El año entra en su recta final y las diferentes áreas del Gobierno ultiman los documentos y medidas que deben aprobar antes de que termine diciembre. Es el caso del Ministerio de Agricultura, que trabaja para enviar a Bruselas su Plan Estratégico para la Política Agraria Común (PAC). El Gabinete del ministerio liderado por Luis Planas debe dejar zanjado este asunto no más tarde del día 31 y el borrador parece listo. Sin embargo, el texto no parece contentar demasiado a los sindicatos y colectivos ecologistas.

La reforma de la PAC aprobada este año avanza novedades en la sostenibilidad del uso de la tierra y el compromiso contra la crisis climática, pero también incluye otros apartados importantes relacionados con el empleo y la dignidad laboral de los trabajadores. El texto marca la obligación de que los Estados aprueben una "condicionalidad social" para que los empresarios agrarios puedan acceder a las subvenciones europeas, de modo que deberán cumplir las legislaciones laborales si quieren recibir dichas ayudas. Aunque Bruselas deja de margen hasta 2025 para que los países se adapten, queda la puerta abierta a que estos requisitos entren en vigor a partir de 2023. Es aquí donde surge el problema.

El borrador presentado por el Ministerio de Agricultura –que será enviado el próximo 31 de diciembre a la CE– establece que esta condicionalidad social entrará en vigor a lo largo de 2024, es decir, antes de la fecha límite marcada por Europa. Frente a ello, sindicatos y organizaciones sociales reclaman que se actúe con mayor urgencia y se realicen las reformas necesarias nivel autonómico y estatal para que el 1 de enero de 2023 los condiciones laborales dignas y reguladas sean un requisito indispensable para el acceso a las ayudas de la PAC.

Fuentes del Ministerio de Agricultura explican a Público que la condicionalidad social se comenzará a tener en cuenta en 2024 y recalcan que es una fecha que se anticipa a la fijada por el reglamento de la PAC. "Hay que tener en cuenta que esta aplicación va a requerir un gran ejercicio de coordinación con las 17 comunidades autónomas y sus respectivas autoridades de gestión en materia agraria y laboral", indican desde el equipo de Luis Planas. "El Gobierno de España está comprometido con esta medida y quiere realizarlo correctamente. Teniendo en cuenta que en 2023 entrarán en vigor todas las novedades de la PAC, ese será el año en el que se definirán parámetros y aplicaciones para una correcta aplicación en España de la condicionalidad social que, en España, se va a realizar un año antes de lo que dicta la normativa comunitaria".

Las razones esgrimidas por la cartera agraria no terminan de ser bien vistas por los sindicatos UGT y CCOO ni por las organizaciones Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria y Oxfam Intermón, que no comparten la necesidad de dilatar dos años más las irregularidades que se viven en muchas plantaciones del Estado, explotaciones agrarias donde donde se vulneran los derechos humanos con el uso de mano migrante pagada en 'B' y por debajo de salario mínimo interprofesional.

"Las condiciones laborales deben ser fundamentales para acceder a las ayudas de la PAC y nosotros celebramos que así se haya aprobado en Europa. Lo que no compartimos es que esto no sea efectivo hasta 2024, debe entrar en vigor a partir de 2023. No entendemos que el ministerio esté poniendo tantas cortapisas", expone Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. "La covid ha mostrado muy bien la absoluta miseria en la que viven los trabajadores del campo, la mayoría migrantes, con salarios y condiciones que son una mierda. Entendemos que la precariedad no puede ser la referencia para el beneficio de las empresas. Es algo que no se puede alargar un año más", agrega el sindicalista.

Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, comparte el análisis de los sindicatos y urge al ministerio a adelantar la aplicación de las medidas. "Simplemente se está exigiendo a los empresarios y empresarias que cumplan con el derecho laboral existente en España para poder acceder a las ayudas de la PAC. Sabemos perfectamente, porque así nos lo han asegurado desde Trabajo, que no hay razones técnicas ni objetivas para impedir que la condicionalidad social entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023", indica. "Por nuestra experiencia del pasado como organización ecologista, hemos visto que la condicionalidad ambiental no comenzó a ser respetada por los agricultores hasta que no fue de obligatorio cumplimiento. Esto lo extrapolamos ahora a las cuestiones laborales: si no se obliga a los empresarios a cumplir con la legislación laboral no lo harán", valora, para denunciar que el Gobierno está dando prioridad a los intereses de las grandes empresas beneficiarias de la PAC.

El campo de España: explotación laboral generalizada

Es difícil esclarecer con datos exactos en qué medida se cometen irregularidades en los huertos de España. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cerca del 61% de la mano de obra agropecuaria de la Unión Europea se desarrolla en condiciones informales, es decir, sin protección social y legal básica. Una cifra que se podría extrapolar perfectamente a España, si se tiene en cuenta que el Ministerio de Trabajo detectó un 70% de infracciones laborales en las inspecciones realizadas entre mayo y diciembre de 2020 en los campos de cultivo del Estado.

El reflejo humano de estos datos es el de las temporeras de la fresa de Huelva, visibilizadas a raíz de la pandemia, cuando su precariedad comenzó a preocupar por ser un foco de rebrotes de la covid-19. Mujeres migrantes, a menudo de origen magrebí, que trabajan en negro por unos 30 euros al día y viven hacinadas en pequeñas chabolas, sufriendo además vejaciones y agresiones sexuales. 

El propio relator de la ONU, Philip Alston, se mostró "pasmado" en febrero de 2020 al contemplar en la forma en la que vivían muchos jornaleros y jornaleras en el Estado español. "Están en peores condiciones que en un campo de refugiados, sin agua corriente ni electricidad", sostenía.

Piden a Yolanda Díaz que medie

Los sindicatos y las organizaciones ecologistas no tienen esperanzas en que el Ministerio de Agricultura dé su brazo a torcer y adelante a 2023 la aplicación de la condicionalidad social en las ayudas de la PAC. La semana que viene se reunirán con el equipo de Luis Planas y sólo esperan que se confirme lo anunciado en el borrador: la explotación laboral no será un impedimento para recibir subvenciones de Europa hasta 2024.

La última opción a la que se aferran es a la posible mediación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien este lunes han enviado una carta pera pedirle que medie y convenza al ministro de Agricultura. En la misiva, a la que ha tenido acceso Público, los representantes de la sociedad civil le reclaman, además, que intensifique el número de inspecciones en el campo y que dote de medios económicos y humanos suficientes a las autoridades laborales para poder garantizar el derecho al trabajo digno.