Nadie recuerda un precedente como éste. Un caso en el que las profesionales que trabajan en las unidades de apoyo a la mujer hayan acabado imputadas dentro de una causa que involucraba a una mujer víctima de violencia de género a la que habían estado apoyando y asesorando.

Tuvo lugar este miércoles cuando Francisca Granados, responsable del Centro Municipal de la Mujer de Maracena y María Teresa Sainz, psicóloga del mismo, atravesaron la puerta del juzgado de instrucción nº 2 de Granada investigadas como posibles inductoras y partícipes de un delito de sustracción de menores, en lugar de hacerlo como testigos expertos y conocedoras de un caso que llevan más de un año atendiendo.

Son las personas que más directamente han apoyado a Juana Rivas desde mayo del año pasado, cuando llegó a Maracena con sus dos hijos huyendo de su relación con su marido, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por malos tratos y al que volvió a denunciar una vez en Granada por malos tratos físico y psicológicos continuados.

La imagen no fue baladí. La visión de las dos profesionales entrando en el juzgado ha levantado una ola de apoyo y de indignación entre las organizaciones feministas, las de defensa de los derechos de los menores, instituciones públicas y una estela de incredulidad entre miles de profesionales que día a día trabajan en el acompañamiento y asesoramiento de las víctimas de violencia de género en las unidades de la mujer de distintos ayuntamientos de nuestro país.

"Se ha traspasado una línea roja", afirma María Naredo, directora general de prevención frente a la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. "Llamar como investigadas a la coordinadora y a la psicóloga de un centro de mujeres supone cruzar una línea roja, porque de esto los maltratadores aprenden y puede ser un campo abonado y un caldo de cultivo de una gran desprotección hacia quienes son, muchas veces, el único apoyo que tienen las mujeres víctimas de violencia de género", explica.

Marca "un precedente intolerable de ataque directo a las instituciones y personas que dan apoyo a las víctimas de violencia de género", manifestó la Plataforma contra la Violencia de Género 25 N de Granada, que destaca la "importante labor" que realizan estos centros y sus profesionales para ayudar a las mujeres a salir de situaciones de maltrato.

También la Junta de Andalucía ha querido resaltar la importancia de estas trabajadoras que "suponen la primera puerta de entrada de las mujeres a todos los recursos públicos, y por ello son un instrumento imprescindible para la Junta, que pone en estas profesionales su apoyo y confianza".

El Instituto Andaluz de la Mujer recuerda que sólo en esa comunidad autónoma estos centros municipales han atendido hasta junio de este año a más de 46.200 mujeres, del las cuales 9.767 son víctimas de violencia de género.

"A quién realmente se está atacando con esta actuación es a las mujeres víctimas de violencia de género y a los servicios públicos que las están ayudando. Porque se transmite el mensaje de que las profesionales que las están amparando y los servicios públicos que las tienen que tutelar, tal y como marca la ley Integral [contra la violencia de género], pueden ir a juicio porque se pone en duda su trabajo", manifiesta Marisol López Medina, psicóloga y técnica de Igualdad del Centro Municipal de Información a la Mujeres de Cullarvega y presidenta del Fórum de Políticas Feministas de Granada.

La preocupación de las trabajadoras de las unidades municipales de apoyo a la mujer es palpable. Este miércoles tuvo lugar una reunión de las profesionales que ofrecen estos servicios en Granada. La convocó el Instituto Andaluz de la Mujer a petición de las profesionales de estos centros. Pedían detalles sobre el caso de Juana Rivas y entender por qué sus compañeras de Maracena habían acabado imputadas por la Justicia en el caso de Juana Rivas.

Para Naredo esta actuación supone un "golpe gravísimo en la línea de flotación a un sistema que entendíamos que era la base de apoyo a la atención integral a las mujeres". Más ahora, que el Pacto de Estado contra la violencia machista acordado por todos los partidos políticos representados en el Congreso, prevé reforzar la función y las competencias que los ayuntamientos y los entes locales tendrán en materia de apoyo y ayuda a las mujeres victimas de violencia de género.

Lo que ha pasado en Maracena puede pasar en otros municipios, afirma Naredo, y añade que es fundamental crear una red de apoyo. "Es cuando menos grave que la Justicia esté poniendo su lupa y su peso en dos profesionales que simbolizan esa red de protección y ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género que tanto ha costado armar y sostener y que es imprescindible consolidar y reforzar".

Protección de los menores

Tal como reconocen muchas de las expertas en violencia de género, si algo está teniendo de positivo el caso de Juana Rivas es haber sacado a debate público dos temas clave: ha puesto de manifiesto las cosas que no están funcionando bien entre dos ámbitos de las administraciones públicas (las redes de protección a las mujeres y el sistema de justicia) y ha abierto un amplio debate en sobre la desprotección que viven los niños y niñas que viven en entornos de violencia de género.

Si bien legal y formalmente, tanto España como varios tratados internacionales, ya consideran a los hijos de mujeres que sufren violencia de género como víctimas directas de dicha violencia, en el día a día este regla se aplica con mucha dificultad. 

"El de Juana no es, en absoluto, un caso aislado sino más bien refleja un patrón que se viene produciendo en los juzgados y que refleja esa brecha que hay, cada vez mayor, entre las normas de defensa de la infancia víctima de violencia machista y  la aplicación de esa normativa, que sigue muchas veces anclada en determinados obstáculos suponen una desprotección de los menores", afirma Naredo.

"Tenemos una leyes muy avanzadas, mucho más avanzadas que en otros países, pero hay artículos que no se están aplicando. Tenemos un Convenio de Estambul que es muy claro en relación a los menores que no se está aplicando. Tenemos la ley del menor que dice que los menores que están viviendo la violencia de género son víctimas directas de ella, pero tampoco se aplica. Todas estas cosas que intentamos que se pongan en práctica en los centros, no se están trasladando al ámbito de la justicia como se debería. No se trata de culpar a juezas, jueces o abogados. Se trata de un sistema que ha avanzado en legislación pero que aún nos queda por aplicar y eso es el patriarcado", afirma López.

"Tenemos que colaborar y coordinarnos con el sistema judicial y con los profesionales de la abogacía, como lo estamos haciendo. Pero esto hace que nos enfrentemos dos instancias, dos servicios públicos, que tienen que ir a una, no entrar en conflicto. No tiene sentido", concluye López..