Un día falta un apero, una máquina o un animal, otro ha desparecido el tractor que se había quedado en el campo al terminar la jornada anterior, a veces se ha evaporado el gasóleo del bidón de la caseta, destrozos al margen, y en ocasiones no están los tubos y las bombas del sistema de riego. Son situaciones familiares para buena parte de los agricultores y ganaderos españoles, cuyas explotaciones fueron objeto el año pasado de casi 7.000 robos con fuerza y con intimidación o violencia, según ha admitido el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia.

Pese a lo elevado de la cifra, 6.914 robos -casi 19 al día, uno cada hora y cuarto-, el volumen de delitos que sufren las explotaciones agropecuarias es muy superior, ya no por los que no se llegan a denunciar por distintos motivos, sino porque los datos del Gobierno no incluyen los episodios de daños, en los que los ladrones producen desperfectos sin llevarse nada, ni los de hurto, en los que hacerse con el botín no requiere forzar nada ni agredir o intimidar a nadie.

Un tercio de esos robos, 2.449, se produjo en Andalucía, cuyas áreas rurales sufren un nivel de delincuencia muy superior a las del resto de comunidades. Las siguientes en la lista son Castilla-La Mancha, con 986, y la Comunitat Valenciana, con 933.

Por provincias, los mayores volúmenes de sustracciones se concentran en el litoral mediterráneo, con 792 en Almería y 609 en Valencia, ambas a mucha distancia de la cercana Murcia (401) y, ya en el interior, Toledo (472), Sevilla (418), Badajoz (347) y Córdoba (342). Esas seis demarcaciones aglutinan, con 3.381 robos, casi la mitad de la actividad de los ladrones, a mucha distancia de Huelva (258), Zaragoza (252), Ciudad Real (243), Alicante (232) y Valladolid (228).

Cuando la delincuencia se concentra en el campo

La sensación de inseguridad en las explotaciones agropecuarias y en el mundo rural en general, denunciada en numerosas ocasiones por las organizaciones agrarias, llevó a elevar hasta tres años las penas por hurto “cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas”, y por participar en el posterior trasiego y venta del género sustraído en granjas y campos.

La actividad delictiva en las zonas rurales no se desarrolla únicamente en las explotaciones agropecuarias, según se desprende del cruce de los datos sobre los robos en ellas y los que ofrece el mismo Ministerio del Interior en su balance de criminalidad de 2017.

Este revela cómo sólo en las zonas rurales de Andalucía se registraron 9.974 robos con fuerza, que suponen más del 40% de los denunciados en toda la comunidad, buena parte de ellos en casas y otros edificios, como fábricas, naves y comercios, y 21.431 hurtos.

Y, pese a lo elevado de la cifra, se trata de la única de las cinco mayores comunidades autónomas por extensión en la que el número de robos con fuerza en las zonas rurales es menor que en las urbanas. La proporción alcanza un ratio de tres a uno en Castilla-La Mancha (5.823 de 7.769, un 74,9%) y supera el 50% tanto en Extremadura (1.299 de 2.192, un 59,2%) como en Castilla y León (3.036 de 5.184, un 58,5%) y en Aragón (1.388 de 2.555, un 54.3%).

Los datos oficiales de Interior revelan también los elevados índices de atracos (robos con violencia y/o intimidación) que padecen las áreas rurales de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde un 63,7% de los registrados en la primera (463 de 726) y casi la mitad de los denunciados en la segunda (495 de 1.026, el 48,2%) ocurrieron en el campo, mientras que el porcentaje de los hurtos denunciados en zonas rurales oscila entre el 20,7% de Andalucía (9.974 de 24.718) y el 43% de Castilla-La Mancha (6.648 de 15.200).

Recortes de plantilla en las fuerzas de seguridad

En cualquier caso, el endurecimiento de las condenas no ha disuadido a los ladrones, cuya actividad se ha visto favorecida por la reducción de efectivos de la Guardia Civil, el cuerpo que junto con las policías locales asume el grueso de las tareas de seguridad ciudadana en las zonas rurales, cuya operatividad, por otro lado, se vio afectada en los últimos meses del año pasado y los primeros de este como consecuencia del desplazamiento de efectivos a Catalunya, según apuntan fuentes del cuerpo.

Interior cifraba a 31 de octubre en 77.928 los efectivos disponibles en la Guardia Civil, dato que incluye a 1.729 agentes en prácticas y a 2.313 reservistas con ocupación y que, por tanto, reduce el número de “activos” a 73.886, según otra respuesta a una pregunta de Heredia.

Un agente de la Guardia Civil. ARCHIVO

Esas cifras resultan netamente inferiores a los 82.692 miembros que la plantilla tenía en 2011, a los 76.298 del otoño de 2016 y a los 74.295 que contabilizaba el Registro de Personal (PDF) de Hacienda en enero del año pasado. Y pone de manifiesto la existencia de más de 11.000 puestos sin cubrir (9.662 con los practicantes), ya que el catálogo de puestos incluye 85.354 para activos y 3.695 para reservistas con destino.

La reducción también es notable en la Policía Nacional, que mantiene 63.319 agentes activos y 1.359 policías en prácticas, cuando el catálogo prevé 78.137, y solo tiene cubiertos 45 de los 3.908 puestos para personal que ha pasado a segunda actividad tras dejar las tareas operativas. Hace un año eran 64.488 activos, según Hacienda.

“La indefensión y los daños económicos son intolerables”

“Es intolerable la situación de indefensión y los daños económicos que tiene que soportar el sector agrario por la dejadez y la incompetencia de un Gobierno central que los abandona a su suerte”, señaló Heredia, quien considera “urgente” que el ejecutivo “actúe ante la realidad que se está viviendo en nuestros campos, ya que al perjuicio económico hay que sumarle la sensación de inseguridad”. “No puede ser que los propios ciudadanos tengan que gastarse su dinero para proteger sus fincas”, añadió.

El diputado, que lamentó que el Gobierno haya eludido darle “la cifra global de robos en el campo”, criticó los recortes en la plantilla de la Guardia Civil, cuya reversión reclamó, y calificó de “hachazo” el que esta ha sufrido en provincias como Teruel , Segovia, Lleida, Cuenca, Girona, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya o Castellón, donde ha perdido más del 10% de los efectivos.

“Desde 2012 se vienen cerrando cinco cuarteles de la Guardia Civil al mes”, anotó, mientras apuntaba que muchos puestos “solo pueden abrir durante unas horas al día, todo ello debido a la falta de personal”.

“A lo mejor el número de víctimas sería mayor”

Las correrías del fugitivo de origen serbio Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso y detenido a mediados de diciembre en Teruel por la muerte a tiros de los agentes de la Guardia Civil y un agricultor en Andorra y los disparos que unos días antes sufrían otros dos vecinos de Albalate del Arzobispo que lo sorprendieron robando en su finca, se han convertido en los últimos meses en el caso emblemático de la falta de seguridad en las zonas rurales y de la carencia de medios con la que trabajan los guardias civiles, que rastreaban el monte con chalecos antibalas que se habían tenido que comprar ellos mismos.

Los ataques tuvieron lugar después de que en la zona se denunciaran una docena de robos en casas aisladas y explotaciones agrarias en los días anteriores, según reconoció en el Congreso el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a preguntas del diputado turolense del PSOE Ignacio Urquizu, que le recriminó lo escueto del dispositivo policial desplegado tras el primer tiroteo. “A lo mejor el número de víctimas habría sido mayor” en el caso de haber movilizado más efectivos”, le respondió.

La comparecencia sirvió para ratificar varios datos que Urquizu ya había levantado mediante preguntas por escrito: Italia alertó en mayo de 2017 de la posible presencia de Feher en España y del arma que solía utilizar, una pistola Beretta cuyo peculiar calibre (9,21 milímetros) solo se usa en armas fabricadas en ese país y el Israel y que fue usada en un crimen que se le atribuye en Bolonia, y el 8 de septiembre, tres meses antes de los asesinatos de Teruel, confirmó esa sospecha en otra comunicación.

“No se puso toda la carne en el asador” con el primer aviso y “nadie cotejó la munición empleada en Albalate”, señala Urquizu, para quien “es cierto que se trata de un tipo de delincuente muy especial, pero había indicios que apuntaban a que podía estar en Teruel”. Las fuerzas de seguridad, sin embargo y por indicación de la Fiscalía italiana tras recibir un chivatazo, lo buscaron por Cádiz y Málaga.
Feher se negó este viernes a declarar ante los dos fiscales que se desplazaron desde Italia para interrogarle sobre los dos crímenes de los que es sospechoso en ese país.