Laura (nombre ficticio) no ha recibido ninguna indemnización por el maltrato sufrido en la detención vivida en enero de 2013 en una comisaría de Córdoba capital. A sus 33 años, la joven sufrió una grave rotura de la nariz y una posterior intervención quirúrgica. El Ministerio de Justicia ha respondido, después de dos dos años al Comité de Tortura de la ONU, donde fue presentada una denuncia, gracias a la ayuda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El Estado alega “falta de pruebas” sobre la supuesta agresión policial.

Nunca olvidará aquella noche del 27 de enero de 2013. Laura tenía 33 años. Sólo tenía que avanzar cien metros para llegar a la vivienda donde residía junto a sus padres. “Venia de una discoteca y acababa de despedirme de mis amigas. Eran las 12. Aquella noche la Policía se acercó hasta el recinto del Polígono porque hubo una oleada de robos. A muchas de nosotras nos robaron la cartera”, alega a Público. Un coche patrulla se detuvo justo a la entrada del parque. Salieron varios policías nacionales de paisano. Le piden el DNI. No lleva encima ninguna identificación.

Laura detalla que no tiene la documentación porque la cartera se la habían robado o la había perdido en la discoteca. Pasaron sólo minutos. La amnesia que le provocó aquel episodio traumático no le permite recodar con nitidez cada detalle. “Cuando me suben al coche de policía empiezo a recibir golpes por la velocidad a la que va el vehículo hacia la comisaría”. Risas, gritos. Y la nariz de Laura rota. Al haber sido esposada sin seguridad, su cabeza iba dando golpes por cada esquina de la parte plastificada del coche. “Me iba dando porrazos en cada momento y no paraban de reírse”.

Al llegar a la puerta de la comisaría, de la que prefiere no decir el nombre, empiezan de nuevo las burlas e insultos: “Que no te quejes más, que no es para tanto”. Laura sostenía con la bufanda su nariz golpeada. Cada vez tenía más hemorragia. “Es un dolor muy intenso. Sólo pedía que me llevaran al hospital”. La falta de varias de sus pertenencias hace a Laura sospechosa del posible hurto en la discoteca. “Todo el rato me preguntaban si tenía algo que ver y yo contestaba que por favor me llevaran a un hospital”. Entre las frases repetidas de los agentes a la joven recuerda esta amenaza: “Hija de puta no te quejes más que te vas a quedar encerrada en el calabozo”.

Laura tuvo que ingresar en el quirófano durante horas al salir de la Comisaría. “Los fuertes choques policiales me rompieron el tabique nasal y los médicos no dudaron en realizar un informe alegando la gravedad de los golpes que había recibido”.

Cinco años han pasado de aquel suceso. “No me atrevo a pasar por la puerta de la comisaría. Tampoco soy capaz de acercarme a un policía”, afirma hoy a sus 38 años de edad. En tratamiento psicológico desde 2013, esta mujer señala que hace demasiado tiempo que “tampoco es capaz de salir sola a la calle”. Su caso ha sido archivado en la Fiscalía de Córdoba, sin ninguna indemnización ni posibilidad, hasta el momento de reabrir el caso.

La respuesta al Comité contra la Tortura de la ONU

En el año 2014, Laura tiene el primer y único juicio. Aporta pruebas médicas, el testimonio de sus amigas pero la Fiscalía declara el caso nulo. “No había posibilidad según el abogado de obtener recurso”. Esta víctima ha gastado mucha energía en aclarar cada uno de los detalles. Ha visto a aquellos mismos agentes tergiversar su propia versión saliendo ilesos del caso. En 2016 acude a la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para intentar que la asesoren sobre esta situación.

APDHA presenta en 2016 una denuncia por malos tratos policiales a esta mujer ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En 2018, dos años después, el Ministerio de Justicia ha contestado sin dar explicaciones a los hechos probados. Alega “falta de pruebas” sobre las lesiones sufridas durante la supuesta detención. Además añade en el escrito que la víctima tuvo “un juicio justo, parcial y completo” en los tribunales españoles.

Valentín Aguilar ha seguido muy de cerca el caso como miembro de APDHA. Recuerda como Laura fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían”.

“Fue ella misma quien tuvo que llamar a la ambulancia”

Aguilar añade que nunca llegó a recibir por parte de la Comisaría “asistencia médica obligatoria ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se les retiraron algunas de sus pertenencias” que no le fueron devueltas en ningún momento. Una vez puesta en libertad con una grave fractura en la nariz, “fue ella misma quien pidió una ambulancia con su propio móvil” en la puerta de las dependencias policiales.

Aguilar declara que “los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los policías nacionales y archivaron la denuncia, a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la ciudadana sufrió las lesiones durante la detención”.

El alto numero de casos de tortura que alerta al TEDH c

APDHA pone de manifiesto la condena internacional que tuvo España en febrero ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por “trato inhumano y degradante y por novena vez, por no investigar denuncias de torturas”.

“Hay que poner de relieve el caso de esta joven”, aclara Aguilar. E insiste “No es posible que un ciudadano ileso (como Laura) antes de la detención acabe lesionado, sin que exista ningún tipo de explicación”.

APDHA espera un fallo similar al emitido el pasado febrero por el TEDH. En la petición se instaba al organismo internacional que recomendara a España una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos.

Ya en 2015, el comité de la ONU, se dirigió al Estado Español en 2015, en su VI Informe Periódico sobre España, afirmando que se mostraba “seriamente preocupado ante informaciones según las cuales “las autoridades españolas no investigan de forma pronta, eficaz, imparcial y completa las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.