Han pasado cinco años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara el polémico Real Decreto Ley que dejó sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas, la mayoría inmigrantes en situación irregular. Pese a que gran parte de los gobiernos autonómicos -a excepción de Castilla y León y de las ciudades de Ceuta y Melilla- se rebelaron contra la reforma o aprobaron medidas para mitigar sus efectos, el número de personas a las que se les ha negado la asistencia sanitaria desde entonces sigue siendo alarmante.

"Los inmigrantes ilegales no tienen derecho pero se les atiende", aseguró la actual ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, en su comparecencia en una Comisión del Congreso el pasado 20 de diciembre.

Los datos no muestran lo mismo. Reder, una red de denuncia y resistencia al real decreto integrada por la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, entre otros muchos colectivos, denuncia que sólo entre enero de 2014 y hasta marzo de 2017 han registrado hasta 3340 casos de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud; siendo 1840 inmigrantes en situación irregular.

Entre ellos hay casos muy graves, o que incluso están dentro de las propias excepciones que contempla la ley para mujeres embarazadas, menores, situaciones de urgencia o vícitmas de trata y solicitantes de asilo. Y no se trata de hechos aislados. Reder ha documentado 146 casos de mujeres embarazadas a las que se les ha negado asistencia, así como 243 casos de menores, 26 casos de solicitantes de asilo y 341 casos de denegación o facturación indebida en urgencias.

"No sólo no es cierto que en España nadie se queda sin asistencia sanitaria sino que son muchas las personas que se ven privadas de cuidados esenciales", señala la red de colectivos, que advierte de que no tienen capacidad para conocer todos los casos que se han ido produciendo y que, por tanto, intuyen que la cifra de excluidos es en realidad "mucho mayor".

Entre los casos documentados también se incluyen el de 51 personas con cáncer, 74 con enfermedades cardiovasculares, 107 de diabetes, 87 de hipertensión, 53 de salud mental grave y 26 casos de VIH. Asimismo, hay 619 casos de personas a las que, siendo ciudadanos europeos, se le ha negado la asistencia por no estar cotizando a la Seguridad Social en España. Estos constituyen el 19% de los casos, el segundo grupo más amplio, por detrás de los latinoamericanos, los más afectados por la exclusión (49%).

Como L.M., una mujer boliviana víctima de trata con fines de explotación sexual que debe 30.000 euros a la Axencia Tributaria de Galicia después de que se le cobraran dos asistencias hospitalarias: una por las lesiones provocadas por una agresión machista y otra por dar a luz.

O como F.V., una mujer venezolana de 33 años que reside en Aragón con su pareja española y a la que le diagnosticaron una grave enfermedad contagiosa. Comenzó a recibir facturas del hospital sin que nadie entre el personal sanitario le explicara que podía acceder al Sistema Nacional de Salud, puesto que Aragón tiene desde 2015 una normativa propia de la que puede beneficiarse.

No sólo se excluye a inmigrantes sin papeles

La mayor parte, el 56% de los excluidos, eran inmigrantes en situación irregular, pero en la lista también hay un 8% que tenía un permiso de residencia válido, un 4% con visado de turista o estudiante, un 1% en trámites de solicitar asilo o un 1% de nacionalizados españoles.

"Conviene recordar que nuestro sistema sanitario no se financia a través de las cotizaciones en la Seguridad Social sino por medio de impuestos, tanto directos (como el IRPF) como indirectos (como el IVA, el impuesto sobre el tabaco, etc.). Por tanto, cualquier persona en situación irregular que vive en España está contribuyendo, a través del consumo, al sostenimiento del sistema sanitario del cual se la excluye".

Aún así, Reder advierte de que uno de los problemas más importantes sigue siendo la falta de información, en la mayoría de los casos por parte de los beneficiarios, pero también del personal sanitario "que les deniega la asistencia por falta de conocimiento de la nueva regulación". En este sentido, la red exige "la puesta en marcha de campañas informativas integrales".

Gráfico de excluidos según su procedencia y su situación administrativa