Abrimos el grifo y tiene agua. Abrimos la nevera, y tiene comida traída del mercado. Miles de personas, la inmensa mayoría, tiene que ir a buscar el agua a los ríos y el alimento a la propia tierra.

Entre ellas, mujeres que, por el hecho de serlo, la sociedad les encarga buscar los alimentos, mantener a la familia, ir a por agua, limpiar la ropa en los ríos más cercanos… Son ellas, las mujeres de países en vías de desarrollo, las que ven con sus propios ojos cuando una empresa extranjera lleva a su comunidad a hacer negocio y se encuentran que afecta a su día a día y la de los suyos. DesTieRRRadas es una exposición de Alianza por la Solidaridad donde la cámara de fotos de Pedro Armestre retrata el rostro de estas mujeres y comunidades, donde la acción de estas empresas ha afectado de forma directa. No sólo con mayor explotación laboral sino también con un incremento de la violencia sexual.

A través de 25 fotografías nos lleva a una realidad de la que poco se habla y de la que casi nada se ve, en un viaje por países como Mozambique, El Salvador, Guinea Bissau, Guatemala y Nicaragua. Quedamos con Almudena Moreno, responsable de la campaña Tierra por las Inversiones Responsables y coordinadora de la exposición. Ella ha visto cómo la llegada de estas empresas y sus inversiones ha supuesto una vulneración en los derechos ambientales y sociales de las poblaciones. Desde el desplazamiento forzoso al que se exponen, la pérdida de sus derechos al agua y la tierra, hasta incluso acoso y criminalización.

Ser mujer en países en desarrollo 

Lo que para las empresas supone una inversión, para las comunidades puede suponer perder lo más básico: la comida y la bebida. Pero, en especial, lo padecen las mujeres. Primero, porque la discriminación de género cuestiona a las mujeres que levantan la voz para defender lo público e intentan dejarlas sin redes de apoyo. En la actualidad, hay más de 1.750 conflictos ambientales en el mundo y sólo en 2017, más de 300 defensores y defensoras fueron asesinados.

“Las mujeres son las más afectadas porque son las encargadas del suministro del agua para el consumo humano, el lavado, o la comida. Y con la tierra porque son las encargadas de garantizar los medios de la familia. Las inversiones de parte de estas empresas hacen que se apropien no solo de tierra sino de agua. Las mujeres se ven desplazadas para andar más kilómetros en busca de esos recursos, además de que las tierras menos fértiles no garantizan los medios de vida”, explica Moreno.

Pero además, hay otra realidad menos mencionada, por violenta. “Son las más perjudicadas y, muchas veces, por el hecho de defender sus derechos sufren acoso que, en algunos casos, llega a violaciones sexuales. Creemos que las empresas tienen un papel importante en el desarrollo pero no a cualquier precio, no todo vale”, sentencia la ONG.

Pero, ¿qué ha ocurrido con estas mujeres en algunos de estos países?

Mozambique: una vía que separa escuelas y cultivos

La compañía española Sacyr fue la encargada de realizar la rehabilitación de una vía férrea en este país, “el octavo más pobre del mundo”, subraya Moreno. Su llegada a aquellas comunidades ha provocado problemas en la seguridad, la salud y los medios de vida de unas 50.000 personas. Muchas mujeres han sufrido desplazamientos, han visto cómo se destruían sus hogares y cómo han perdido la propiedad de la tierra.

Por la vía rehabilitada por SACYR en Mozanbique pasa un tren de carbón con 120 vagones que ocupan un kilómetro y medio de longitud. PEDRO ARMESTRE

“Al final se ha creado una barrera porque ese tren de carbón consta de hasta de 120 vagones, que llegan a medir hasta kilómetro y medio. A veces se queda allí horas, otras veces, días. Como atraviesa a la mitad del pueblo, estas personas tienen que pasar por debajo del tren porque el mercado, sus cultivos, centros de salud o la escuela, quedan al otro lado”, explica la coordinadora. En toda la extensión que ocupa, solo se han construido cuatro pasos a nivel. El resto del tiempo, cuando queda parado el tren, las comunidades están divididas. “Este tren también va sin tipo de protección, y el polvo que suelta el carbón afecta a las personas, además de contaminar los cultivos”, según Moreno.

Cuando Alianza por la Solidaridad detectó el caso, la vía ya se había acabado. Desde entonces, la ONG lanzó una campaña al Gobierno de España para exigir a las empresas más estándares de calidad, tal y como recoge el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En Público hemos contactado con Sacyr. Desde su departamento de comunicación explican que “Somague, filial de Sacyr, firmó en abril de 2013 un contrato con CDN (Corredor de Desarrollo del Norte) para los trabajos de rehabilitación de la vía férrea”. También indican que CDN junto con Vale (que tiene la concesión de las minas) son los promotores del proyecto, y que tenían las responsabilidades de expropiaciones e indemnizaciones o los contactos con las entidades locales y las comunidades. Por eso rechazan estas acusaciones, porque Somague “ha cumplido todas las obligaciones de las que era responsable en el proyecto de Mozambique y no participó en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo susceptibles de afectar directamente a las comunidades aledañas al proyecto”, responsabilidades del promotor. Insisten en que han respetado los derechos humanos, y recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo, según el convenio número 169, no exige a las empresas que consulten a las comunidades donde llevan a cabo sus proyectos.

Alianza por la Solidaridad conoce que la empresa española justifica que todo recae en la subcontrata pero, según la ONG, “no es así, porque cuando tú aceptas un proyecto puedes hacer sugerencias técnicas y de lo poco que hay de normativa internacional, tampoco se distingue en los estándares de calidad entre contratista o subcontratista”.

El Salvador: cuando la comunidad venció a Coca-Cola

“Fue un caso de éxito porque logramos conseguir que retiraran la ampliación de la planta”. Moreno se refiere a que, en 1999, Industrias la Constancia, una embotelladora de Coca-Cola, se instaló en el municipio de Nejapa, sobreexplotando uno de los acuíferos más importantes del país. En 2012, Coca-Cola propuso ampliar su planta a pesar de que el estudio de impacto ambiental revelaba que, si se continuaba con ese ritmo de extracción, el agua se agotaría en 25 años y dejaría sin este recurso a las 30.000 personas del municipio.

“De hecho Coca-Cola ya había trabajado con otro acuífero que se agotó y vino a este otro. A raíz de esto hicimos una campaña para apoyar a la sociedad civil. Logramos que el Estado no diera más explotación al acuífero y que Coca-Cola redujera el consumo de agua de sus bebidas, porque para un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua”, explica Moreno.

Roxana del Carmen fue una de las mujeres de la comunidad asesinada en junio de 2018, por luchar contra la ampliación de la embotelladora de Coca-Cola. No obstante, según la ONG, la sobreexplotación del acuífero dejó secadas fuentes y pozos de superficie y fuerza a algunas mujeres a caminar durante horas para obtener el agua necesaria para vivir.

La sobreexplotación por Coca Cola del acuífero de Nejapa (El Salvador) ha secado fuentes y pozos de superficie y ha forzado a las mujeres a caminar durante horas para obtener el agua necesaria para vivir. PEDRO ARMESTRE

Coca-Cola ha respondido a nuestro mensaje para indicar que están comprometidos con las sostenibilidad de los recursos del país. Insisten en que el permiso fue retirado “porque queremos que se demuestre que la condición del acuífero es sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) planteó un punto técnico de crear una red de estaciones de monitoreo permanente para tener información real del acuífero. La Constancia construyó uno de los varios pozos para esta red, que actualmente monitorea la autoridad mencionada”. Según la compañía, iniciaron un proyecto para suministrar agua potable y saneamiento a 4.288 personas de otras comunidades.

Guinea Bissau: la arrocera elimina tierra a las mujeres

En 2010, la empresa española Agrogeba llegó a Guinea Bissau y acaparó tierras sin realizar la consulta obligatoria a las comunidades originarias y sin ejecutar un estudio de impacto socioambiental, según la ONG. “Esta ocupación dejó, al menos, a 600 personas sin tierra. La mayoría eran mujeres que para subsistir dependían de las tierras monopolizadas por Agrogeba”, explica la coordinadora.

La llegada de esta empresa en Guinea Bissau no sólo significó la expulsión de las mujeres de las tierras que cultivaban; sino que según la ONG fumigó sin control los arrozales de manera que desplazó a los mosquitos hacia las aldeas colindantes. Para Moreno, “esto provocó un aumento de los casos de malaria en comunidades como Fulakunda y también el número de abortos”.

El arroz es la base de la alimentación en Guinea Bissau, uno de los países más pobres del mundo, y donde la empresa española AGROGEBA ha acapadado tierras. PEDRO ARMESTRE

Hemos intentado tener una respuesta por parte de la empresa. Desde Público comprobamos que no existe página web de la empresa y forma de contacto. Sólo localizamos una referencia a través de Petromiralles, empresa petrolera. Nos indicaron que un responsable nos trasladaría una respuesta pero, a fecha de cierre de este reportaje, no se ha producido.

La ONG, para evitar más casos, empezó un proceso de titularidad de las tierras. Consiguieron 320 para mujeres afectadas. “En las últimas visitas, también logramos que la los trabajadores tuvieran contrato, porque muchos no tenían, o que no se secuestre a las vacas que entraban en las plantaciones. Es uno de los países más pobres del mundo, casi un narco estado y no es fácil crear un fortalecimiento del tejido social”, considera Moreno.

Guatemala:  un río sagrado por la electricidad

Más de 29.000 indígenas q’eqchi’ viven junto al cauce del río Cahabón. Allí se construye el complejo hidroeléctrico de Guatemala, RENACE, un proyecto de la empresa guatemalteca Corporación Multi-Inversiones, que ejecuta la compañía española ACS. Según Moreno, “son 30 kilómetros de río acaparados para fabricar energía, pero no energía para estas comunidades indígenas. Es un río que no solo les da agua para beber, también es donde se bañan, lavan la ropa, y es una zona de recreación para la comunidad”.

Las mujeres lideran la lucha contra la hidroeléctrica RENACE, vinculada a ACS, que impacta negativamente en el 95% de la población del municipio de San Pedro Carchá (Guatemala). PEDRO ARMESTRE

La hidroeléctrica captura sus manantiales y los seca, sobre todo cuando no llueve y hay más escasez. Las mujeres han iniciado un proceso de denuncia que termina en casos de acoso y criminalización. “Un caso fue el de Ana Rutilia, que se creó un canal para difamarla constantemente”.

Nadie de la empresa ha respondido a nuestra consulta, que se trasladó por email.