El apogeo de la gig economy o economía colaborativa, ha traído consigo un nuevo mercado laboral, donde las formas de contratación convencionales parecen haber quedado obsoletas, en pro de trabajos "flexibles" e inéditos hasta la fecha. Esta nueva flexibilidad laboral, propuesta por grandes empresas como Uber, Cabify, Glovo o Deliveroo -todas ellas ligadas al sector servicios-, ha traído consigo un detrimento de los derechos sociales de las clases trabajadoras. Por ello, la Comisión Europea, consciente de la cada vez mayor movilidad social, ha propuesto una directiva comunitaria para "dar protección" y poner fin a la creciente figura del falso autónomo.

En su escrito, la propia UE reconoce que la situación de los trabajadores de este tipo de empresas "se sitúa en unos marcos jurídicos inadecuados" y advierte que cerca de seis millones de personas están sujetos a contratos laborales "poco claros e intermitentes". Así, el objetivo primordial de esta directiva europea es "promover un empleo que ofrezca una seguridad y una previsibilidad mayores" y "crear nuevos derechos mínimos" que se ajusten a los nuevos tiempos.

"Cada vez son más las personas que se encuentran en riesgo de dejar de estar cubiertas por derechos fundamentales, empezando por el derecho a conocer las condiciones en las que trabajan. Una mayor transparencia y previsibilidad beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas", explicaba Marianne Thyssen, comisaria de Empleo de la UE.

Sin embargo, Deliveroo parece no estar muy de acuerdo con las propuestas de Europa. Tanto es así, que la multinacional ha advertido a la Comisión que, de aplicarse las medidas anunciadas, dejará de crear "54.000 empleos nuevos" en los próximos dos años. Además, argumenta que las intenciones de limitar la "flexibilidad laboral" ofertada por la gig economy, también podría tener efectos negativos en el sector de la restauración, en referencia a los múltiples restaurantes que se nutren de los servicios de reparto de Deliveroo.

Pero, ¿de qué tipo de empleo habla la empresa? "Deliveroo no contrata a sus repartidores ni cotiza a la Seguridad Social por ellos. Resulta una incongruencia que diga que, si se reconocen sus derechos, desaparecerán empleos, cuando se escudan, precisamente en que los riders no son empleados", explica a Público el profesor de Derecho del Trabajo y experto en economía colaborativa Adrián Todolí.

Lo cierto es que cada vez existen más informes que denuncian la precariedad laboral ofertada por los gigantes de la economía colaborativa. No sólo por los bajos salarios y la inestabilidad personal que generan en los trabajadores, sino también por la desprotección ante enfermedades, accidentes o situaciones de acoso y mooving. "No merece la pena que alcancemos un pleno empleo si este no garantiza que los trabajadores puedan llegar a fin de mes", denuncia Todolí.

Pese a las dificultades, los trabajadores de Deliveroo y Glovo – a menudo pluriempleados que ofrecen sus servicios para ambas empresas- han conseguido organizarse en asociaciones locales para proteger sus derechos, convocar jornadas de huelga, visibilizar su lucha y denunciar ante los tribunales la irregularidad de sus trabajos. Algunos, incluso han decidido dejar de lado a la empresa para montar su propia cooperativa de reparto .

Inspección de Trabajo da la razón a los riders

La directiva de la UE no es la primera traba que una institución pone a Deliveroo para el desarrollo de sus actividades. En España, el pasado mes de diciembre una Inspección de Trabajo determinó que "la relación civil que la empresa pretende crear esconde una relación laboral". En otras palabras: los repartidores son asalariados aunque en sus contratos se rubrique que se bregan como trabajadores por cuenta propia.

Además la Inspección, que reconocía en su escrito que Deliveroo estaba utilizando a los riders como falsos autónomos, ha pedido que la empresa pague 160.814,9 euros por las cotizaciones sociales que se venían ahorrando. No obstante, este revés, que llegó por las denuncias de algunos trabajadores en Valencia, no es definitivo, ya que la multinacional de reparto presentará su recurso, ralentizando el cumplimiento de lo solicitado por los inspectores de Trabajo.

Para los propios repartidores, así como para sindicatos y expertos, la solución que pondría fin a estas prácticas sólo puede emanar directamente del Gobierno. Además, hay que tener en cuenta que las directivas planteadas en Europa sólo pueden servir de guía legislativa a los ejecutivos del eurogrupo, ya que "el tema laboral recae prácticamente por completo sobre las legislaciones nacionales", señala Adrían Todolí a este diario.