Las conversaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para solucionar el conflicto ambiental sobre Doñana avanzan lentamente y, por el momento, no hay una solución en el horizonte que convenza a Juan Manuel Moreno Bonilla de que debe retirar definitivamente su ley de regadíos. El Ejecutivo andaluz ha deslizado en varias ocasiones la idea de una permuta con la que la Administración estatal para otorgar a los regantes ilegales tierras de cultivo alejadas del Parque Nacional.

Este domingo ABC avanzaba un posible acuerdo y publicaba que el gabinete de Teresa Ribera se abría al intercambio de tierras para sacar a los regantes ilegales de Doñana. Sin embargo, fuentes de Transición Ecológica desmienten que esa esta medida que pueda esté –o vaya a estar– sobre la mesa: "La permuta de terrenos está totalmente descartada".

La vicepresidenta tercera ya dejaba claro en una entrevista con El País que la compra de suelo usado para agricultura de regadío por parte del Gobierno no podría ser una opción, ya que sentaría un precedente para otras zonas de España donde los agricultores puedan extraer agua de manera ilegal.

La permuta de tierras es una de las soluciones planteadas desde la Junta, pero plantea problemas que más allá de lo moral o ético. Juanjo Carmona, portavoz de WWF, explica que la mayoría de las tierras de cultivo que expolian agua de los acuíferos de Doñana son realmente públicas que son labradas y trabajadas por agricultores que pagan un canon. "Para que se pudieran cambiar por otras tierras, tendría que hacerse por otras tierras públicas fuera de Doñana", dice.

La otra cuestión, que también sirve para las tierras que sí son privadas, es cómo justificar un cambio de un suelo de secano, más barato, por otro de regadío, de más valor. "Todo eso se tendría que justificar legalmente. ¿Cómo van a hinchar el valor del terreno de secano? Se complica por cuestiones legales, no hay más", opina.

Los ecologistas, además, consideran que, más allá de las cuestiones legales, la permuta de tierras –o la compra directa– lanza un mensaje inequívoco para quienes sí cultivan sus tierras de manera regular. "Si tu estás cultivando en secano, con esto te están diciendo que si cambias tu cultivo a regadío te van a premiar y te van a dar unas tierras de regadío, con más valor, en otra zona", indica Carmona.

La Junta mantiene la ley de regadío 

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz dijo este lunes en Huelva que las conversaciones con el Gobierno y los afectados proseguían y que iban por buen camino. No en vano, el político ya ha lanzado la primera amenaza y ha dejado claro que si las cosas no salen como la Junta plantea la ley volverá sacarse del cajón. "Nosotros no vamos a traicionar en ningún caso a los agricultores de Huelva. No hemos retirado ninguna ley, la tenemos aparcada, en pausa hasta ver el resultado de estas reuniones".

La clave de un pacto pasa por tanto porque los propietarios de terrenos que el PP andaluz pretende recalificar con su ley –pasarían a ser regables, con lo que verían de un plumazo incrementado su valor– acepten las propuestas que se les hagan. Sanz manifestó: "Podemos encauzar una estrategia de impulso y potenciación de la economía de Huelva", en el entendido de que esta suponga un "apoyo a sus sectores productivos y, entre ellos, a los agricultores".

Sobre el contenido de esta estrategia, Sanz no dio mayores detalles, más allá de asegurar que se están "recogiendo sugerencias y propuestas de todos los colectivos", entre los que mencionó a los alcaldes de la zona y a los sectores económicos, agrícolas y medioambientales.