El pasado martes 29 de noviembre, los trabajadores de Urgencias del Hospital Universitario de La Paz dijeron basta y enviaron un escrito al juzgado de guardia para denunciar las condiciones de trabajo a las que están sometidos, por las que, aseguran, "aumentan las posibilidades de que se produzcan accidentes". 

La jornada de tarde que provocó la denuncia fue especialmente delicada, pero en la tónica que sufre el hospital de forma periódica. 24 pacientes en la sala 1, habilitada con solo 12 camas; 31 ingresos en la sala 2, que dispone de 22 camas; y la friolera de 47 pacientes en la sala 3, donde solo hay 18. En total, 102 pacientes para 50 camas y tan solo once profesionales de enfermería.

La escena fue filmada por los propios trabajadores, que han difundido las imágenes de unas urgencias hasta los topes, donde los sofás también hacen de estancias en las que reposar y los pasillos se habilitan para dejar postrados a los pacientes mientras dura su estancia en Urgencias. 

Esta es la situación en la sanidad pública madrileña, donde los sanitarios acaban por acudir a la justicia en busca de soluciones. "Hemos empezado a notificar el hacinamiento porque pueden acabar ocurriendo accidentes y no queremos que se repitan situaciones donde se culpe a los trabajadores", sostienen los trabajadores en declaraciones a este periódico. 

Fuentes jurídicas consultadas por este medio analizan el documento enviado al juzgado de guardia y aseguran que precisamente podría llevar a servir para situaciones de este tipo: "Sirve para preconstituir prueba de cara a futuros delitos que se puedan cometer (negligencias médicas o sobre todo el delito de denegación de asistencia sanitaria del artículo 196 del Código Penal)", sostienen.

Las condiciones de los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid están estancadas desde que las urgencias extrahospitalarias fueran cerradas al comienzo de la pandemia, en 2020. Son constantes las denuncias de aglomeraciones, colas, esperas y estrés de los profesionales.

"Tenemos una afluencia masiva de pacientes y falta espacio físico en el que meterlos. Llevamos mucha más carga de trabajo y es mucho más fácil que se nos escape algo o que haya algún fallo", sostiene uno de los urgenciólogos, que asegura que el "origen del problema está en la Atención Primaria". 

A comienzos de noviembre, una huelga de sanitarios y una reforma de la Consejería de Sanidad en la Atención Primaria puso patas arriba el sector. Finalmente, tras un acuerdo firmado por ambas partes, los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) tendrían el mismo personal que antes del plan de reestructuración de Ayuso y diez antiguos Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) serán reabiertos con plantillas nutridas de profesionales. 

Sin embargo, el panorama deja puntos muy negativos en la sanidad pública: no hay aumentos de plantillas, no hay aumento de financiación y otros 27 SUAPS seguirán cerrados, como lo están desde que el Gobierno decidió clausurarlos al inicio de la pandemia. La realidad es que antes de Ayuso había 37 SUAPS y 41 SAR y ahora hay únicamente 49 PAC en buenas condiciones. A fin de cuentas, 29 centros han caído y no tendrán facultativos y tendrán que subsistir solamente con personal de enfermería.