Los permisos de maternidad y paternidad serán iguales, intransferibles y remunerados al 100% en 2021. Así lo han acordado el Gobierno y Unidos Podemos en su pacto para una Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, hecha pública este jueves. El documento acuerda un calendario de ampliación de los permisos de paternidad, que pasarán a ser de 8 semanas en 2019, de 12 semanas en 2020 y de 16 semanas en 2021.

El coste presupuestario de esta medida para el año que viene, está valorada en unos 300 millones de euros.

En la actualidad, la madre dispone de16 semanas de permiso, de las cuales las primeras seis son de obligatorias e intransferibles y las otras 10 de carácter voluntario y transferibles al otro progenitor. El padre, o segundo progenitor, cuenta en la actualidad con cinco semanas de permiso. Sin embargo, a pesar de que la madre puede transferir parte de su baja al padre, se estima que sólo un 7% de los hombres hace uso de esta posibilidad. Otra de las características actuales es que ambos progenitores deben disfrutar de esta baja de forma simultánea.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno y Podemos reconoce que ésta es una reivindicación de la sociedad actual para establecer medidas que "favorezcan un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y personales entre mujeres y hombres" que promuevan la "corresponsabilidad" para "alcanzar una igualdad real , que permita superar el desempleo femenino y la brecha salarial que afecta
negativamente a las mujeres".

Según explican en el acuerdo alcanzado "perseguimos tanto el reconocimiento de un derecho laboral individual para cada persona progenitora en igualdad de condiciones, como el cambio sociocultural que supone una responsabilidad común del cuidado de las hijas e hijos durante el primer año de vida".

El documento explica que, debido a los costes económicos de esta iniciativa, su incorporación será paulatina a lo largo de los PGE de los próximos tres años, hasta alcanzar la plena equiparación de permisos entre los dos progenitores en los presupuestos de 2021. 

También aclara que esta medida, que se incorporará a los correspondientes Convenios Colectivos y se llevará a cabo en diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales, "es un complemento al reciente acuerdo sindical para la mejora del empleo público de marzo de 2018". "Igualmente se planteará en la mesa del diálogo social para que el sector privado establezca una estrategia de avances en la misma línea con un cronograma consensuado", afirma el documento.

¿Simultáneos o independientes?

Lo que no aclara el acuerdo es el diseño que se aplicará en esta ampliación. Si el permiso de paternidad deberá ser consumido simultáneamente con el de la madre, como ocurre en la actualidad, si podrá disfrutarlo el padre o el otro progenitor libremente a lo largo del primer año de vida del bebé o si será una fórmula intermedia. 

​En la actualidad, de las cinco semanas que disponen los padres, cuatro de ellas deben ser obligatoriamente tomadas simultáneamente con la madre y una puede ser negociada con la empresa para tomarla más adelante. Sin embargo, expertos aseguran que esta negociación con la empresa no suele existir y que los permisos se suelen coger ininterrumpidamente. 

La propuesta de ley presentada por Unidos Podemos en el Congreso el pasado mes de junio, y que fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, contempla un modelo en el que las dos primeras semanas de permiso paternal son simultáneas con la madre y que las 14 restantes puedan ser tomadas a lo largo del primer año de vida del hijo o la hija.

Fuentes cercanas al acuerdo consultadas por Público, afirman que durante las negociaciones entre Gobierno y Unidos Podemos no se llegó a desarrollar los pormenores del diseño, sino que se acordó la voluntad de ampliar escalonadamente el permiso de paternidad para alcanzar permisos igualitarios en los próximos tres años, y que se valoró el desembolso que supondría incrementarlo en tres semanas en 2019. Los detalles se deberán ser negociados una vez aprobado el documento de PGE2019.

Durante la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros de este jueves, la ministra portavoz Celáa afirmó que el Gobierno "dejará esta negociación a los agentes sociales".

Para la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), el diseño que se aplique importa y mucho. Si bien sus portavoces valoran muy positivamente el acuerdo alcanzado por Gobierno y Unidos Podemos, resaltan que "no cualquier ampliación es un avance hacia la igualdad".

Su portavoz, María Pazos, añade que "ya hemos ganado la batalla de que estos permisos sean intransferibles, ahora tenemos que conseguir que, además, no sean simultáneos. Esto es muy importante, porque es la única forma de garantizar que cada progenitor, efectivamente, se quede al cargo de su bebé durante el mismo tiempo a lo largo del primer año de vida". Si la ampliación es "ininterrumpida", como ha ocurrido con las anteriores, "esto significa que la mayoría de los padres tendrán que disfrutar la totalidad de su permiso simultáneamente con la madre, no permitiéndose a las parejas turnarse para extender el tiempo de cuidado en el hogar, ni al padre iniciarse en los cuidados, lo que supone que seguirán siendo las madres las cuidadoras principales", afirma. Para la PPiiNA que el diseño sea el de permisos de paternidad ininterrumpidos y simultáneos, "sería un despilfarro y una oportunidad perdida".

Violencia de género y pacto de Estado

Otras de las medidas contenidas en el apartado del documento titulado  ​"Una sociedad más feminista: clave para el bienestar social y progreso económico", tienen que ver con la violencia de género y la financiación del pacto de Estado contra la violencia machista.

El acuerdo contempla impulsar una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. Según el documento esta ley debe unificar y ordenar las conductas de agresiones y abusos sexuales bajo una única denominación común de "agresiones sexuales". Se trata de la medida avanzada por el Gobierno, en el sentido de blindar que en este tipo de delitos, sólo un "sí es un sí". 

Esta medida supone impulsar una reforma urgente del Código Penal  para garantizar "que si una mujer no dice explicitamente que sí, todo lo demás es no". 

El resto del acuerdo en esta materia tiene que ver con el compromiso de desarrollar y financiar de forma completa y ambiciosa el pacto de Estado contra la violencia machista. Para ello proponen tramitar en el Congreso un proyecto de ley que de más protagonismo a los ayuntamientos, delvolviéndoles competencias en esta materia, que les había sido arrebatada en 2013 por el cambio de la ley de Racionalización y sostenibilidad de la administración local, promovida por el PP.

Otra de la medidas incluidas es la necesidad de duplicar en 2019 los fondos que recibirán los Ayuntamientos para poder llevar a cabo estas competencias ampliadas en materia de prevención, protección y atención a las víctimas de violencia de género. Si el pacto de Estado establecía que los ayuntamientos en su conjunto recibirían anualmente 20 millones de euros, en 2019 esta cifra se incrementará hasta los 40, tal como se comprometió la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo en julio pasado.

Otra de las medidas acordadas tiene que ver con el fortalecimiento de la tutela judicial y el acceso a la justicia "para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa
y representación de las víctimas".

Tal como se acordó en el pacto de Estado, aprobado por el Congreso hace ya más de un año (septiembre de 2017), el compromiso incluye que la acreditación de la víctima de violencia de género se podrá realizar por diversas instituciones, como los servicios sociales municipales, sin la necesidad de que exista una denuncia previa.

El acuerdo ratifica otra de las medidas anunciadas recientemente, que supone la modificación del Código Civil para que no sea necesaria la autorización paterna para decidir la asistencia psicológica de un menor, cuando su progenitor está inmerso en un proceso penal por violencia de género.

El gasto presupuestario de estas medidas para 2019 se será de 220 millones de euros. Es decir, los 200 millones de euros anuales ya pactados por las distintas fuerzas políticas para la implementación del pacto de Estado, más los 20 millones en los que el año que viene se quiere incrementar el presupuesto de los ayuntamientos para luchar contra la violencia machista.​