El Ayuntamiento de Barcelona y la Sareb han llegado a un acuerdo por el que la entidad, mayoritariamente pública, se compromete a no desahuciar a familias vulnerables y a ofrecerles un alquiler social. El primer resultado, anunciado este jueves por el consistorio, es que 68 familias que vivían en pisos de este gran tenedor ya se han podido acoger a un alquiler social por el que pagarán entre el 12% y el 30% de sus ingresos.

En total, el Ayuntamiento prevé regularizar la situación de casi 300 familias que viven en pisos de la Sareb y que suman un millar de personas. El acuerdo ha sido celebrado por el movimiento de la vivienda, que ha apuntado que avanza en el cumplimiento de la ley catalana antidesahucios 24/2015 y que ya prevé que los grandes tenedores tengan que ofrecer alquiler social antes de desahuciar a personas vulnerables.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la concejala de Vivienda, Lucía Martín, quien ha calificado el acuerdo de "muy relevante". Martín ha admitido que se ha estado negociando durante meses con los nuevos responsables de la Sareb para encontrar una salida, según informa la ACN. Desde inicios de año, esta entidad tiene una participación mayoritaria del Estado -aunque tan sólo del 50,14%-, mientras que los demás accionistas principales son el Banco Santander, CaixaBank y el Banc Sabadell, que acumulan el 40% de las acciones.

La Sareb tiene en Barcelona 824 viviendas, de las que sólo 60 estarían vacías, según fuentes de la propia entidad, y el resto estarían alquiladas u ocupadas. Martín ha señalado que el acuerdo permite dar respuesta a cientos de familias que vivían sin contrato en viviendas de la Sareb y se enfrentaban a un proceso de desahucio. Concretamente, las 68 familias incluidas en el primer paquete que ya ha podido acceder al alquiler social son 123 adultos y 93 menores.

Según Martín, las mensualidades serán de entre 50 y 250 euros al mes, según los ingresos y situación de cada familia, con contratos de hasta siete años. La concejala ha destacado como importante que el acuerdo "protege" a un millar de personas y al mismo tiempo permite reducir la lista de la mesa de emergencia, porque algunas estaban esperando un piso público. "Habrá 300 viviendas [de la Mesa] que quedarán liberadas", ha indicado. También ha destacado "el compromiso de un gran tenedor con la ley 24/2015".

El acuerdo ha sido celebrado por el movimiento de la vivienda, que ha apuntado que avanza en el cumplimiento de esta ley impulsada con una ILP y que ya prevé que los grandes tenedores tengan que ofrecer alquiler social antes de desahuciar a personas vulnerables.

Sin embargo, en la práctica muchos lo incumplen y los diferentes colectivos deben negociar caso a caso. "Cualquier avance que permita que una familia no afronte un desahucio es positivo. Esto viene de una lucha continuada", ha explicado a Público Maria Antònia Castellana, portavoz del Grupo Promotor de la Ley, formado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC i la Alianza contra la Pobreza Energética. Según el Ayuntamiento, parte de las familias que accederán ahora a un alquiler social cumplen los requisitos establecidos en la 24/2015, mientras que otras no pero también las considera en situación de vulnerabilidad.

Reclaman que se extienda a toda Catalunya

En un comunicado, el grupo promotor afirma que es "una anomalía inadmisible" que una entidad pública "incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, al igual que pretenden hacer los fondos buitre a diario". Por eso reclaman que Sareb se comprometa a no desahuciar a familias vulnerables en toda Catalunya, y no sólo en Barcelona. Otros municipios, como Sant Celoni y Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) también han firmado acuerdos de alquiler social con la Sareb.

En última instancia, lo que pide el movimiento por la vivienda es que los inmuebles de esta entidad pasen a ser públicos, ampliando así el 2% de parque público existente ahora en el Estado. "La Sareb debe ceder todo su patrimonio, que fue pagado con fondos públicos", sostiene Castellana. Defiende que esto se incluya en la Ley de Vivienda, actualmente bloqueada en el Congreso precisamente por el desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre medidas como ésta y la regulación de los alquileres.

El acuerdo de Barcelona con la Sareb llega después de que en septiembre la Generalitat anunciara que había multado a 57 grandes propietarios con multas de 30.000 euros por incumplir la obligación de ofrecer alquiler social. Además, también ha reforzado la Agencia Catalana de Consumo con 19 trabajadores que velen exclusivamente por el cumplimiento de esta ley. Sin embargo, el movimiento por la vivienda reclama que comience la campaña informativa que estaba prevista para este otoño y de la que afirman todavía no saber nada.