El nombre de Laura Luelmo, la joven zamorana que el pasado miércoles 12 de diciembre salió a correr y cuyo cuerpo fue encontrado este lunes en unos matorrales de la sierra de Huelva con signos de violencia, no subirá a las estadísticas de violencia machista. No significa que su asesinato no haya sido por motivos de género, sino que la recopilación y sistematización de estos datos aún no se ha producido. 

La ley Integral de Violencia de Género de 2004, si bien reconoce todas las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo, tiene como ámbito de actuación la que se ejerce en las relaciones afectivas. Por eso desde hace más de hace 15 años los datos oficiales que se recogen sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género, están circunscritas al ámbito de las relaciones de pareja o exparejas. Desde 2003, fecha en la que el Gobierno comenzó a recopilar los datos de estos asesinatos, se han contabilizado un total de 974 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y desde 2013 las cifras oficiales reconocen la muerte de 27 hijos a manos de sus padres o parejas de sus madres.

El pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el Congreso hace ahora más de un año (septiembre de 2017) establece la obligatoriedad de recopilar los datos estadísticos de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, tal como exige el Convenio de Estambul, ratificado por nuestro país en 2014. La medida 167 de ese documento reafirma la "obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados, con la periodicidad que se establezca, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en este Pacto (...) para su difusión, realización de estudios, impulso de investigaciones y elaboración de encuestas, con el fin de estudiar sus causas y efectos, evaluar su incidencia y su percepción social y conocer las medidas para su erradicación, así como la eficacia de las mismas".

Sin embargo, más de un año después estas bases de datos no se han implementado y su puesta en marcha tardará aún un tiempo. 

Fuentes de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, un organismo dependiente del ministerio de Igualdad y que se encarga de la recogida y sistematizacion de datos de los asesinatos que se ejercen en el ámbito de la pareja, han confirmado a Público que ya se han comenzado a recopilar los datos de las asesinadas por otro tipo de violencias. Según estas fuentes, Pilar Llop, la delegada del Gobierno para estas violencias, envió una circular a todas las unidades  de coordinación de las delegaciones del Gobierno de las distintas comunidades autónomas para exigir el envío de estos datos. 

Las mismas fuentes recuerdan que la actual delegada del Gobierno asumió su cargo el pasado mes de junio y que la circular se envió con posterioridad. "Se han pedido los datos de asesinatos y homicidios de mujeres fuera del ámbito da la pareja o expareja, pero no se han hecho públicos porque aun están incompletos y porque además deberán tener un tratamiento estadístico para que sean rigurosos", afirman fuentes del ministerio.

Las estadísticas de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas tienen toda una batería de variables asociadas, como información sobre la provincia o comunidad autónoma en la que ocurrió el asesinato, si existía o no denuncia previa, si se habían establecido órdenes de protección, la franja de edad de víctima y victimario, entre otros.

La recopilación de los datos de homicidios y asesinatos fuera del ámbito de la pareja, como en el caso de Laura Luelmo, requerirán probablemente otro tipo de variables que aún no están determinadas, tal como reconocen fuentes del ministerio. Por ello aún no hay fecha para su publicación. 

La obligatoriedad de recoger estos datos, sin embargo, no proviene del pacto de Estado acordado por los partidos en el Parlamento. Ya el Convenio de Estambul, firmado por España en 2011 y ratificado en 2014, establecía la obligatoriedad de recopilar los datos de todas las violencias para analizar sus causas y poder establecer medidas de prevención y de reparación a las víctimas. Sin embargo, éstas, como otras de las medidas contenidas en este tratado internacional, no se ha puesto en marcha. 

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género durante el segundo mandato de Rodríguez Zapatero, afirma que su departamento comenzó a recopilar los datos de asesinadas fuera de las relaciones afectivas en 2010, pero aparentemente esta labor no se continuó con los gobiernos del Partido Popular. "Hoy podríamos tener un cuerpo de información importante para conocer, entender y prevenir este tipo de violencias", afirma Lorente.

Por su parte el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, anunció a principio de año que comenzaría a recopilar los datos de todas las asesinadas por violencias machistas y no sólo las que marca la ley de 2004. Este anuncio, adelantado por Público a principios de enero, se produjo justo tras el asesinato de Diana Quer, asegurando que éste sería un caso que estaría en las estadísticas. De hecho, el documento de análisis de las sentencias con perspectiva de género que publicó el CGPJ el pasado mes de junio y que analiza sentencias de 2016, ya incluye el análisis de nueve sentencias de víctimas fuera de la pareja o expareja. El documento, farragoso y que no aporta datos estadísticos, sigue aún llevando por título "Análisis de las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o ex pareja y de menores a manos de sus progenitores". Fuentes de este observatorio recuerdan que su función no es la recopilación de datos estadísticos.

Tal como reconocen tanto fuentes del Gobierno, como del CGPJ, se trata de pasos adelante en la buena dirección. Sin embargo, también reconocen que aún se tardará tiempo en tener un cuerpo de información importante que permita hacer análisis, entender las violencias y evaluarlas.

No tener disponible estos datos, tal como reconocen muchos expertos en violencia de género, supone un retraso en su conocimiento, análisis y en poner en marcha políticas públicas encaminadas a prevenirlas y repararlas.