UGT y CCOO han acusado al Gobierno de romper el consenso existente hasta ahora respecto a la política de migración laboral. Así lo transmiten en un comunicado conjunto tras el anuncio de reforma del reglamento de la Ley de Extranjería.

El diario El País ha adelantado que el Ejecutivo pretende regularizar a migrantes en situación irregular para paliar la falta de mano de obra en algunos sectores. Para ambos sindicatos, esta es una propuesta "clasista" que "responde a los intereses de ciertos sectores económicos" y no de los trabajadores.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, si bien no ha querido pronunciarse al respecto, sí ha admitido que "hay margen de mejora y de perfección en el procedimiento".

UGT y CCOO reconocen que el Reglamento de la Ley de Extranjería y algunos de sus elementos necesitan una reforma y así lo han reclamado, pero insisten en que no podían esperar la forma en la que ha actuado el Gobierno.

Consideran que en los últimos meses el Ejecutivo ha roto el equilibrio y el consenso en torno a la política de migración laboral, pero también ha acentuado "la segmentación" para convertirla "en un traje a medida" de ciertos "intereses económicos" y de las necesidades de algunos sectores, pero no de los trabajadores migrantes.

Añaden además que el anuncio de la reforma trata de evitar la participación de las organizaciones sindicales más representativas de este país e incluso que puedan dar su opinión.

CCOO y UGT coinciden en destacar que si las competencias en torno a este ámbito quedan repartidas en distintos ministerios, el resultado será que haya "trabajadores migrantes de primera clase y trabajadores migrantes de segunda".

Asimismo, lamentan que "se llegue a la conclusión de que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones", pero que "se asuma que estas condiciones sí son aceptables" para personas que proceden de otros países.

Es por este motivo por el que acusan al ministerio de actuar "de una forma clasista" teniendo en cuenta "que transmiten a la sociedad española la idea de que hay unos migrantes más aceptables que otros" y que "solo son aceptables si se puede extraer un beneficio económico".