El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso asumió el coste de material sanitario y de protección de residencias de mayores y de personas con discapacidad privadas o concertadas de Madrid sin paserles factura. 

Los centros recibieron mascarillas, batas, geles y monos durante el estado de alarma entregado por el Gobierno regional por valor de casi 3,2 millones de euros, según una información facilitada a través del Portal de Transparencia y que recoge el diario El País. 

Mientras, el drama por la escasez de material sanitario para atajar al coronavirus hizo que los hospitales madrileños bordearan el colapso ante la llegada masiva de enfermos con covid durante la primera ola de la pandemia.

Un panorama que ha culminado con investigaciones como las carencias en las UCI covid del Hopsital La Paz, denunciadas por el sindicato MATS que notificó la escasez de equipamientos tan básicos como son los lavamanos o las tomas de oxígeno. 

Entregas a 449 residencias privadas o concertadas 

Según el informe, 449 residencias privadas o concertadas, con 45.595 plazas tuvieron acceso a este material, donde se repartieron 455.723 mascarillas quirúrgicas, 227.334 de tipo FFP, 1.212 batas, 2.329 gafas de protección, 462 monos, 234 calzas y 143 geles. 

Estas entregas comenzaron el 28 de marzo, cuando la pandemia alcanzaba su pico de letalidad y terminó el 8 de junio, con la desescalada. Además, según recoge el portal de Transparencia "se tuvo en cuenta la situación crítica de los centros en función de la incidencia de los casos, el número de plazas autorizadas y las necesidades manifestadas de los centros". 

Las residencias de la Comunidad de Madrid han sido uno de los mayores focos de la epidemia en toda España por ser uno de los lugares de concentración de población de riesgo. Desde que comenzó la pandemia, 7.690 personas murieron en las residencias, de las que 1.203 dieron positivo en covid-19, según datos aportados por el ejecutivo regional. 

Ante esta situación, familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés presentaron una querella a finales de mayo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad y de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique Ruiz-Escudero y Enrique López, respectivamente, por su gestión en estos centros. También contra los directores de cinco geriátricos de dichas localidades. 

A final de 2020,  cientos de casos denunciados sobre la muertes en residencias y la "negligente gestión" en las residencias madrileñas comenzaron a encontrar cobijo en los juzgados, que ya han ordenado diligencias de investigación.