El Cabildo de Tenerife ha dado el pistoletazo de salida para licitar las obras del polémico Circuito del Motor. La creación de una pista de carreras con su zona de boxes y graderío pretende atraer competiciones de Fórmula Uno y Moto GP en el sur de Tenerife. A pocos meses de iniciar las obras que lo harán realidad, los colectivos ecologistas insisten en que la declaración de impacto ambiental (DIA), obligatoria para este tipo de proyectos, está caducada.

El informe jurídico emitido por la Oficina Técnica de Apoyo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), el pasado 9 de noviembre de 2022 determina que la evaluación ambiental actual está caducada. "La evaluación ambiental no puede tener una vigencia ad eternum, sino que ha de ceñirse a un plazo de duración previsto para las obras contenidas en el proyecto evaluado", comienza.

Este órgano estima que las obras tienen dos plazos claves: el plazo para iniciar las obras y para finalizarlas ("independientemente de si han comenzado"). La historia del Circuito del Motor se remonta a hace 30 años. Tras décadas de trámites, pasos en falso y cambios de nombre, la declaración de impacto ambiental fue aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC). El Boletín Oficial de Canarias (BOC) lo publicó el 18 de julio de 2011.

Su validez estaba condicionada al cumplimiento de 14 supuestos. Entre ellos, iniciar las obras en un periodo inferior a cinco años tras obtener el visto bueno en la declaración ambiental o acudir a la COTMAC, dependiente del Gobierno de Canarias, para consultar cualquier modificación que se plantee hacer sobre el proyecto que afecte al estudio ambiental aprobado.

Ante el debate sobre la caducidad de la declaración de impacto ambiental, el Cabildo de Tenerife ha preferido resolver por su cuenta, al menos, dos de los condicionantes y no acudir a la COTMAC, ahora dividida entre la Comisión de Evaluación Ambiental de Canarias (CEAC) y la Comisión de Informe Único (CIU). Sin embargo, la Unidad de Apoyo a la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife insta: "Debe procederse a efectuar una nueva evaluación sobre la totalidad del proyecto".

Mientras, la empresa contratada para llevar a cabo los proyectos del Circuito del Motor, Gestur Canarias SA contradice a la Oficina Técnica de Apoyo a la CEAT. En un informe del 13 de septiembre evitó la realización de una nueva declaración ambiental basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Secretaría de Estado.

El texto de Gestur insiste en que la DIA del año 2011 "no incurre en el supuesto de pérdida de vigencia, puesto que, conforme a sus antecedentes, las obras del Centro Insular del Motor se iniciaron en el año 2016, con la firma del acta de comprobación del replanteo, estando además, dentro del plazo establecido en el condicionante 14".

Sin embargo, un documento al que ha tenido acceso Público confirma que las obras fueron paralizadas en el año 2015 por carecer del permiso de la autoridad competente. De esta manera, los colectivos ecologistas argumentan que las obras se iniciaron entonces sin cumplir con la legalidad.

Modificaciones "significativas" en el proyecto

Aparte del condicionante 14 de la memoria ambiental que habla de su caducidad, el Cabildo de Tenerife también ha tenido problemas con el primer condicionante del texto. "Cualquier modificación del proyecto deberá remitirse a la COTMAC, la cual emitirá un informe sobre si la modificación puede entenderse como una mejora ambiental", apuntaba el primer supuesto de la memoria ambiental.

El consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, remitió los proyectos del Circuito del Motor ante la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife. El objetivo era saber si las modificaciones aplicadas a los cuatro proyectos eran significativas como para tener que hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Arriaga no consultó a los órganos medioambientales autonómicos, como marcaba la declaración ambiental, sino al órgano dependiente del Cabildo.

De manera urgente y en dos sesiones, la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife concluyó que dichos proyectos modificados "no parece que puedan tener efectos significativos sobre el medioambiente en relación con el proyecto original".

Según la interpretación del órgano ambiental insular, a pesar de presentar modificaciones con respecto al original (mayor extensión en la pista), estas no implicarían la creación de una nueva declaración ambiental. El documento al que ha tenido acceso Público fue aprobado el 24 de noviembre de 2022 por el voto a favor de cuatro representantes y en contra de dos.

Los intentos del gobierno insular, dirigido por el PSOE y Ciudadanos, por relanzar el proyecto antes de que acabe esta legislatura han puesto el Circuito del Motor de nuevo en la casilla de salida. El anterior expediente está "resuelto y archivado", responde el Cabildo de Tenerife a una petición realizada por Público a través de Transparencia.

Sin embargo, el proyecto es un híbrido entre los textos ya publicados en las últimas décadas y nuevos cambios. Entre varios puntos, comparten la misma declaración de impacto ambiental (DIA), uno de los requisitos que más ha estado en el punto de mira en el último año. La presentación de una DIA es obligatoria para proyectos de esta envergadura. Sin embargo, el Cabildo ha decidido seguir adelante con una DIA de hace once años, ignorando así las denuncias de los colectivos ecologistas por su posible caducidad.

El proyecto salió dos veces a exposición pública a lo largo de 2022 solo acompañado de un informe ambiental. El Cabildo de Tenerife, como promotor de la obra, contrató a Bejeque: Medio Ambiente y Diseño SL para realizar un análisis ambiental del proyecto. El objetivo era evaluar los efectos ambientales de las obras y si estos efectos pueden suponer un cambio "apreciable o significativo" respecto a la Declaración de Impacto Ambiental.

El Cabildo de Tenerife estimó entonces que no habría nuevas repercusiones "significativas" sobre el medioambiente en comparación con las ya recogidas en la DIA del 2011. A pesar de ello, de acuerdo con lo firmado en la declaración ambiental, el Cabildo de Tenerife debía enviar un informe a la COTMAC sobre cualquier cambio realizado en el proyecto. De manera que el organismo medioambiental decidiría si fuese necesario realizar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto.

Una historia de idas y venidas

En octubre de 2012, la asociación ecologista Ben Magec Ecologistas en Acción denunció el inicio de las obras ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN). El colectivo ecologista denunció que las obras podrían haber empezado sin tener en cuenta algunos condicionantes de la declaración ambiental como la falta de un informe de incidencia en la fauna y la flora del lugar, el impacto acústico o el tratamiento de las aguas.

Los agentes de medio ambiente se personaron en el lugar en enero de 2013 y decidieron archivar la denuncia por no encontrar indicios de infraestructuras o maquinaria "en el momento de la inspección". Sin embargo, una nueva denuncia presentada ante el órgano ambiental insiste en que "los agentes habrían omitido presuntamente en su acta de inspección los trabajos de roturación del Circuito del Motor".

Las pruebas adjuntadas a la denuncia a la que ha tenido acceso Público muestra cómo entre marzo de 2012 y abril de 2013 se realizaron movimientos de arado sobre los terrenos con la forma de la pista de carreras. "Fotografías aéreas muestran una discrepancia entre el acta de inspección de los agentes y la realidad física observada", continúa la denuncia presentada.

En 2014, el Cabildo de Tenerife, entonces dirigido por Coalición Canaria y con Carlos Alonso al frente, decidió que la gestión del Circuito Internacional del Motor se haría de forma indirecta. En mayo de 2015 se adjudicó a Kiti Trans el contrato de concesión de obra pública. La concesión se hacía con dos objetos de gestión: el circuito y su acceso norte.

La iniciativa quedó en el aire en octubre de 2017 después de que la empresa italiana Onda Rossa SL (anteriormente Kiti Trans SLU) fuese expulsada por los tribunales tras ser acusada de incumplimiento de contrato. En este periodo ya se había pasado el plazo del condicionante número catorce de la declaración de impacto ambiental. El periodo máximo era de cinco años desde la aprobación de la declaración ambiental para el comienzo de las obras. De no ser así tendría que realizarse de nuevo un estudio ambiental.

El proyecto completo aún no tiene luz verde. El Circuito del Motor está conformado por cuatro partes independientes. De acuerdo con la empresa encargada de elaborar todos los trabajos Gestur Canarias SA, "aún quedaría por licitar el acceso sur al circuito, el graderío y otras instalaciones, porque requieren el preceptivo informe de impacto ambiental".

Por su parte, la Comisión de Evaluación Ambiental de Canarias aún no se ha pronunciado al respecto. Por el momento el proyecto del Circuito del Motor sigue adelante con una declaración ambiental diseñada hace 11 años y con la sombra de la duda sobre su vigencia.