El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha reservado un anuncio llamativo con el fin de salvar una comparecencia ciertamente comprometida ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la que debía dar explicaciones sobre la política de inmigración del Gobierno, especialmente tras la última tragedia en el mar de Alborán con 49 víctimas.

Zoido ha anunciado que el Gobierno acogerá a partir de este momento a 500 refugiados al mes para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el reato de socios de la Unión Europea. Es la primera vez que el Ejecutivo que preside Rajoy adopta públicamente un compromiso más allá del acuerdo global suscrito en su día.

Sin embargo, con ese compromiso España queda muy lejos de alcanzar la cifra de 17.500 refugiados que debían ser acogidos antes de acabar el próximo mes de septiembre. En consecuencia, el anuncio del ministro ha sido recibido con frialdad e incluso indiferencia por buena parte de la oposición, sobre todo desde las bancadas de izquierda ya que hasta el momento tan sólo se han acogido a 1.400.

El titular de Interior, departamento responsable de la política de inmigración, ha lamentado la tragedia producida el pasado 5 de julio con el fallecimiento de 49 personas que viajaban en una patera en el mar de Alborán, según relataron los tres supervivientes. Zoido ha lamentado que es una tragedia “a la que no soy ajeno, pero no es nuestra responsabilidad que decidan salir de su país ni que lo hagan en patera; nosotros intentamos ayudar a todos”.

Para sostener esa idea y la idoneidad de la política inmigratoria que lleva a cabo el Gobierno el ministro ha dado numerosas cifras y estadísticas. Entre ellas, las 10.751 personas que han entrado en España de forma irregular este año hasta el pasado domingo, de las que 3.204 lo han hecho a través de las fronteras de Ceuta y Melilla “con un aumento del 104% respecto al año pasado en ese periodo de tiempo en 5.000 intentos de asalto a las valles diferentes cuando en 2016 hubo unos 3.000 en total”.

En cualquier caso, Zoido ha explicado que los ejes de la estrategia del Gobierno para hacer frente a la inmigración irregular “es la misma que en las cuatro anteriores legislaturas”, concretándola en las relaciones bilaterales con los países de origen, la cooperación con Marruecos, la lucha contra las mafias, las vías de retorno y “el adecuado control de las fronteras”.

Las críticas de la oposición a la política inmigratoria

Todas esas explicaciones no han satisfecho a la oposición, especialmente a las formaciones de izquierda. Tanto el grupo socialista como el de Unidos Podemos han descalificado la política inmigratoria del Gobierno de Rajoy. Eva García Sempere, portavoz del grupo Unido Podemos, ha denunciado la estrategia del Gobierno, tanto en inmigración “con tragedias que no pueden asumirse” como en materia de asilo “por incumplimiento de los compromisos al derecho de asilo reconocidos internacionalmente”.

Ester Peña, representante del grupo socialista, ha definido como “insolidario” al Gobierno por haber acogido tan solo al 8,5% de la cifra comprometida de refugiados “cuando apenas quedan 70 días para cumplir el plazo”. “ha dicho usted que va a acoger a 500 refugiados más. ¿Más de qué cifra?”, ha preguntado la diputada. Además, ha denunciado que el Gobierno español se está apuntando a las ideas ultranacionalistas de Orban (primer ministro de Hungría) y de Le Pen.

Tanto esta portavoz como la de Unidos Podemos han criticado duramente el estado actual de los CIE-Centros de Internamiento de Extranjeros – y el trato que se da a los internos. La portavoz de la formación morada, García Sempere, ha exigido su cierre por ser “inútiles y vulnerar los derechos humanos”.

Por su parte, el portavoz del grupo vasco del PNV ha sido categórico a la hora de calificar de “insolidario” al Gobierno “por no utilizar la palabra cicatería, más dura”. Enric Bataller, de Compromís, ha denunciado que la inmigración “debe dejar de verse como un problema de orden público por parte de este Gobierno porque se trata de una cuestión humanitaria”.

La estrategia del Gobierno: "adecuada y proporcional"

La portavoz del grupo popular, Mar Blanco, ha defendido la estrategia del Gobierno por entender que “es adecuada y proporcional a la magnitud del problema”, además de defender la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y las organizaciones que trabajan en el rescate de inmigrantes. Y ha criticado a las formaciones de izquierdas “por su tendencia a repartir canés de solidaridad de forma exclusiva”.

En el cierre del debate, el ministro del Interior ha reiterado sus disculpas “por si fueron malinterpretadas mis palabras sobre el papel de las ONG. Yo les escribí para explicarlo y lo reitero aquí”. También se ha mostrado de forma tajante contra la operación de formaciones de ultraderecha de fletar un barco para impedir el acercamiento de balsas con inmigrantes.

“En aguas españolas o de nuestra influencia seremos inflexibles en el cumplimiento de la ley. Es inconcebible que se pinchen balsas”, ha dicho. En cambio, se ha manifestado en contra de las denuncias sobre el estado de los CIE y el trato que reciben los internos. “No hay que olvidar que se ingresa en esos centros únicamente por una orden judicial”, ha dicho.