilización de tres mil soldados que patrullarán las calles, por un periodo de seis meses y prorrogables sólo otro medio año.

Entre las nuevas medidas se encuentra también el aplazamiento durante 18 meses de los procesos por delitos cometidos antes del 2 de mayo de 2006 y que la magistratura considere menos urgente.

Esta disposición fue la más criticada por el Gobierno ya que podría frenar uno de los juicios por corrupción que se celebran contra Berlusconi, acusado de haber pagado 580.000 euros al abogado británico David Mills para que falsificara sus testimonios en dos procesos contra el magnate de la televisión y de los que fue absuelto.