Les conseguía un trabajo en negro, en el campo, sin papeles y sin contrato a cambio de sexo. Ese era el modus operandi de un intermediario para explotar laboral y sexualmente a varias mujeres jornaleras marroquíes en situación irregular en fincas agrícolas entre las localidades de Torre-Pacheco y La Palma, en Murcia.

"Si no se acostaban con el intermediario, no trabajaban. Llegando, en algunos casos, a forzarlas físicamente", ha explicado este martes el sindicato CCOO de Murcia, que alertó a la Guardia Civil cuando tuvo conocimiento de los hechos y ha colaborado en la investigación que, el sábado, llevó a detención del hombre, de 58 años, a la salida de la finca donde presuntamente llevaba a las víctimas para abusar de ellas. El lunes pasó a disposición judicial como presunto autor de los delitos de agresión sexual, abuso, acoso y contra el derecho de los trabajadores.

Se trata de la operación Yawari, como se denominaba en época del califato andalusí a las esclavas domésticas —sexuales, aunque no exclusivamente— de la alta sociedad. Una operación que, según fuentes de la Guardia Civil, continúa abierta por otras posibles agresiones o abusos que no han sido denunciados por miedo de las presuntas víctimas, dada su situación de irregularidad.

Al detenido, también marroquí, se le atribuyen al menos 20 agresiones sexuales, según las denuncias de cinco mujeres. CCOO Región de Murcia ha anunciado que se personará como acusación particular en las actuaciones contra el presunto agresor, "ya que los hechos tienen origen en un delito contra los derechos de los trabajadores".

La investigación comenzó a principios de septiembre, cuando la Federación de Industria de CCOO en la Región de Murcia puso los hechos en conocimiento del Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI), quien los trasladó a la Policía Judicial, encargada de una investigación "ágil y rápida, aunque no ha sido fácil", añade el Instituto Armado.

Las denuncias de las víctimas llegaron a finales de agosto al sindicato y la secretaria de Mujer de la Federación regional de industria de CCOO, Alejandra García, acudió a entrevistarse con las presunta víctimas. "Nos fuimos a la zona de las fincas y nos reunimos con ellas. En nuestro propio coche recogimos sus testimonios y la información", explica a Público García. "Fue entonces cuando vimos que los abusos trascendían lo laboral", explica la sindicalista.

A partir de los testimonios de las presuntas víctimas, identificaron dos patrones. Por un lado, la necesaria presencia de un intermediario entre las jornaleras indocumentadas y los empresarios agrícolas para los que trabajaban o empresas de trabajo temporal (ETT) que reúnen cuadrillas para las temporadas agrarias. Por otro, todas eran mujeres "en situación de precariedad y alta vulnerabilidad, sin permisos de trabajo ni residencia y con total desconocimiento del idioma", sostiene la sindicalista.

Vigilancia y detención por temor a más agresiones

El perfil lo corrobora la Guardia Civil y, según explica García, "juega muy en su contra" a la hora de denunciar cualquier abuso. "Las cinco mujeres que han denunciado han demostrado una valentía heroica. La mañana que nos relataron los hechos estaban muertas de miedo", sostiene. También explica que las víctimas viven en casas alquiladas de la zona que comparten con otras personas en situaciones similares o idénticas. "Ellas no vivían juntas. Sabemos que se conocían por el trabajo, pero no sabemos la relación que hay entre ellas", añade.

Según ha informado a Público la Guardia Civil, primero se localizó a una víctima y, poco a poco, fueron apareciendo más, hasta las cinco que finalmente han denunciado. "Coincide el relato, la descripción física del presunto agresor, el modus operandi y la excusa de llevar a algunas trabajadoras a otras fincas durante la jornada de trabajo para presuntamente abusar de ellas", enumera la Benemérita.

Los investigadores fueron atando cabos hasta dar con el detenido, al que pusieron bajo vigilancia hasta que, el sábado, se precipita su detención, cuando salía de la finca a la que presuntamente llevaba a sus víctimas y donde acudía desde hacía años para el cuidado de animales y otras tareas agrarias. "Se sospechaba de la posibilidad de más agresiones en ese momento", añade la Guardia Civil.

El agresor, su único contacto con el mundo

Según la sindicalista, este intermediario era su único enlace con el mundo, ya que ellas no hablan castellano y solo pueden comunicarse con él o a través de él. "Es la persona a la que llaman cuando quieren trabajar. Él les consigue empleo aunque no tengan papeles, se ocupa de llevarlas a las fincas y de traerlas, cobra el dinero de sus jornales y luego se lo da en mano a las mujeres", describe García.

Según los relatos de las presuntas víctimas, el detenido les daba 20 euros por cada día de trabajo, de los que les descontaba siete en concepto de transporte. "Trabajan por 13 euros al día. La miseria de la miseria. En Murcia, el jornal en el campo supera los 55 euros en los convenios", ilustra García.

Las trabajadoras no tenían en ningún momento contacto directo ni con los propietarios de las fincas ni con las ETT. "Están totalmente al margen, el intermediario es su único medio para poder trabajar", resume, ya que algunas llegaban a la zona después de pasar por "situaciones similares en las campañas agrícolas de Huelva", incide.

Ante esta dependencia, el intermediario "facilita el trabajo los primeros días. Pero después, si querían mantener su empleo, las obligaba a acostarse con él", explica García, que también recogió testimonios de "tocamientos inapropiados" durante la jornada laboral. 

"Complicidad" de empresarios y ETT

En rueda de prensa este martes, el secretario general de CCOO Región de Murcia, Santiago Navarro, ha denunciado que "la mala praxis de determinadas ETTs lleva a estas trabajadoras a situaciones impensables dentro de la legalidad laboral española" como trabajar sin contrato, suplantación de su identidad para evitar que sean localizadas en caso de que haya una inspección de trabajo y sueldos miserables pagados en mano y muy por debajo del convenio colectivo. "Son el día a día de un sector donde las mujeres, en ocasiones, son víctimas de abusos sexuales", han sentenciado.

La Federación de Industria de CCOO RM ha exigido a las empresas agrarias "que se hagan cargo de su parte de responsabilidad en la situación" y que sea "vigilantes en cuanto a las relaciones laborales que se establecen dentro de su actividad económica" o, de lo contrario, habría "complicidad". Según Navarro, "las empresas deben poner de su parte, pero lo que normalmente han hecho ha sido negar la evidencia. Dudo de que, en general, no sean conocedoras. Esperamos que a partir de ahora muestren su colaboración y entre todos somos capaces de ponerle fin", ha insistido.

Desde el área de Mujer del sindicato hacen un llamamiento a colectivos, a entidades sociales, a ONG y a los ayuntamientos de pueblos y zonas cercanas "para que haya protección" ante una "situación de emergencia" para esta mujeres. "Se está intentando gestionar viviendas para su alojamiento, pero se puede hacer más por proteger a estas víctimas", añade García, quien sostiene que, "por desgracia, estos hechos no son algo puntual" y quiere que estos casos sirvan al menos "para saber si hay más víctimas y para que puedan tener auxilio" cuando dan el difícil paso de denunciar.