El investigador y virólogo estadounidense Jonas Salk rechazó patentar la vacuna contra la polio. En una entrevista en televisión le preguntaron por el motivo. "No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?", contestó el médico. Salk pudo haber obtenido beneficios multimillonarios, pero puso por delante la salud global. Hacer que su vacuna fuera accesible para todo el mundo. 70 años después de que comenzara a distribuirse esta vacuna, este dilema no está tan claro, y se corre el riesgo de que las vacunas contra la covid agranden las inequidades y desigualdades en todo el mundo.

Las últimas noticias sobre las vacunas contra la covid-19 son muy positivas, pero lo importante en esta pandemia no es solo tener vacuna: la accesibilidad, la equidad en la distribución, la logística y la concienciación ante la reticencia vacunal son claves que marcarán la estrategia, la campaña e incluso la efectividad. Aún nos quedan meses por delante sin que se empiece si quiera a distribuir la o las vacunas, pero el trabajo que hay detrás y la estrategia que se tiene que preparar ya suponen un reto descomunal. Y, ante todo, es fundamental que la esperanza de la vacuna no haga creer que hay que dejar atrás las medidas de prevención y seguridad que tenemos que llevar a cabo para prevenir el coronavirus durante toda la pandemia.

Las patentes de las vacunas son la clave para garantizar la accesibilidad universal. Hay muchas iniciativas internacionales que van dirigidas hacia la suspensión de las patentes durante la pandemia, pero los grandes gobiernos no han mostrado su disposición a esto. "Hay dos escenarios: vacuna para todos o el sálvese quien pueda. Tal y como se ha planteado hasta ahora, vamos hacia el sálvese quien pueda. Los países ricos siguen la estrategia que ha marcado la industria farmacéutica", lamenta Fernando Lamata, médico y experto en Salud Pública, que ha ocupado altas responsabilidades en materia de gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en Castilla-La Mancha.

La accesibilidad universal de las vacunas es un asunto que está preocupando tanto a expertos y a organizaciones como Salud Por Derecho. Irene Bernal, investigadora de esta fundación, explica que hay iniciativas a nivel internacional surgidas desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para que la propiedad intelectual se comparta por y entre instituciones públicas y privadas para transferir el conocimiento y garantizar la producción. "La OMS lo ha intentado, otra cosa es que los gobiernos, o todos los gobiernos, estén por la labor de dar este paso", comenta a Público.

Lamata considera que hay dos claves para entender que tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos (EE UU), instituciones fundamentales para propiciar un cambio de estrategia, ahora están favoreciendo el 'sálvese quien pueda'. En primer lugar, porque los 'países ricos' siguen la estrategia de compra anticipada "por si te quedas el último y te quedas sin vacuna al haber monopolio". "Tanto EE UU como la UE tienen varios acuerdos de reservas mientras que los países pobres no han podido hacerlas", desarrolla. En efecto, España está dentro de estos acuerdos comerciales que impulsa la UE. Por ejemplo, a nuestro país le tocarían 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar a 10 millones de personas desde finales de año o principios de 2021 de manera gratuita, según las últimas negociaciones.

La otra clave es que en la última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada entre el 15 y el 16 de octubre, India y Sudáfrica, propusieron que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En la práctica, supondría que se liberen las vacunas y todas las tecnologías de las patentes mientras dura la pandemia y se  habría facilitado el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas.

"La mayoría de países ricos votaron que no. Es una mala noticia porque conseguir que todos tengan derecho a esta vacuna es una cuestión de justicia", insiste Lamata. En efecto, varios países de África y Latinoamérica votaron a favor o se mostraron favorables aunque pidieron más aclaraciones sobre la propuesta, pero los gobiernos de la UE, EEUU, Australia o Japón fueron algunos de los que las rechazaron. En realidad, la división de votos se puede ver entre países de ingresos bajos y medios e ingresos altos. Aunque no todo está perdido. Hay otra reunión que se celebrará antes de que acabe el año y la propuesta volverá a llevarse. Habrá un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC donde se volverá a debatir. Una oportunidad que Lamata insiste en que no se puede perder.

En efecto, la pandemia ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos y a las vacunas. Una barrera directa contra el derecho a la salud. 379 organizaciones internacionales ya lo han puesto de manifiesto mediante una carta en la que piden al Consejo de los ADPIC que se apoye la adopción de la exención en la próxima reunión. "Es una solución mundial para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro. Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", subrayan las organizaciones en la carta.

Si esto no se consigue, como señala el médico de familia comunitaria Javier Padilla, iremos hacia un escenario en el que no habrá distribución equitativa: "No paramos de decir que nadie está a salvo si nadie está a salvo, pero nos enfrentamos a un riesgo de estratificación en dos partes: primero países de rentas medias y altas y luego los demás. Esto sería una fuente de grandes inequidades". Por ejemplo, con la vacuna Pfizer, apunta que habría problemas adicionales para los países con menos recursos. Esta vacuna necesita una cadena de frío de -80ºC. Eso no es fácil ni en España donde habría ya complicaciones en los centros de salud, los lugares en los que habitualmente se llevan a cabo las campañas de vacunación, pero aún más en los países con menos recursos. La  mundial sería fundamental. 

Los expertos consultados coinciden en la importancia de la voluntad política de trabajar para garantizar la accesibilidad universal y que las vacunas tengan un precio justo. "La suspensión de la patente permite compartir la investigación, producirla de forma masiva, que más investigadores garanticen que la vacuna es segura e incluso poner un precio justo", insiste Lamata.

Bernal destaca que el precio de la vacuna es otro de los asuntos que más les preocupa. "Con la pandemia no se puede hacer negocio. Un precio justo supone que sepamos los costes de investigación, desarrollo y producción, y asumir un margen de beneficio razonable. El problema es que no hay transparencia. Si no sabemos cuanto ha costado el desarrollo de la vacuna, no se puede establecer", insiste la investigadora. 

Los expertos apuntan, además, que los proyectos han estado financiados con dinero público por las compras anticipadas de las vacunas que completan la fase de desarrollo. Pero, además, se ha invertido para que se pueda realizar la investigación. Un informe de Salud Por Derecho, La inversión pública en I+D en Covid, muestra cómo la financiación pública está jugando "un papel crucial" para el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la covid.

Pese a todas las razones y la importancia de poner por delante la salud de todos, aún hay muchas dudas e incógnitas que despejar para saber si esto se hará. Las organizaciones civiles como Salud Por Derecho insisten en que seguirán luchando para ello.