La Fiscalía de Medio Ambiente se ha dirigido al Ayuntamiento de Trebujena para requerirle información sobre la modificación Puntual 4 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio gaditano donde está previsto un macroproyecto turístico con 300 viviendas de alto standing, hoteles y campo de golf frente al Espacio Natural de Doñana, promovido por la empresa de capital belga Costa Guadalquivir.

El oficio de la Fiscalía llegó semanas después de que el equipo de gobierno, en manos de IU durante 37 años, suspendiese el pleno en el que se iban a debatir más de 800 alegaciones presentadas por organizaciones como WWF-Adena, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Sindicato Andaluz de Trabajadores o el Ateneo de Trebujena, que advierten de graves riesgos ambientales, sociales y económicos de una urbanización prevista sobre más de dos millones de metros cuadrados en unas marismas desecadas junto al río Guadalquivir, en un balcón sobre Doñana.

El requerimiento, confirmado a Público por la Fiscalía General del Estado, fue hecho el pasado 14 de noviembre, día en el que el Ayuntamiento de Trebujena recibió un oficio en el que se le solicita información acerca del estado en el que se encuentra la modificación del PGOU. En un comunicado oficial del Ayuntamiento, firmado por el alcalde, Jorge Fernández, y publicado en julio para informar de la larga tramitación urbanística que afecta al macroproyecto turístico, se precisa que la modificación -sobre la que ahora pregunta la Fiscalía de Medio Ambiente- se aprobó inicialmente en noviembre de 2012 para adaptarla al Plan de la Junta de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz, que es el que permite un uso residencial con hasta 300 viviendas como parte de un área de dinamización turística.

Posteriormente, tras la realización de diversos trámites requeridos por otras administraciones, el Pleno de Trebujena acordó en julio de 2014, octubre de 2015 y abril de 2019 ratificar otras tres aprobaciones provisionales del documento de modificación puntual número 4 del PGOU, según el mismo comunicado oficial municipal. En el último pleno se acordó, además, someter a información pública el Estudio Ambiental de Impacto Estratégico presentado por el promotor del proyecto turístico, contra el que se registraron más de 800 alegaciones de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales.

Sin embargo, el pleno extraordinario en el que todas esas alegaciones iban a ser rechazadas de un plumazo por la mayoría del grupo municipal de IU no llegó finalmente a celebrarse. El alcalde decidió suspenderlo unas horas antes del su inicio el pasado 7 de octubre. El temor a las duras protestas que iba a generar esa resolución y un amplio debate interno en la formación de izquierdas a cuenta de la idoneidad de la medida a un mes de las elecciones generales fueron las causas, según diversas fuentes, de aquel sorprendente aplazamiento.

El Consejo de Transparencia también pide información 

Pero el requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente no es el único que ha llegado al Ayuntamiento de Trebujena a cuenta del macroproyecto turístico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha enviado también un requerimiento al consistorio gaditano a raíz de la reclamación presentada en octubre por Ecologistas en Acción por incumplimiento de la publicidad activa en el trámite de información pública sobre la modificación del PGOU y su estudio ambiental estratégico.

La organización ecologista denunció, fundamentalmente, que el Ayuntamiento no había subido a su página web el expediente completo de la modificación del PGOU y su estudio de impacto ambiental para que pudieran ser consultados por la ciudadanía y las entidades que querían presentar alegaciones a esos documentos, lo cual, a su entender, supone una vulneración del obligatorio trámite de publicidad de este procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

En una reclamación similar sobre el trámite de exposición pública de una modificación urbanística en Arcos de la Frontera, también en la provincia de Cádiz, el Consejo de Transparencia requirió al Ayuntamiento a que en lo sucesivo publicase en la página web o portal municipal los documentos que deben ser sometidos a un periodo de información pública. Además, en la resolución le advertía al consistorio de que el incumplimiento de un requerimiento de este órgano de la comunidad autónoma puede suponer una infracción muy grave, que llega hasta el cese del cargo responsable y a su inhabilitación durante un periodo de hasta tres años.

En su reclamación, Ecologistas en Acción pide al Consejo que se aperciba o amoneste al alcalde o al encargado de velar por el cumplimiento de la obligación de publicidad activa durante el trámite de información pública de la modificación urbanística de Trebujena. El responsable de la oficina provincial de esa organización, David Moreno, sostiene que una resolución favorable del Consejo de Transparencia les proporcionaría, además, un argumento de peso en el caso de que decidiesen llevar el caso a los juzgados para anular todo el procedimiento del proyecto turístico de Costa Guadalquivir.

El día que suspendió el pleno extraordinario sobre las alegaciones, el alcalde anunció la apertura de “un proceso de diálogo entre todas las partes donde se puedan analizar las diferentes alternativas con respecto al proyecto de desarrollo turístico”. No obstante, Jorge Rodríguez subrayó que el pueblo de Trebujena tenía “el derecho histórico” de poner en valor su entorno “a través de iniciativas de turismo sostenible”, que le permitan diversificar su economía, hoy dependiente fundamentalmente de los viñedos y el trabajo en centros sanitarios del entorno.

En las alegaciones presentadas a la modificación del PGOU y su estudio ambiental se subraya que el complejo turístico está previsto sobre una zona inundable y generaría graves problemas para la recuperación del estuario del río Guadalquivir. Además, se alerta del peligro que supondría el gasto en agua de una urbanización con campo de golf, amplias zonas ajardinadas, hoteles y 300 casas, gasto que estiman superaría los 800.000 metros cúbicos al año y aumentaría aún más el impacto ambiental en una época de cambio climático en los que los recursos hídricos tienden a la baja.