ZARAGOZA .- La mediación ha llegado donde el Gobierno central no quiere que alcance la ley: el banco malo ha accedido, tras la mediación del Ayuntamiento de Zaragoza, a suspender los desahucios de las familias sin recursos que okupan un edificio de su propiedad en el barrio de Santa Isabel.

La decisión llega solo ocho días después de que el Tribunal Constitucional suspendiera, a petición del Gobierno central, los artículos del decreto de emergencia social del Gobierno de Aragón que vetaban en la comunidad los desahucios sin alternativa habitacional para los afectados y obligaban a la banca y a la Sareb a aportar a una bolsa social las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias que lleven medio año sin uso.

El banco malo comunicó este martes al ayuntamiento que suspendía los primeros desalojos, cuya ejecución estaba señalada a partir del 23 de octubre. “Este era el primer paso para poder alcanzar una solución”, señaló el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, de ZeC (Zaragoza en Común), que añadió que “ahora que las familias ya no tienen esa incertidumbre, se abre una ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo como ha sucedido en otros inmuebles de esta ciudad, con esta entidad y con otras”.

El bloque, situado en el número 42 de la calle San José de Santa Isabel, un populoso barrio rural de la zona este de Zaragoza, tiene doce viviendas. Una es propiedad de un particular, mientras en diez de las otras once –todas de Altamira, una de las firmas patrimoniales de la Sareb- se han ido instalando, en algunos casos desde hace más de dos años, familias sin recursos que carecían de casa –y en varios casos de empleo- y con de las que forman parte ocho niños y menores de edad.

El consistorio se ofrece a gestionar pisos de la Sareb

La Oficina Municipal de Vivienda y Stop Desahucios mediaron durante varios meses entre las familias y la empresa pública hasta que, finalmente, esta ha decidido desistir de los desahucios para buscar una solución negociada. La mediación fue solicitada por las cuatro unidades con niños o ancianos.

Híjar, que agradeció el movimiento al banco malo ya que “se abre la posibilidad de una negociación entre las familias y el Sareb para llegar a un acuerdo de regularización o la búsqueda de otra solución”, señaló que “la mediación ha sido un éxito y se ha demostrado la necesidad de que el ayuntamiento intervenga en procesos de desalojo forzosos”.

El ayuntamiento de Zaragoza ofrece al ‘banco malo’ asumir mediante convenios la gestión de las viviendas que posee en la capital aragonesa.

El concejal, que ofreció al banco malo la posibilidad de que el ayuntamiento asuma la El ayuntamiento de Zaragoza ofrece al ‘banco malo’ asumir mediante convenios la gestión de las viviendas que posee en la capital aragonesa.gestión de sus viviendas mediante convenios, indicó que los técnicos de la Oficina Municipal de Vivienda están abiertos a tantear distintas alternativas en el conflicto de Santa Isabel con un único apriorismo: “El único denominador común para esas soluciones es que debe haber alternativa habitacional para las familias”.

“Hay una responsabilidad de las entidades financieras y la decisión del Sareb va en la línea de reconocer esa corresponsabilidad”, añadió el edil, cuya concejalía ha intervenido en el último año en 35 casos de okupación de viviendas a través del Programa de Mediación de Arrendamientos.

Arrecia el problema de la vivienda en la comunidad

La suspensión del decreto de emergencia llega por iniciativa del Gobierno central antes de que haya pasado un mes desde que, paradójicamente, los grupos parlamentarios hayan avalado por unanimidad algunas de sus principales medidas durante su tramitación como ley en las Cortes. Entre otras, haber fijado en 14.910 euros anuales el umbral de ingresos a partir del cual una familia se considera vulnerable y no puede ser privada de su casa ni de los suministros básicos como agua, luz y gas.

Ese nivel de renta se eleva a 18.637 cuando en la unidad de convivencia hay niños, víctimas de violencia doméstica, dependientes o discapacitados.

Mientras tanto, la comunidad aragonesa sigue sufriendo un elevado volumen de desalojos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los bancos llevan cada semana 27 demandas de ejecución hipotecaria a los juzgados aragoneses, que, por su parte, ordenan quince lanzamientos por ese tipo de procedimientos y otros veinte por impago de alquileres.

El número de procedimientos judiciales registrados en el primer semestre del año augura un empeoramiento de la situación, ya que tanto los 397 desahucios por ejecución hipotecaria como los 525 desalojos por impago de rentas suponen un volumen superior al de los dos años anteriores: 785 en 2015 y 748 en 2014 en el primer caso y 921 y 924 en el segundo.