Bajo la premisa de que "nadie está a salvo hasta que todo el mundo está a salvo", el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta nueva norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad, supone un hito en la recuperación del derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para diversas categorías de residentes en España, incluidas las personas migrantes en situación irregular. 

La propuesta legislativa tiene como objetivo principal ampliar el acceso a la atención sanitaria, garantizando la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Además, supone la derogación del decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, que estaba dirigido a solucionar las limitaciones de acceso de estas personas migrantes, pero que en la práctica ha sido completamente ineficaz a la hora de frenar su exclusión.

"La ley que introdujo en el año 2012 el Partido Popular (que expulsó a cerca de 750.000 personas de la atención médica gratuita) iba en contra del código deontológico de los propios profesionales sanitarios, que no podemos excluir a nadie ni negar la asistencia. Esta ley cierra una brecha que se abrió en esos años y pone a nuestro país a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Una de las disposiciones más destacadas es la ampliación del derecho a la atención sanitaria para ciudadanos españoles residentes en el extranjero, así como para aquellos que se desplazan temporalmente al territorio español, junto con sus familiares, cuando no estén cubiertos por regulaciones comunitarias o acuerdos bilaterales.

El proyecto también contempla la extensión de los derechos de protección de la salud y atención sanitaria a ascendientes reagrupados por familiares que ya tienen derecho a la asistencia sanitaria en el SNS. Esta medida se aplica siempre que no exista una obligación de pago por parte de terceros.

¿A quién beneficiará el blindaje de este derecho?

De manera significativa, el proyecto garantiza el acceso para las solicitantes de protección internacional, beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos con estancia temporal autorizada y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, lo que incluye a los migrantes en situación irregular.

En el caso específico de este último grupo, la asistencia sanitaria estará financiada por fondos públicos, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como la ausencia de cobertura obligatoria en el país de origen y la falta de un tercero obligado al pago. Estos requisitos podrán ser acreditados mediante una declaración responsable.

Además, el proyecto aborda la prestación farmacéutica, integrando a todos los grupos mencionados en el sistema para que no tengan que afrontar el costo total de los medicamentos. La ley también restablece la "cartera común de servicios única", que agrupa distintos tipos de servicios asistenciales y garantiza que no se puedan implementar nuevos copagos.