"Tal vez lo más duro que viví cuando llegué a España hace dos años fue darme cuenta que de la noche a la mañana había dejado de ser una persona con derechos y con una profesión, para pasar a ser una inmigrante". María (nombre ficticio) aterrizó en Bilbao en 2018 con la idea de que sería sencillo encontrar un trabajo digno en nuestro país. Así se lo había afirmado la única compatriota que conocía en España. Enfermera de profesión en su Nicaragua natal, sabía de la necesidad que existe en nuestro país en materia de cuidados y pensó que con su experiencia y con sus conocimientos podría trabajar durante un tiempo para asegurarle una educación a su hijo (hoy de seis años), aportar a la economía familiar para construir una casa y apoyar a su hermana en los estudios de medicina.

La suya no fue una decisión individual. Como ocurre con la mayoría de mujeres migrantes que llegan a nuestro país en busca de una vida más digna, su marcha se decidió en familia. Su madre, también enfermera, tomaría las riendas en el cuidado de su hijo y su pareja se quedaría en su trabajo en una gasolinera por el que ingresa alrededor de 150 euros mensuales. 

"Cuando llegué a España pasé cinco meses muy duros intentando colocarme. No fue nada sencillo", explica María. Por fin, a través de la asociación Nicaragüita consiguió lo que creía que sería un empleo decente. Viajó de Bilbao a un caserío en Morón de la Frontera (Sevilla) para cuidar a una pareja de ancianos. Con su formación y experiencia pensó que el trabajo encajaba como anillo al dedo, pero no fue así. "Trabajaba como interna de lunes a lunes sin derecho a ninguna libranza. Por las noches tenía que levantarme cada dos horas a mover al señor en la cama para que no le salieran escaras. No dormía nada. Me ocupaba de la casa, de cuidar al matrimonio, de los perros... y por eso me pagaban 700 euros. La mujer me trataba sin ningún respeto. Se refería a mí como la inmigrante y me decía que no tenia derechos. Así que al año decidí marcharme".

Una decisión difícil, explica, porque la dejaba sin medios de subsistencia, sin posibilidad de enviar dinero a su familia y tremendamente vulnerable. 

Lo que relata esta nicaragüense en su treintena, es una historia común a miles de mujeres que llegan a España en busca un empleo digno que les permita mejorar la calidad de vida de sus hijos y de sus familia y cubrir una necesidad social de los cuidados en España, pero que chocan con una realidad muy distinta que todas describen como un shock.  

El primer golpe es que el trabajo no es tal y que de la noche a la mañana pasan de ser personas a ser inmigrantes. Una subcategoría en la que pierden la propiedad de ser individuos con derechos, con historia, con necesidades y con anhelos. El segundo shock es que la imposibilidad de tener papeles, es decir alguna forma legal de estar y trabajar en España, las obliga a mantenerse durante años en la economía sumergida, un limbo en el que cabe todo tipo de abusos y que las deja sin ninguna herramienta para defenderse.

Si bien esta situación no es nueva, desde el sector afirman que se ha visto agravada con la crisis económica y que se profundizó con la pandemia del coronavirus. "Desde la crisis del 2008 lo que hemos constatado es que la demanda por este tipo de trabajadoras no ha disminuido, sino que se ha transformado. Se pide cada vez más que las trabajadoras sean internas y hemos visto un descenso generalizado de los sueldos y de las condiciones laborales. Es decir, interna significa poder pagar menos y tener una persona disponible las 24 horas del día. Ante la desesperación, las mujeres están aceptando la oferta que llegue. Estamos viendo que cada vez con más frecuencia se ofrecen salarios más bajos e incluso ningún salario en absoluto", explica Carolina Elías, presidenta de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). 

A pesar de que no existen datos oficiales debido al alto índice de trabajo sumergido, el sector estima que en la actualidad un 49% de las trabajadoras del hogar se emplea como interna, es decir, casi la mitad del total. El otro 51% lo forman las que trabajan por horas y las que lo hacen a jornada completa como externas. 

Se estima también que en nuestro país hay unas 600.000 trabajadoras del hogar y de los cuidados y que de éstas un 40% está en la economía sumergida. Por eso un altísimo índice de estas trabajadoras no han podido acceder a las subvenciones especiales anunciadas por el Gobierno tras decretar el estado de alarma. Un amplio número no cumplían el requisito de estar contratada y dada de alta en la Seguridad Social. 

El sector denuncia cada vez son más habituales anuncios en los que en lugar de un empleo se ofrece un trueque: cuidar a ancianos a cambio de cama y comida. "Esto supone tener a una mujer allí metida trabajando sin poder salir porque no puede dejar sola a una persona mayor, pero sin sueldo. Son impresionante las ofertas que estamos viendo", afirma Elías.

Las asociaciones de empleadas del hogar afirman que muchas mujeres acaban aceptando trabajos abusivos porque no tienen otra opción. Porque al menos así tienen donde dormir y en muchos casos la esperanza de regularizar su situación y salir del agujero. Relatan que se ven atrapadas en situaciones circulares en las que no encuentran salidas. Sin papeles es muy difícil optar a trabajos decentes, pero la única forma de obtener papeles es tener un trabajo, poder empadronarse en un domicilio y esperar tres años para poder iniciar los trámites para legalizar su situación. Un sistema descrito por muchas en el sector como una pescadilla que se muerde la cola y que contribuye a la vulneración de todos los derechos laborales y humanos. 

Esto también ocurre con la formación. Para trabajar con personas mayores es necesario hacer un curso de especialización. Muchas comunidades autónomas ofrecen cursos este tipo, pero sólo a aquellas personas que ya estén legales en nuestro país, por lo que si no tienes papeles es difícil encontrar trabajo. 

"Existen proyectos financiados por entidades públicas y que desarrollan ONG, pero que obligan a dar asesoría jurídica, asesoría sociolaboral y psicológica sólo a mujeres que tengan NIE (es decir que estén legales) y que no sean de la europea comunitaria. Por tanto dejan fuera a las que no tienen papeles, a las europeas, a las de origen extranjero ya nacionalizadas, a las españolas... Es decir, un recurso que podría servir al conjunto de la población y que podría ser muy útil para las recién llegadas que necesitan esa primera orientación, pero las excluye", comenta Elías a Público.

"Yo tengo dos títulos", afirma María. "Soy enfermera y analista de muestras de laboratorio, pero no puedo convalidar mis títulos porque no tengo papeles". La propia Elias relata que a pesar de tener el título de abogada en su país, un master por la Universidad Complutense de Madrid en estudios de género e igualdad y estar cursando un doctorado en la Autónoma de Madrid, el único trabajo que le ofrecían y al que podría acceder era limpiar casas, cuidar a niños o personas mayores.

Una ley de extranjería perversa

Perpetuar la situación de ilegalidad no sólo tiene consecuencias nefastas para las propias trabajadoras, sino que supone una pérdida de recursos para el propio Estado, afirman las asociaciones de defensa de las empleadas del hogar. Una situación en la que todos pierden. Por eso este sector forma parte de la plataforma RegularizaciónYa, que en junio pasado registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que exige abrir un proceso de regularización de forma inmediata. Argumentan que, tal como quedó de manifiesto durante el estado de alarma para atajar la pandemia, las personas migrantes sin documentos constituyen la mayor parte de mano de obra de trabajos esenciales.

"Lo que denunciamos desde las asociaciones es que tenemos una ley de extranjería perversa que obliga a pasar al menos tres años viviendo y trabajando en la economía sumergida, en la invisibilidad, sin derechos y que a partir de ahí ya puedes optar a hacer los papeles". Esta falta de derechos en un campo abonado también para los abusos sexuales que ejercen empleadores y que son difícilmente denunciables. 

"Esto significa que el Estado pierde y la Seguridad Social pierde porque deja de ingresar las cuotas de estas empleadas, lo que a ellas les permitiría también ganar derechos. Pero esto no pasa y muchos empleadores prefieren buscar a trabajadoras recién llegadas para ahorrar dinero a costa de las empleadas", abunda Elías.

Estas son situaciones que no son nuevas, pero que con el coronavirus se conocen mucho más. "Estar de forma irregular y que no podamos hacer nuestros papeles nos viene pasando una gran factura a nuestra calidad de vida. Muchas incluso se quedan en las casas sin salario o en condiciones de esclavitud por el simple hecho de que sus empleadores les ofrecen empadronarlas en la casa. Porque estar empadronada es la única forma de hacer constar que estás residiendo en España y la única manera de demostrar los tres años de permanencia en el país. 'Te voy a hacer el favor', le dicen incluso los empleadores a la trabajadora. O la tienen con la cantaleta de que le van a hacer los papeles que nunca llegan y en el medio les exigen más y más. Eso es lo peor. Es un chantaje terrible y lo aguantan porque no queda otra", afirman desde SEDOAC.

Pero la necesidad que tiene España y la sociedad en general de los cuidados sigue estando ahí, y por eso la mano de obra migrante se ha visto como una solución, afirman las asociaciones de empleadas del hogar, que ya antes de la pandemia hablaban de la crisis de los cuidados y pedían medidas drásticas.  Entendemos que este es un trabajo importante, pero tal como está configurado el perfil del empleo del hogar nos atraviesa esa ley de extranjería que lo único que hace es criminalizarnos.

Miedo a la expulsión

La inseguridad y vulnerabilidad de estas trabajadoras no sólo se restringe a las condiciones laborales. No tener papeles que regularicen su situación permite, además, que sean multadas o expulsadas del país, internadas en centros de detención de extranjeros (CIE) y objetivos de persecución policial.

Desde las asociaciones denuncian que tras el estado de alarma se reabrieron los CIEs y se ha registrado un notable incremento de policías y fuerzas de seguridad tanto dentro como fuera de las estaciones de metro, incluso con efectivos de paisano, que piden la documentación a personas racializadas. Denuncian redadas racistas, que expone a estas trabajadoras a pagar una multa de 601 euros por no tener papeles o recluidas en un CIE hasta ser expulsadas.

"Esto es una tortura. Somos personas tratadas como criminales, y el único delito ha sido buscar una vida mejor y llenar una necesidad que tienen la sociedad aquí", afirma Elías. 

Recuerda que estas trabajadoras están cubriendo una necesidad que no está garantizada por el Estado y que durante la pandemia esta vulnerabilidad del sistema de cuidados en España ha quedado al descubierto y se consideró como sector especial durante el estado de alarma. 

Entienden que no es posible hacer papeles a todas las personas que pongan un pie en nuestro país. Por eso piden que en un primer momento se proceda a regularizar de forma inmediata a la población migrante que ya está en nuestro país y que lleva un tiempo ilegal. También piden que se busquen otras formas de abordar este tema. Tal vez con un modelo similar al que se utiliza en Estados Unidos, que permite a los trabajadores migrantes aportar a la seguridad social y tener derechos mientras se tramita el permiso de residencia.

Otro problema que piden atajar es el de la llamada irregularidad sobrevenida, por la que si pierdes el empleo pierdes también la posibilidad de permanecer en España. En este sentido apuestan porque no haya una dependencia entre el contrato de trabajo y el permiso de residencia. "Esto es una pescadilla que se muerde la cola: para poder trabajar en un empleo legal necesito tener papeles. Pero para tener papeles tengo que tener un contrato. ¿En qué momento juntamos las dos cosas?", se pregunta Elías.