La tendencia es clara en la sanidad andaluza: baja el peso del gasto en la pública, ya el más bajo por habitante de toda España, a la vez que sube el de la privada y crecen los conciertos con empresas sanitarias para operaciones y pruebas médicas que se pagan con el presupuesto de la Junta. Así lo constatan los datos del propio sector privado, aglutinado en la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que este jueves ha presentado su último informe anual.

El reciente fichaje del que era viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía por una de las grandes aseguradoras sanitarias, Asisa, tan solo cuatro meses después de haber dejado el cargo, ha encendido las alarmas en torno a la financiación de la sanidad pública en la comunidad más poblada de España y el dinero que se transfiere a la privada desde los presupuestos de su administración, gobernada por el PP durante los últimos cinco años.

El informe Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024, elaborado por la fundación en la que están representadas Asisa y el resto de las grandes empresas sanitarias y farmacéuticas del país, refleja que el gasto de la Junta de Andalucía en la sanidad pública en 2023 fue de 1.600 euros por habitante, el más bajo de España, 950 euros inferior al más alto, que registró Murcia. Sin embargo, el gasto sanitario privado per cápita en la comunidad andaluza, situado en 618 euros, no fue el más reducido, ya que superó al de otras seis comunidades autónomas.

Las cifras recogidas por el lobby de las compañías sanitarias, con datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, muestran que el gasto en la sanidad pública en Andalucía ha ido perdiendo peso en los últimos cuatro años, al mismo tiempo que lo ha ido ganando la privada. Desde 2020 a 2023, el porcentaje del gasto por habitante en la pública se ha reducido 2,5 puntos, de suponer el 74,7% del total al 72,2, mientras que el de seguros y otros servicios de la privada ha subido desde el 25,3% hasta el 27,8%.

El gasto por habitante resulta muy esclarecedor, además, en una comunidad que ha aumentado su población en los últimos años, al contrario de otras más envejecidas que la han perdido: casi 30.000 más en 2019, 50.000 en 2020, cerca de 8.000 en 2021 y 45.000 más en 2023, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La población actual sería en torno a 190.000 personas mayor que la que había hace cinco años, un factor a tener muy en cuenta a la hora de calibrar el peso del incremento de los presupuestos que se destinan cada año, en este caso, a la sanidad pública.

Sube un 33% el presupuesto para asistencia privada

Los informes de IDIS revelan también que el presupuesto que destina la Junta a la asistencia sanitaria con medios ajenos (privados) aumentó un 38% entre 2018 –el año antes de la llegada del PP al poder– y 2024, lo que supone la concesión de 160,4 millones de euros más a empresas que prestan servicios médicos y hospitalarios a la sanidad pública. En 2018, el último año de gobierno del PSOE, se había producido, además, un descenso de un 2% en estas partidas, que recibieron 8,2 millones de euros menos que en 2017, de acuerdo con estos estudios.

El capítulo de asistencia sanitaria con medios ajenos incluye la prestación de servicios en centros cerrados, hospitales, de diferentes especialistas, diálisis, diagnósticos y transporte sanitario. Y el informe del lobby del sector presentado este jueves muestra que Andalucía es la comunidad donde más aumentó el porcentaje del presupuesto público asignado a los conciertos con la privada entre 2021 y 2022, un 0,6%, índice únicamente superado por el 0,7 de Madrid, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En el resto de las comunidades bajó el porcentaje de la cuantía destinada a conciertos o prácticamente se mantuvo en ese periodo, salvo Cantabria, que subió un 0,2.

En 2024, Andalucía ha destinado el 4,4% de su presupuesto de sanidad a pagar conciertos, casi 580 millones de euros, lo que la sitúa como la décima comunidad autónoma española con un mayor porcentaje de gasto público en asistencia sanitaria prestada por empresas privadas. Los informes anuales de IDIS revelan que el gasto andaluz en estos conciertos aumentó un 0,41% entre 2008 y 2018, cuando gobernaba la Junta el PSOE. Sin embargo, el gran salto se produjo en 2022, ya con Juan Manuel Moreno Bonilla en la presidencia, cuando el gasto creció un 16,5%, al subir de golpe 76,4 millones de euros: de 463,7 a 540,7 millones. Un año después, en 2023, su presupuesto aumentó un 3,2% y este año lo ha hecho otro 3,7.

El presupuesto de la Junta que se destina a la asistencia sanitaria por medios ajenos a la pública se gasta de la siguiente forma, de acuerdo con los datos de 2024: el 40,5% en conciertos con instituciones cerradas, el 13,7% en servicios de diálisis, el 8,8 en asistencia sanitaria con especialistas, el 30% en transporte sanitario (ambulancias), el 6,06 en servicios de carácter diagnóstico (tomografías, resonancias magnéticas) y el 0,7 en otros servicios sanitarios.

Casi el doble de hospitales privados que públicos

El informe de las grandes empresas del sector sanitario español también constata que en Andalucía ya hay casi el doble de hospitales privados (59) que públicos (34), aunque estos últimos tienen el 75% de las camas hospitalarias de la región. No obstante, la comunidad andaluza es la tercera con más camas privadas, después de Madrid y Catalunya, y tiene el doble que la cuarta, que es la Valenciana, que cuenta con cinco hospitales públicos más que Andalucía y la mitad de privados.

El progresivo hundimiento del sector sanitario público andaluz ya lo habían constatado los informes anuales de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). En el de 2023, Andalucía figuró por primera vez como el peor sistema sanitario público de España en un estudio en el que se analizan datos de financiación, gasto por habitante, dotación de plantillas, camas hospitalarias, gastos farmacéutico, listas de espera y opinión de la ciudadanía. Del puesto medio bajo que ocupaba en 2018, la sanidad andaluza ha ido descendiendo año tras año hasta ocupar el último lugar de la tabla.

"Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado y, por eso, es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización", advierte la FADSP, que en sus análisis sobre privatización ha detectado un camino inverso de Andalucía: de los últimos puestos en índices de procesos privatizadores que ocupaba en 2014, ha pasado a los primeros lugares en 2023.

"La privatización está desbordada en Andalucía, después de haber estado un tiempo haciéndolo en silencio. Ahora ya no hay silencio. Están haciendo barbaridades", dice a Público el coordinador de FADSP en la comunidad andaluza, Antonio Vergara, que destaca como prueba de todo ello la contratación del que era viceconsejero de Salud como director médico en la empresa Asisa.

"Venía de la empresa privada, luego ocupa el cargo de gerente en el SAS, luego viceconsejero y después vuelve a la privada con todos los datos, con todos los planes estratégicos de la pública que ha hecho, con lo cual se convierte en un espía de oro para la privada", afirma Vergara, médico jubilado.

Derivaciones "masivas" de pacientes a la privada

A juicio de las organizaciones de defensa de la sanidad pública, esta política de la Junta se traduce en derivaciones cada vez más masivas de pacientes a la privada para reducir, además, unas listas de espera "escandalosas". En febrero, anunció un nuevo plan dotado con casi 120 millones de euros para operar a partir de este mes de abril en la privada a 90.000 pacientes de la pública. "La apuesta de la consejería –asegura Vergara– es que los problemas de la sanidad pública los resuelva la privada. Y nosotros decimos que lo que hay que hacer es mejorar el sistema público".

La FADSP sostiene que el deterioro de la sanidad pública en Andalucía ya comenzó con los anteriores gobiernos del PSOE, con la reducción del gasto a raíz de la crisis económica que se inició en 2008, y luego continuó tras la llegada del PP a la Junta y se agravó con la pandemia de la covid. Pero los incrementos presupuestarios de los últimos años no han paliado, a su entender, el déficit acumulado tras los recortes de la crisis, ni tampoco han tenido en cuenta el aumento de la población, sobre todo de la mayor de 64 años, que requiere más cuidados.

"Han aumentado el presupuesto sanitario a costa de aumentar las derivaciones a la privada. El 40% de toda la actividad de la sanidad pública está ahora en manos de la privada. El modelo de colaboración público privada que defiende la Junta supone un adelgazamiento del sector público y lo único que hace es engordar a la privada con dinero público", subraya Antonio Vergara.

El caso más significativo de la penetración del sector privado en la sanidad andaluza es el de Málaga, la cuarta provincia de España con mayor porcentaje de población con un seguro médico y la primera de Andalucía. Tal ha sido el avance que el número de médicos y camas hospitalarias ya casi se han igualado entre la sanidad pública y privada malagueñas.

Según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en la provincia de Málaga había en 2022 un total de 497.902 personas con seguros privados de salud, un 84% más que una década antes. Este dato supone que el 28,91% de la población malagueña dispone de un seguro sanitario, porcentaje que en España únicamente superan la comunidad de Balears, Barcelona y Madrid.

Los informes de IDIS reflejan que el número de pacientes con seguros privados aumentó un 20,7% en Andalucía entre 2018 y 2023, hasta superar la cifra de 1,8 millones de asegurados y registrar un porcentaje de penetración del 21,4%.