La situación de la sanidad pública decidió buena parte de las elecciones
andaluzas que en 2019 llevaron a PP y Ciudadanos al Gobierno, tras 37 años de gestión socialista. No en vano, se le llamaba entonces la 'joya de la corona' y andaba pachucha.

Por eso, su estado actual también puede ser determinante en las elecciones del próximo 19 de junio. Y las percepciones son muy distintas: el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, habla de un 30% más de profesionales, de acuerdos históricos con los trabajadores, mientras diversos estudios de organizaciones de profesionales y sindicales revelan un retroceso del gasto y un notable incremento de la privatización del sistema de salud.

La Junta, con el PP al mando de la Consejería de Salud y Familias, empezó la legislatura apretando fuerte, con medidas de choque para intentar taponar las heridas que tenía abiertas el sistema público sanitario andaluz, fundamentalmente para reducir las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas y para garantizar un mínimo de seis meses en la contratación del personal. Y la ha acabado con un acuerdo in extremis con los sindicatos, sellado en abril para mejorar las condiciones laborales de 72.000 profesionales. Pero, por medio, ha habido una pandemia, muchas protestas de usuarios y trabajadores, largas esperas para recibir atención médica y una gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha sido muy criticada desde diferentes sectores.

Los datos aportados por el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han sido una de las principales pruebas de cargo contra esa gestión. Según un estudio publicado en mayo de 2021 sobre la situación de los servicios sanitarios de todas las comunidades autónomas, Andalucía es, después de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud, cuando en 2014 tenía el sexto mejor servicio sanitario de España. Para llegar a esa conclusión, los autores del informe analizan diferentes parámetros, como el gasto por habitante, número de camas y profesionales, valoración de los ciudadanos o listas de espera en cada región.

De acuerdo con esos datos, Andalucía tiene el tercer presupuesto sanitario per cápita más bajo del país, 1.388 euros frente a los 1.949 de Asturias, que es el mayor; dispone del menor número de camas hospitalarias por cada mil habitantes, 2,19; el menor número de médicos en atención especializada y en primaria, y de los más bajos de enfermería.

Todo eso redunda en una mala opinión de los usuarios, que conceden al sistema sanitario público andaluz la nota más baja, empatada con Catalunya y por detrás de Canarias, que ocupa el último puesto en valoración, según este informe.

La sexta comunidad con más privatización

La gestión que se ha llevado a cabo en el SAS en los últimos años también arroja otras conclusiones importantes en relación al grado de privatización de sus servicios, algo que ha sido analizado igualmente en otros informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, una organización de profesionales sanitarios con representación en todo el Estado español. Concretamente, su último estudio sobre este tema, publicado este mismo mes de mayo, revela que desde 2019 Andalucía ha ido subiendo progresivamente en la clasificación de las comunidades con mayor grado de privatización, hasta situarse en el sexto lugar, cuando hace ocho años, en 2014, se encontraba entre las cinco regiones con un menor nivel de privatización de sus servicios sanitarios.

En este informe se tienen en cuenta el gasto por habitante en seguros, el porcentaje del gasto sanitario público destinado a contratar centros privados y de camas en esos centros, número de consultas en clínicas privadas, la incidencia de modelos de colaboración público-privada y porcentaje de población cubierta con mutualidades de funcionarios, entre otros factores.

Los datos del estudio reflejan que Andalucía es ya la tercera comunidad española con mayor porcentaje de camas en hospitales privados, tras Madrid y Catalunya, la cuarta en consultas a especialistas de consultas privadas y la quinta en médicos generalistas, así como la sexta en gasto por habitante en seguros sanitarios.

Un informe de CCOO de Andalucía elaborado en 2021 ya había constatado un notable incremento del presupuesto que destina la Junta a la asistencia sanitaria con medios ajenos, es decir, mediante conciertos o colaboraciones con empresas privadas. Según sus datos, la previsión que se hizo para este concepto en el presupuesto de 2022 -que finalmente no se aprobó por la falta de apoyos parlamentarios- suponía un aumento del 42,95%, de 463,7 millones de euros a 662,9 millones, o sea, casi 200 millones de euros más. En ese cálculo se incluyen los gastos en medios ajenos a la sanidad pública para conciertos, diálisis, asistencia con especialistas, diagnósticos, transportes y otros servicios.

El último proceso de privatización que ha sido duramente criticado es el de la ampliación del contrato a Clínicas Pascual en la provincia de Cádiz, donde esa empresa ya tenía una amplia implantación. Según denunció la Federación de Consumidores y Usuarios Facua, la Junta va a abonar a esa empresa en un plazo de cinco años más de 771 millones de euros para prestar servicios de asistencia especializada y hospitalaria en sus centros de la capital gaditana, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. "No hay dinero para reponer las plantillas de la Atención Primaria de toda Andalucía, que supondría un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros, no hay dinero para el
necesario nuevo Hospital Regional para la provincia de Cádiz, o para un nuevo
Materno-Infantil en Huelva, pero sí hay para un nuevo concierto para complacer a la empresa Pascual y ampliar su poder", afirmaba por su parte la coordinadora andaluza de las Mareas Blancas.

Unos 20.000 millones perdidos desde los primeros recortes

Las Mareas Blancas, que defienden la sanidad pública y que sólo en el último año han convocado unas 150 movilizaciones de protesta por el estado que esta atraviesa en Andalucía, tienen muy claro que los problemas del sistema de salud no empezaron en enero de 2019 con el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos.

Estas plataformas sociales, formadas en su mayoría por profesionales sanitarios jubilados o en activo, entienden que el mal empezó con los recortes del gasto público ejecutados a raíz de la crisis económica del principio de la segunda década del siglo XXI, cuya gestión correspondió a  la Junta que gobernaba aún el PSOE, pero creen también que en los últimos tres años y medio no se ha hecho nada por mejorarla, por recuperar el terreno perdido, y que, al contrario, casi todo ha ido a peor.

"No se ha llegado a recuperar nada de lo que se ha perdido en inversión en la sanidad pública, que son unos 20.000 millones de euros desde 2009", señala José Brieva, médico jubilado y portavoz de las Mareas Blancas, quien advierte de que los problemas han aumentado en estos últimos años, no sólo a causa de los estragos que ha originado la pandemia de la covid-19 en el sistema sanitario, sino también por el envejecimiento de la población –ya hay un millón y medio de personas con más de 64 años- que requiere una mayor atención médica y, por tanto, un mayor gasto en salud.

A falta de un incremento presupuestario suficiente para restituir lo que se perdió con los recortes anteriores y cubrir las mayores necesidades de atención actuales, Brieva considera que la sanidad pública andaluza sufre ahora "un auténtico deterioro". Y eso es algo que, a su juicio, se puede apreciar fácilmente en el colapso que sufren muchos centros de salud, en las listas de espera para ser atendidos en atención primaria, en especialidades y también quirúrgicas -860.000 personas en total, es decir, uno de cada diez andaluces-, y en la progresiva privatización del sistema que ha llevado ya a 1,7 millones de personas a optar por contratar un seguro médico para recibir un servicio más ágil.

No tienen una visión más optimista sobre el estado de la sanidad pública andaluza en el sindicato CCOO, desde donde, aun admitiendo que la pandemia ha causado mucho estrés al sistema, subrayan que la covid ha puesto al descubierto muchas de sus deficiencias, sobre todo en su primer escalafón, en su puerta de entrada. "La Atención Primaria está machacada, cansada, maltratada. Ahí es donde están ahora los grandes déficits, los grandes problemas, sobre todo por la escasez de trabajadores, que ya están muy agotados, además", dice su secretario regional de Sanidad, José Pelayo Galindo.

Según este sindicato, el tiempo de espera para ser atendidos por el médico de cabecera ha aumentado y, aunque han disminuido las cifras globales de las listas de espera del SAS, ha sido a costa de reducir los tiempos para las tipologías menos graves y más numerosas e incrementar los de las graves y más complejas.

Los informes de CCOO, como el mencionado anteriormente, incluyen estadísticas sobre el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza. Y Pelayo Galindo cree que esos datos demuestran que la Junta gobernada por PP y Ciudadanos "ha multiplicado" los esfuerzos para potenciar los modelos de colaboración público-privada. "Eso –afirma- deteriora la sanidad pública y rompe la equidad y la cohesión de la población. Se puede decir que han sido los años más neoliberales, con el aumento de los conciertos, de los apoyos a la privada. Vamos hacia modelos de otras comunidades gobernadas por el PP
que tienen mucho más externalizados los servicios públicos sanitarios".

Faltan más de mil médicos en Atención Primaria

En el Sindicato Médico Andaluz ven con otra perspectiva el estado de la sanidad
andaluza. Aunque esta organización sindical profesional había dicho al principio de la legislatura que no se había cumplido ninguna de sus expectativas con el nuevo gobierno, al terminar el mandato considera que la situación del sistema sanitario está "razonablemente controlada" y se ha mejorado en relación a años anteriores y a otras comunidades autónomas, sobre todo en lo que respecta a las condiciones laborales de sus profesionales.

A ello han ayudado, según su presidente, Rafael Carrasco, dos acuerdos firmados entre Junta y sindicatos: uno en 2020 sobre el pago de las guardias y el complemento de exclusividad, y otro suscrito apenas hace un mes, sobre la continuidad de la jornada y el acceso a la carrera profesional, entre otros aspectos. Esos acuerdos han permitido, por ejemplo, que la guardia de un médico se pague a un poco más de 22 euros la hora, 7 euros más que antes y ya en la media española, según esta organización sindical.

"Hemos conseguido una mejora en las retribuciones que no teníamos desde hacía tiempo", asegura Carrasco. Sin embargo, este sindicato también considera que aún faltan cosas que mejorar, por ejemplo, aumentar la plantilla de médicos del sistema público andaluz, sobre todo en la Atención Primaria, en la que, según sus cálculos, harían falta entre 1.000 y 1.500 profesionales más para cubrir la demanda de consultas que tiene actualmente. O diseñar de una vez un plan estructural para abordar con previsión todas las necesidades del sistema, entre ellas las listas de espera, y no responder a los problemas que se van presentando con medidas de choque coyunturales para salir del paso.

Los bajos salarios de los médicos en Andalucía constituyen uno de los motivos
principales de la fuga de estos profesionales a otras comunidades autónomas o al extranjero, donde cobran más por el mismo trabajo. El Informe de Demografía Médica que elabora el Consejo Andaluz de Médicos (CAM) reveló en su último estudio la falta de médicos especialistas en esta comunidad, la cual atribuye, fundamentalmente, a la escasez de oferta de plazas MIR para formar a nuevos facultativos y a razones retributivas. Según este informe, 474 médicos andaluces se fueron a trabajar en 2020 a otras comunidades y 49 al extranjero.
Otro informe, el Estudio Comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en España entre 2009 y 2018, elaborado por la Organización Médica Colegial que representa a los facultativos colegiados de toda España, refleja que el sueldo neto de los profesionales andaluces, sin contar las guardias, era en ese último año de los más bajos del país en todas las tablas y estaba entre 148 y 509 euros por debajo del salario medio neto estatal, que se situaba entre 2.449 y 3.539 euros.

Reacción tras el despido de 8.000 trabajadores

El frente laboral ha sido especialmente cuidado por la Junta en los últimos meses de la legislatura, después de la marejada que levantó su decisión de despedir en octubre a 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios que había contratado de refuerzo para hacer frente a la pandemia en los hospitales andaluces. Aquel despido originó un gran número de concentraciones y manifestaciones de organizaciones sociales y sindicales en toda la comunidad, ante lo cual el Gobierno andaluz reaccionó en marzo, semanas antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas, con la aprobación de una partida extraordinaria de 345 millones de euros para hacer cerca de 12.000 contratos de refuerzo en el SAS hasta finales de año.

Luego, en abril, llegó el acuerdo in extremis con los sindicatos que Moreno Bonilla calificó de "histórico". "Todas estas mejoras para los profesionales sanitarios suponen una inversión de 102 millones para este año y supondrán sumar 170 millones anuales a las retribuciones de nuestros sanitarios", dijo, al anunciar el acuerdo, el candidato por el PP a la reelección como presidente de la Junta. Según sus datos, en Andalucía hay ahora 30.000 profesionales, seis hospitales, cinco centros de salud y 448 UCI más en la sanidad pública que cuando él llegó al cargo.

Otro termómetro para medir el estado de la sanidad son las quejas que presenta la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Y el último informe anual de la defensoría reflejó que en 2021 aumentaron un 35% las consultas y quejas por la atención sanitaria recibida en centros de salud y hospitales de la comunidad. El incremento de las quejas se debió, fundamentalmente, a temas relacionados con el tratamiento de la covid-19, deficiencias en la atención pediátrica a la infancia y también en la cobertura de la salud mental.

Precisamente, la salud mental es uno de los componentes del sistema sanitario público andaluz que arrastra más insuficiencias. La Federación Salud Mental Andalucía ha alertado recientemente que la tasa de psiquiatras y psicólogos en esta comunidad es la mitad que la media española, que a su vez es bastante inferior a la media de la UE.

Según sus datos, en la comunidad andaluza sólo hay seis psiquiatras y tres psicólogos por cada 100.000 habitantes, totalmente insuficientes para cubrir la demanda creciente en este campo de la salud.

En un documento con un decálogo de medidas urgentes dirigido a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 19 de junio, esta organización de familiares y personas con problemas de salud mental advierte: "La Federación lleva dos años alertando y poniendo de manifiesto el aumento de este gran problema, a pesar de que el número de personas afectadas por Trastorno Mental Grave no ha sufrido un incremento exponencial por la pandemia, sí lo han hecho los problemas leves o moderados de salud mental. Ello supone una importante saturación de los recursos, cuando ya venían siendo infrafinanciados y manifiestamente insuficientes respecto al número de personas que estaban atendiendo".

En su informe de 2021 presentado en el Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz recogía también estas carencias. Concretamente, la defensoría afirmaba que el control eficaz en la evolución de la patología y la adherencia al tratamiento "se ven lastrados por el distanciamiento entre citas con el especialista que hace el seguimiento, debido a la ínfima dotación de profesionales sanitarios en este ámbito". Y añadía que le parecía "especialmente escaso" el número de psicólogos clínicos, lo que, a su entender, dificulta que las personas que necesitan una psicoterapia individual puedan acceder a terapia en
esta modalidad o completar con ella el tratamiento farmacológico prescrito.