Desde el verano de 2014 el Gobierno español viene repitiendo la misma excusa: "las decisiones emitidas por los comités de Naciones Unidas no son vinculantes" para nuestro país, aunque España haya firmado y ratificado en el Parlamento convenios internacionales sobre Derechos Humanos y de no discriminación contra las mujeres.

Se niega así a acatar las recomendaciones que le hizo ese año el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas en relación al caso de Ángela González Carreño, una madre que peleó durante cuatro años para evitar que su exmarido, al que denunció pro malos tratos, pudiera tener visitas no vigiladas con la hija de ambos. Ninguna de las 51 denuncias que interpuso tuvieron efecto y él acabó asesinando al su hija Andrea de tan sólo siete años en 2003.

​Este miércoles el Defensor del Pueblo se reunió con González Carreño en un acto de reconocimiento y apoyo a su larga lucha. Francisco Fernández Marugán (que ocupa este puesto en funciones) solicitó información al Gobierno sobre las actuaciones que tenía previsto llevar a cabo para dar cumplimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas. 

Según fuentes de esta institución, la respuesta de la Secretaría de Estado de Justicia fue que se trata de una recomendación de carácter jurídico que no vincula al Gobierno en cuanto a su cumplimiento.

Sin embargo el Defensor del Pueblo negó categóricamente estos supuestos y afirmó que "los estados parte sí tienen obligación de garantizar que todos los derechos consagrados en la Convención se respeten plenamente a nivel nacional". Por ello inició actuaciones ante la Dirección General de las Naciones Unidas y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España de conformidad con el Dictamen del CEDAW.

Se trata de la primera vez que una institución del Estado hace un reconocimiento explícito a González Carreño después de 14 años de lucha por justicia y reparación y sobre todo, para que se adopten medidas que impidan que casos como el suyo vuelvan a repetirse.

​“Agradezco al Defensor del Pueblo que me reciba porque supone para mí un mensaje de apoyo para seguir exigiendo justicia. No puedo decir lo mismo del gobierno, de quien aún no he obtenido ni siquiera una disculpa por el asesinato de mi hija. Pero seguiré en la lucha, por mí y por todas las mujeres que se enfrentan ahora a la situación que yo viví”, afrimó Carreño antes de la entrevista. 

“Si el Estado no cumple con lo que le pide la ONU, con quien ha firmado y ratificado tratados internacionales, ¿cómo podemos creer que está escuchando las voces de las madres que temen por sus vidas y por las vidas de sus hijos e hijas?”, lamenta Ángela.

​Tal como recuerda la organización Women's Link, que llevó el caso ante Naciones Unidas, según datos oficiales 15 niños y niñas han sido asesinados por maltratadores dese 2014, año en el que se pronunció la CEDAW. En lo que va de año, han sido asesinados 6 menores.

La oficina del Defensor del Pueblo afirma en un comunicado que esta institución "lleva años mostrando su preocupación por los menores hijos de víctimas de violencia de género". En su opinión, es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de estas mujeres para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores.

La defensoría del Pueblo ya solicitó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, comparte el criterio de Naciones Unidas de que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.

El Defensor también mantiene abierta una actuación a la espera de recibir información sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

El caso de González Carreño es un ejemplo emblemático de las trabas legales y judiciales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género para asegurar la seguridad y protección de sus hijos y ha vuelto a resurgir con fuerza estos días en relación a la lucha de Juana Rivas, la madre de Maracena, que ha solicitado medidas de amparo para sus hijos de tres y once años, que finalmente han sido entregado a su padre, condenado por malos tratos en 2009.