Hubo un tiempo en el que la clase política quiso convertir el Tajo en un espejo del litoral mediterráneo. El episodio piloto se ubicaba en Valdecañas (Cáceres), en una pequeña isla de 135 hectáreas rodeada por el agua cristalina y dulce del río. Allí, en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, se comenzó a levantar una urbanización exclusiva, con campo de golf, piscinas y naturaleza bajo demanda. Ante las máquinas, el cemento y el hormigón, el ecologismo español tuvo a bien articular una lucha de oposición frontal que llega hasta nuestros días. Desde 2011, las victorias de los grupos conservacionistas y vecinos del entorno se han sucedido en los diferentes tribunales; sin embargo, los chalés siguen mirando al cauce fluvial.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Constitucional emitió la última sentencia contra el proyecto urbanístico, levantado en un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, por lo que el desmantelamiento del entramado y la renaturalización del entorno se comienza a acariciar. No obstante, las posibilidades de que los edificios –la mayoría residencias vacacionales de élites de renombre– continúen en pie son altas.

Esta vez, la Justicia consideró que los cambios que hizo la Junta de Extremadura en la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio para desbloquear las obras en 2011 eran inconstitucionales, por lo que la “ciudad privada” –así la denominan los colectivos ecologistas de la zona– debería volver a su estado natural. Al menos así lo entienden desde la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción, organizaciones personadas desde el primer momento contra el proyecto.

Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que “puede plantear que la homologación de las leyes es válida”, explica a Público Nino Trillo, abogado de los grupos conservacionistas. Pero "lo normal", opina el experto, es que "se nos vuelva a dar la razón porque la reforma de la Ley del Suelo es contraria a la Ley Estatal”, expone, para ratificar sus peticiones iniciales de desmantelar las urbanizaciones “a nivel de rasante” y renaturalizar el entorno.

Así lo entienden también el CSIC y su Estación Biológica de Doñana, que en un informe presentado ante el TSJEX aconsejaba cerrar la urbanización y proceder su desmantelamiento. “Los impactos ambientales del uso del complejo son diez veces mayores que los de la demolición”, valoraba el documento pericial, que ve en la restauración de la isla “la opción más beneficiosa” para el entorno.

Un informe que no es visto con buenos ojos por la Junta de Extremadura, que tiene “serias dudas” sobre sus conclusiones. “Consideramos que existen algunas alternativas a las cuestiones planteadas en el estudio, así como que se hayan tomado los datos de forma correcta para llegar a las conclusiones que se recogen”, exponen a Público desde la institución. Este es el clavo ardiendo al que se agarra el Gobierno extremeño para poder mantener la urbanización en pie. Por otro lado, este medio ha intentado ponerse en contacto con los propietarios, que ven peligrar sus viviendas, pero no ha obtenido respuesta.

Derecho ambiental, frente al derecho a la propiedad

Con el proyecto todavía en el aire, la Junta de Extremadura sigue manteniendo su postura sobre los beneficios que ha traído la isla al entorno. Esta Administración entiende que “el interés general de crear actividad económica y empleo que eviten la despoblación es y puede ser compatible con los presupuestos de sostenibilidad adecuados y suficientes del territorio donde se asienta”, exponen a Público.

Una postura que, para Chema Mazón, portavoz de ADENEX, es cuestionable. “¿Acaso ha generado empleo este proyecto? ¿Qué ha aportado a la economía?”, se pregunta, para negar los beneficios que haya podido generar el proyecto de Valdecañas a los pueblos de la zona y enfatizar en el carácter elitista de las obras. “Imponer el derecho medioambiental frente al derecho a la propiedad y la especulación es muy difícil en España”, agrega Trillo, que enfatiza el hecho de que esta urbanización ha sido la primera y única vez que se “ha desprotegido un espacio ZEPA –Zona de Especial Protección para las Aves– para construir en España”.

El caso de Valdecañas es el ejemplo perfecto de cómo los ritmos lentos de la justicia ambiental pueden alargar los procesos y aumentar los daños ecológicos. “No nos hicieron ni caso en el primer momento, hace ya 12 años, y ahora nos encontramos con que las consecuencias son mucho más negativas”, opina Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción.

Para el activista, hay detalles reveladores en el proceso que no se deben olvidar, como el hecho de que, tras la primera sentencia que daba la “razón” al ecologismo extremeño, se les reclamó una fianza de 41 millones de euros para paralizar las obras. Algo desmesurado “si se tiene en cuenta que somos organizaciones sociales”, expone. Si la cifra hubiera sido menor, quizá se hubiera conseguido frenar el proceso urbanístico y los tiempos no se hubieran dilatado tanto.

“El gran problema de la Justicia Ambiental española es el tiempo y las largas ejecuciones. Al final, cuando te dan una sentencia favorable, el proyecto ya está construido y no se restaura el daño”, argumenta, para poner el foco en otros casos similares como el del hotel del Algarrobico, en la costa del parque natural del Cabo de Gata.

A un mes de la última sentencia favorable para el ecologismo, todo sigue como estaba y, aunque el desenlace puede parecer inminente, la ejecución de la sentencia que lleve a devolver la isla a la naturaleza es difícil. “Aunque nos han metido en un desgaste muy grande, tenemos confianza en que se resuelva”, concluye Trillo.